Por iniciativa de su despacho, el magistrado Luis Porfirio Sánchez, presidente de la Sala Segunda, ofreció una entrevista a UNIVERSIDAD en la que se refirió al volumen del circulante o casos pendientes que maneja ese tribunal, problema que atribuyó principalmente a las reformas al Código Procesal Laboral y al Código Procesal Civil, luego de que una jueza pidiera investigar a los magistrados de esta sala por los atrasos en la resolución de expedientes.
De acuerdo con el Observatorio Judicial, esa Sala cerró el 2023 con un total de 2.076 expedientes activos en materia de familia y 12.745 en materia laboral. Se trata de temas que casi por definición tienen que ver con poblaciones en diversos niveles de vulnerabilidad.
El tema ha cobrado vigencia luego de que la jueza, Silvia Arce Meneses, solicitara en febrero una investigación contra todos los magistrados y magistradas de la Sala Segunda, ante el atraso en el trámite de los expedientes en ese tribunal, que, según denunció, en algunos casos suman hasta mil días a la espera de ser finiquitados.
Jueza pide una investigación disciplinaria contra magistrados de Sala II por atraso de expedientes laborales y familiares
Algunos casos suman hasta mil días a la espera de ser resueltos ante ese tribunal, que ve temas laborales, de familia y civiles.
Sánchez en específico se refirió al impacto generado tras la aprobación de la Reforma Procesal Laboral, que entró en vigencia en julio de 2017. “El circulante inicial de la Sala en 2016 son 399 asuntos; en el 2017, 539; en el 2018, 1.487; en el 2019 2.872; en el 2020, 4.192; en el 2021, 4.970; en el 2022, 5.180 y en el 2023 ya reduce un poco el ingreso de asuntos a la Sala a 4.703”.
Además, llamó la atención a que ese tribunal “siempre con el mismo personal” incrementó el número de resoluciones y la cantidad de expedientes terminados pasó de 1.399 en 2016 a 3.240 el año pasado.
“En 2018 viene la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, viene la regla fiscal y el Poder Judicial no puede crecer en plazas de ninguna naturaleza, pero sigue y sigue entrando una gran cantidad de procesos, entonces nosotros, si ustedes observan, en los últimos años ya cuando se llega al pico de 5.180 expedientes, nosotros incrementamos la producción con el mismo personal”, apuntó Sánchez.
Detalló respecto de la Reforma Procesal Laboral, que “vino a acelerar el procedimiento en primera instancia”, pues eliminó una etapa del proceso. Explicó que antes de esa reforma, el recurso de apelación era conocido por un tribunal superior y posteriormente el recurso de casación era el que llegaba a la Sala II, de manera que ese tribunal de superior funcionaba como “un filtro, no todas las sentencias del Tribunal superior venían a la Sala”.
Pero con la reforma todos los procesos de mayor cuantía (superiores a ₡15 millones) deben ser vistos en la Sala II, así como los de cuantía inestimable, que según detalló tienen que ver con materia de discriminación, los procesos de nulidad de despido.
“Lo que pasa es que hoy en día las cuantías de ₡15 millones realmente ya se queda corto”, como parámetro de mayor cuantía, con lo cual aumenta el número de casos para la Sala II.
“Esto implica que la Sala ha asumido una cantidad de expedientes adicional y en eso se está tratando de trabajar ahora, en una reforma a la reforma procesal laboral”, informó.
Por otra parte, indicó que la reforma al Código Procesal Civil implicó que la Sala II debió asumir una función que anteriormente recaía sobre la Sala I, el trámite de los llamados exequátur, procesos de autorización o reconocimiento para posibilitar el cumplimiento de fallos o resoluciones dictadas en el exterior, como divorcios.
Ante la pregunta de cuánto peso tiene esa nueva tarea dentro de todo el volumen de circulante de la Sala II, Sánchez indicó que la reforma implicó que en 2018 entraron más de 300 asuntos de ese tipo, “de hecho que en aquel momento solo teníamos a una persona, un técnico judicial, que era el que hacía la carátula, los incorporaba y los tramitaba”.
Por esas razones, dijo que durante su gestión (iniciada en 2022 tras la elección de su antecesor Orlando Aguirre como presidente de la Corte Suprema de Justicia) se ha llevado a cabo un proceso de “rediseño” en que se busca aligerar los procesos de trabajo de esos caso y se prioriza los expedientes más viejos.
