Con la venia de Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa tendrá solo cinco semanas para aprobar el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) antes de chocar contra la segunda ronda electoral.
“El que la Sala irresponsablemente haya dado el OK, pone en aprietos al PLN (…) Quien tiene la mayor responsabilidad política, en este momento, del proyecto de Empleo Público, es Liberación Nacional. La fracción está mandando una señal de cara al 3 de abril, máxime si lo votan antes, que sería efectivamente el gesto de ir contra los trabajadores del sector público. Los trabajadores del sector público tendrán un dato más para delimitar o definir cómo van a votar”, afirmó en entrevista Jorge Coronado, sociólogo y vocero del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco).
El liberacionista José María Figueres apoya la aprobación del proyecto. Rodrigo Chaves de Progreso Social Democrático no respondió preguntas tramitadas por UNIVERSIDAD con su asesor de prensa, Esteban Vargas (aunque su futura diputada, Pilar Cisneros, sí avaló la aprobación del proyecto durante la campaña).
“A quién le tocaría operativizar el proyecto en todas sus dimensiones, es al siguiente Gobierno. Es una ‘papa caliente’ porque, efectivamente, hay que preparar al Ministerio de Planificación (Mideplan) y ver si tiene las condiciones para asumir al sector público”, dijo también Coronado.
“Si la actual fracción liberacionista insiste y vota por Empleo Público, se disparan por el pie”, secretario de ANEP, Albino Vargas
Bussco es una de 11 agrupaciones sindicales que pidieron a los candidatos, en primera ronda, frenar al proyecto de Empleo Público “hasta que asumiera el nuevo Gobierno en mayo y que, a partir de ahí, se hiciera una mesa de negociación” para otra versión.
En esta versión la rectoría de la planilla pública (maestros, policías, jueces, empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, municipalidades y otras autónomas) evitaría recaer sobre los hombros del Poder Ejecutivo, en tanto la “Rectoría de Mideplan (es) autoritaria, verticalista, impositiva, antidemocrática”.
La semana pasada, la Sala IV avaló esa rectoría en un voto mayoritario, aún cuando dos magistradas sí señalaron una eventual inconstitucionalidad con el tema. La resolución llegaría a la Asamblea a finales de este mes, para que los diputados procedan con el segundo debate con al menos 22 votos asegurados, según un sondeo de UNIVERSIDAD.
Pero esto ocurriría en medio de la incertidumbre presidencial.
El 3 de abril es un parteaguas para el plan creado por el gobierno de Carlos Alvarado.
Dado que se tendrá que aplicar con otro partido en el Ejecutivo, los rivales presidenciales del PLN y Progreso Social Democrático reciben presión de sus votantes, alrededor de 280 mil trabajadores públicos. Un segmento que representa el 15% de los votos válidos en la primera ronda.
“Si la actual fracción liberacionista insiste y vota por Empleo Público, se disparan por el pie. Nosotros impulsamos la campaña ‘Pasar Factura’, con un gran éxito. El grueso del personal del sector público, en nuestro criterio, tuvo que ver en la desaparición del Partido Acción Ciudadana (PAC), por ejemplo”, afirmó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Vargas admite que su campaña política fue únicamente aplicada al ámbito presidencial, para sacar de la segunda ronda al PAC, Restauración Nacional, Nueva República, la Unidad Socialcristiana. Solo estos dos últimos partidos lograron diputados en el congreso.
“Yo creo que el proyecto se está desinflando en este parlamento. En realidad, todos los proyectos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se desinflaron. No hay ninguno aprobado. Nos asustaron con el coco y no nos comió. Hubo una gran manipulación de Carlos Alvarado, era un chantaje político y emocional”, afirmó Vargas.
“Las fuerzas políticas se mueven y por eso está metido en una especie de congelador. Hay un cálculo político y electoral. Lo ponen más lerdo en el trámite porque, obviamente, Chaves y Figueres hacen sus cálculos políticos en las bancadas actuales y las que van a venir. Obviamente, los partidos de la Asamblea hacen sus cálculos, esto tiene un costo político: ahora o después”, aseguró Juan Carlos Durán, dirigente del Sifup, un sindicato de la Central del Movimiento de Trabajadores que también firma la carta en contra del plan de Empleo Público.
PLN: Figueres a favor, 7 diputados no se sabe
En declaraciones enviadas por su asesora, Angie López, el candidato José María Figueres reiteró su apoyo al proyecto, como lo afirma en su programa de gobierno y lo sostuvo en la primera campaña electoral.
“La aprobación definitiva de la Ley de Empleo Público es clave. También las medidas que reduzcan la evasión y la elusión y que hagan más justo y progresivo el sistema tributario”, dicen las declaraciones enviadas por Figueres.
López confirmó que Figueres mantiene comunicación con la actual fracción del PLN, de 17 legisladores. De ese grupo, al menos 10 están seguros de darle el “sí” al proyecto. Este miércoles el candidato se reunirá con el bloque legislativo actual.
Pese a esto, son siete los liberacionistas que evitan el tema.
En este grupo figuran las cabezas de la fracción, la jefa María José Corrales y el subjefe David Gourzong, a quienes se les intentó contactar desde el lunes 14 de febrero a sus celulares y vía sus asesores legislativos, con tal de conocer cómo votarán en el segundo debate.
A Corrales también se le consultó sobre si opina que el proyecto de Empleo Público es o no un tema electoral y por la ausencia de un proyecto que se planteó como un parche para los salarios de los educadores del Ministerio de Educación Pública.
“Obviamente, los partidos de la Asamblea hacen sus cálculos, esto tiene un costo político: ahora o después”, dirigente de SIFUP, Juan Carlos Durán
Al cierre de este artículo, la jefa del PLN evadió responder las preguntas enviadas a sus asesores Guillermo Solano y Rocío Álvarez.
También se persiguió respuesta del resto de fracciones y diputaciones independientes. Un total de 25 legisladores evitaron el sondeo. De los 32 que respondieron, solamente nueve estarían en contra y una indecisa (María Vita Monge del PUSC).
Con esta incertidumbre ni siquiera se puede afirmar que el proyecto contaría con quórum de 38 votos, mucho menos tendría los votos para esa misma mayoría calificada.
No obstante, el congreso ignora con cuántos legisladores tendrá que sesionar para poder pasar la gran reforma al sector público y Mideplan.
Según confirmó la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández (uno de los votos afirmativos del PLN), el congreso espera el “fallo integral de la Sala para revisar los considerados contemplados, ya que la votación fue parte de la consulta”.
