En una comparecencia que tomó dos horas, el fiscal general Jorge Chavarría, afirmó que el documento de la desestimación de la causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por el delito de tráfico de influencias, tenía afirmaciones falsas “que deben investigarse”.
De esta forma, Chavarría volvió a trasladar responsabilidad al fiscal adjunto Ricky González, quien redactó el documento de la desestimación.
“Yo presenté la queja ante Inspección Judicial. Hay una afirmación falsa en la desestimación. Dice que solo hay comunicación entre diputados, mas no entre ellos y Bolaños. Llama la atención y tiene que investigarse”, dijo Chavarría ante los diputados de la comisión investigadora de créditos bancarios, en una sesión que se extendió hasta las 11:45 p.m.
Chavarría afirmó que, pese a los errores en la desestimación, los fundamentos para cerrar la investigación eran otros, y que el informe de llamadas entre los diputados y el empresario Juan Carlos Bolaños igual “no ayudaba a determinar nada”.
Sin embargo, el director del OIJ, Walter Espinoza, afirmó que la Policía Judicial recomendó analizar un periodo más amplio de contactos telefónicos entre los legisladores y Bolaños, y que además, sugirió que se solicitara un análisis de comunicaciones telefónicas del empresario cementero con Guido Marín, quien era funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Pese a esto, no obtuvo órdenes del OIJ para ampliar estas indagaciones.
“¿Por qué es que hasta que el director del OIJ anuncia y le cuenta al país y le manda una carta sobre esa desestimación, que usted le presta atención? (…) Desde enero del 2015 hasta enero del 2017 estuvo en su escritorio”, le dijo el diputado Ottón Solís.
Solís también cuestionó por qué Chavarría ordenó un procedimiento de investigación ante inspección judicial contra González y no así para su sustituta Berenice Smith, quien supervisó y firmó la desestimación.
Por su parte, el fiscal afirmó que las investigaciones “iban por buen camino” antes de ser suspendido por tres meses y que se trabajaba en colaboración con la Superintendencia de Entidades Financieras y la policía judicial en nueva evidencia.
“Hemos descubierto cosas interesantes en el BCR (…) El panorama del caso no es el que se ha venido dando. La Superintendencia tenía pendiente la valoración del deudor, salió un informe y ese informe está en discusión”, insistió Chavarría.
Chavarría fue suspendido luego de que UNIVERSIDAD diera a conocer que la Fiscalía descartó el informe de OIJ que revelaba contactos entre el empresario cementero y los diputados.
Bajo el mandato de Chavarría, la Fiscalía ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Incluso, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales recibió críticas por desestimar, en dos ocasiones, una investigación sobre el ingreso de $17 millones al Scotiabank Costa Rica, que, supuestamente, provenían del pago de sobornos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.
Los magistrados designaron a Emilia Navas como fiscala subrogante, quien sustituye a Chavarría durante su suspensión.
La comisión que investiga el caso del “Cementazo” interrogará mañana al director de la DIS, Mariano Figueres, a las 9 a.m., así como a cuatro magistrados de la Sala Tercera.