Sobre ese tema, una de las causas para los atrasos, además de las mencionadas reformas, es el hecho de que el trámite de los expedientes se suspende cuando se presenta ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala Segunda.
En esos casos, “la Sala II no lo puede resolver, el proceso se suspende” y se reactiva hasta que la Sala IV resuelva y entonces se vuelve a activar el proceso. “Estamos hablando de una cantidad muy importante de expedientes, en muchos casos son de cientos de expedientes”, apuntó.
El magistrado insistió en subrayar que “en los últimos dos años hemos reducido el circulante en poco más de 1000 expedientes, entonces venimos reduciendo circulantes y venimos acortando los plazos”.
Añadió, respecto de la propuesta legal que propone, que “sin duda es necesario pensar en una reforma al recurso de casación, porque como está hoy en día para mí no está funcionando debidamente, la Sala (II) se convierte en un órgano de segunda instancia a nivel nacional y esto produce que esta gran cantidad de procesos vengan a la Sala cuando son de mayor cuantía, que son la gran mayoría de procesos, y no a los tribunales de apelaciones”.
«Un circulante importante»
También informó que se ha girado la instrucción de dar “prioridad número uno” a procesos que tiene que ver con temas como pensiones, que tienen que ver con las necesidades de la población más vulnerable, pero “es importante que quede claro que eso no es de ahora, lo veníamos haciendo hace tiempo, lo que pasa es que en esos picos de ingreso a la Sala, es incontrolable la cantidad”.
Se le preguntó al Magistrado por el hecho de que en la información pública consta que se mantienen pendientes expedientes bastante viejos, como de 2009 o 2010, que anteceden por muchos años a las reformas legales mencionadas.
Al respecto expresó que “a partir de que asumimos la Comisión de la Jurisdicción Laboral comenzamos a darle atención a los expedientes viejos que están tramitándose, no sólo en la Sala, sino que se están tramitando en la jurisdicción en los diferentes despachos”.
Informó así que se lleva un control mensual de qué expedientes están en trámite y que se ha ordenado dar prioridad a los expedientes anteriores a 2017 en los juzgados.
Sin embargo, señaló que “en muchas ocasiones, sobre un expediente se dicta sentencia, va al tribunal o va a la Sala y se anulan por diferentes vicios procesales, tiene que regresar nuevamente a primera instancia y cumplirse nuevamente con el trámite. Son situaciones de legalidad que no podemos evitar”.
De acuerdo con información disponible en el sitio web de la Sala II, el despacho de Sánchez suma 867 expedientes en trámite, al 5 de marzo. Cuando se le pregunto al respecto, dijo que esa información del sitio presenta “datos que son incongruentes de expedientes que están suspendidos y que aparecen ahí como expedientes que están activos”.
No obstante, indicó que “en mi despacho puede haber ahorita, no sé, 860 expedientes, cada uno de los despachos tenemos un circulante importante”.
Al respecto, aportó datos del más reciente informe de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, según los cuales entre 2018 y 2023 produjo “2.637 votos con un promedio mensual de 440, solo me supera la oficina de don Orlando (Aguirre)”.
También mencionó que desde que la ocupa, también se ha dado “un brinco” en los asuntos resueltos desde la Presidencia de esa Sala.
Además destacó que se ha implementado un sistema de votación electrónica que según afirmó ha reducido en seis meses el trámite de algunos expedientes, así como el uso de papel.
Explicó que “los plazos se han acortado significativamente en la gestión de la Sala”, pero admitió que “todavía faltan muchas cosas, tenemos que continuar con la política de asuntos más antiguos de la Sala, es una obligación nuestra, pero todos aquí en la Sala están haciendo un esfuerzo muy adicional, con la finalidad de procurar por lo menos resolver en tiempos relativamente razonables”.
Finalmente se le preguntó por el impacto de la Ley Marco de Empleo Púbico y la reforma fiscal en la fuga de personal que vive el Poder Judicial. Dijo que se trata de un tema “muy preocupante” no sólo la fuga de talentos, sino “¿qué personal vamos a contratar?”.
“Si usted ve las escalas salariales de lo que podía ganar un juez antes y lo que va a ganar ahora con el salario global, la diferencia es muy importante, se nos está haciendo muy difícil la contratación de personal de alta calidad en el Poder Judicial en general y la Sala (Segunda) no está exenta de esto”.
