Silvia Arce Meneses, la jueza que pidió se abriese una investigación contra quienes integran la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, presentó un recurso de reconsideración luego de que la Corte Plena rechazara esa gestión pues por mayoría se consideró que no estaba legitimada para plantearla.
“Como ciudadana y como contribuyente al erario, tengo toda la legitimidad para solicitar investigación de los magistrados y magistradas titulares de Sala Segunda, que presentan grave atraso en el dictado de sentencias, o en el cumplimiento de su responsabilidad constitucional esencial”, se lee en el nuevo alegato de Arce Meneses.
En su planteamiento original, con fecha del 15 de febrero, esa funcionaria entre otras cosas aportó listas de expedientes que llevan varios años a la espera de resolución, cuando por ejemplo el artículo 593 del Código de Trabajo establece que “recibido el expediente por el órgano de casación, si no fuera del caso declarar la inadmisibilidad del recurso, se dictará sentencia dentro del mes siguiente”.
Jueza pide una investigación disciplinaria contra magistrados de Sala II por atraso de expedientes laborales y familiares
Algunos casos suman hasta mil días a la espera de ser resueltos ante ese tribunal, que ve temas laborales, de familia y civiles.
Sin embargo, en sesión del 26 de febrero en Corte Plena se decidió que la jueza no tenía legitimación para pedir es investigación, a pesar de que el criterio que se había solicitado al respecto a la Dirección Jurídica del Poder Judicial más bien había aclarado que la funcionaria sí estaba legitimada.
Presidente de Sala II responde que se han “acortado significativamente” sus tiempos de trabajo, tras denuncia de jueza por atrasos
Porfirio Sánchez reconoce el problema de casos atrasados, en su caso más de 800, pero sostiene que se debe a un vertiginoso aumento a causa de la entrada en vigencia del Código Procesal Laboral y el Código Procesal Civil.
En el ínterin, el magistrado presidente de la Sala II, Porfirio Sánchez, concedió una entrevista a UNIVERSIDAD en la que buscó salir a paso de lo denunciado por la jueza y entre otras cosas argumentó que ese tribunal ha disminuido sus “tiempos de trabajo”.
Corte Plena rechazó solicitud de jueza para que se investigara a magistrados por lista de espera de casos en Sala II
Por mayoría magistrados y magistradas decidieron apartarse del criterio de su propia asesoría jurídica y consideraron que la jueza Silvia Arce no estaba legitimada para solicitar la investigación.
En su nuevo escrito, la jueza destacó el criterio de la Dirección Jurídica y además subrayó que su legitimación para pedir la investigación disciplinaria se fundamenta, además de en su calidad de ciudadana y contribuyente, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Iberoamericana de Ética Judicial; la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento; así como en una sentencia de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Sobre el trabajo de la Sala II, dijo que en ese tribunal la administración de justicia “se retrasa groseramente”, en “franca contravención” del citado artículo 593 del Código de Trabajo.
“El mayor porcentaje de los juicios que llegan a ese órgano, son del derecho del trabajo y de la seguridad social. Como habitante de este país, aprecio una costumbre arraigada e indiferente de la Sala Segunda, de violar una ley procesal de orden público (artículos 11 y 14 del Código Laboral), de vulnerar derechos constitucionales (consagrados en los artículos 40, 41, 50, 70, 71 y 74) y de provocar gastos desmesurados al aparato estatal, a cuyo financiamiento colaboro como contribuyente de la hacienda pública”.
Al respecto, adjuntó información que obtuvo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, según la cual “sólo en salarios de los cinco magistrados de Sala Segunda, el Estado paga mensualmente más de cuarenta y dos millones ochocientos mil colones”.
“Tales números -añadió Arce- son incomprensibles en una país que presenta un 20% de la población nacional en pobreza, y de ese porcentaje, muchísimos hogares jefeados por mujeres y adultos mayores en pobreza extrema”.
Insistió en que un atraso de dos, tres, o cuatro años en la “tarea esencial de administrar justicia”, que al fin y al cabo “es la razón de creación de esos cargos”, torna “totalmente arbitrario el pago de esos montos, por parte de un Estado azotado hace bastante años por el déficit fiscal, lo que ha sometido a gran parte de su población a la pobreza, el desmejoramiento de la educación pública, la inseguridad, la falta de inversión de recursos para programas de acción social y los flagelos del narcotráfico, el narcolavado y el sicariato”.
Tras apuntar que el presupuesto de la Sala II también incluye los salarios de 27 letrados y seis choferes, Arce Meneses recordó también que el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública “dispone que es una infracción al deber de probidad, la omisión del servidor público de orientar su gestión a la satisfacción del bien común”.
Así, aseveró que “los miembros integrantes de un órgano jurisdiccional, así sea una sala de casación, que no cumplen el plazo legalmente establecido para cumplir sus tareas prioritarias, pese a la generosa inversión de dineros públicos en el funcionamiento de tal, definitivamente están violando del deber de probidad y por conexidad, incurriendo en actos de corrupción”.
La funcionaria judicial también se refirió a la mencionada entrevista que el magistrado Porfirio Sánchez ofreció a UNIVERSIDAD. Dijo al respecto que el Presidente de la Sala II aludió a “contratiempos que todos los órganos jurisdiccionales del país soportan: exceso de juicios, falta o fuga de personal, reformas legales, etc. La diferencia es que sólo los magistrados y magistradas cuentan con letrados o abogados asistentes, secretarios y choferes. Los demás jueces de la República no tienen ninguno de esos recursos o privilegios”.
“Si a lo anterior se suma que los cinco magistrados y magistradas de Sala Segunda integran como funcionarios administrativos comisiones y/u órganos (Sánchez Rodríguez 22, Aguirre Gómez 9, Varela Araya 8, Chacón Artavia 12 y Olaso Álvarez 15) se concluye válidamente que tardan 4, 3 o 2 años en dictar sentencias, porque no se dedican prioritariamente a esa tarea”, afirmó.
Entre otras consideraciones, añadió que como jueza de primera instancia, “por más de 29 años he atendido cara a cara ciudadanos de este país, inmigrantes con irregular situación legal, menores de edad, mujeres abusadas sexualmente en sus centros de trabajo, adultos mayores, personas con diferentes discapacidades y en general, trabajadores de los sectores público y privado de empleo a los que por años, no se les han pagado sueldos completos ni por conexidad, los montos legales de vacaciones y aguinaldos y las cuotas de seguridad social”.
Lamentó así que “algunos mueren sin haber visto la finalización por sentencia de sus juicios. Yo siento profunda admiración por estos seres humanos. Son estoicos y pese a todo, aún acuden a las vías de derecho para intentar una reparación a los agravios que han sufrido. Y pagan mi salario”.
Luego de esa consideración apuntó que “los magistrados y magistradas de Sala Segunda olvidan que sus patronos, quienes pagan sus sueldos y financian los otros beneficios que disfrutan, son todos los habitantes de este país. Luego, les deben una prestación de servicio pronto, cumplido y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico. Pero no se las han brindado por años”.
