Fiscalía ocultó pruebas que implicaban a diputados en ‘cementazo’

La Fiscalía General alteró conclusiones del OIJ que revelaban cientos de comunicaciones de Víctor Morales y Otto Guevara con Juan Carlos Bolaños.

La Fiscalía General de la República ocultó pruebas al pedir el cierre de una investigación contra los diputados Otto Guevara Güth (del Movimiento Libertario) y Víctor Morales Zapata (exlegislador del PAC y ahora independiente), quienes fueron denunciados por un supuesto tráfico de influencias para posibilitar la importación y comercialización de cemento chino.

La solicitud de desestimación la firmó el 30 de enero del 2017 la subjefa del Ministerio Público, Berenice Smith Bonilla, quien estaba supliendo por tres días al fiscal general, Jorge Chavarría, mientras este asistía a una sesión de trabajo en República Dominicana. La solicitud se presentó en la Sala Tercera el 14 de febrero de este año, cuando ya Chavarría estaba de regreso en Costa Rica.

Smith pidió la desestimación a pesar de que la Fiscalía contaba con un informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 14 de setiembre del 2015, a solicitud del fiscal general, Jorge Chavarría, donde se documentaban cientos de contactos telefónicos entre los legisladores denunciados y el empresario Juan Carlos Bolaños.

Ese análisis de comunicaciones fue puesto en conocimiento de Chavarría en el oficio 848-F-15-DM del OIJ. De hecho, el 19 de febrero del 2016, el fiscal general le pidió al investigador Natanael Gómez Salas que le adjuntara el informe 876-OPO/UAC/ART-2015, que contenía el detalle del registro de comunicaciones telefónicas.

Según el voto de desestimación, elaborado por la Sala Tercera, la fiscala indicó a los magistrados que los análisis efectuados por el OIJ sobre las comunicaciones telefónicas de Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y Juan Carlos Bolaños no habían evidenciado vínculos entre el empresario y los legisladores.

En el caso de Guevara solo se hizo alusión general a que, debido a su posición ideológica, tenía interés en la apertura del mercado de cemento.

Allí se señala que en el pedido de desestimación, firmado por la fiscala Smith, se indica textualmente que los análisis del OIJ: “refieren tráfico de llamadas entre los congresistas Guevara Güth y Morales Zapata, pero no así entre Juan Carlos Bolaños y Morales Zapata”.

Esto a pesar de que, por el contrario, el informe policial detalla que entre el 1º de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015 hubo 184 comunicaciones telefónicas entre Morales Zapata y Bolaños.

Las pesquisas del OIJ arrojaron además que hubo 608 contactos telefónicos entre el diputado Guevara y el empresario cementero.

Sin embargo, la Fiscalía alegó que en las pesquisas realizadas por el OIJ no existía “referencia probatoria alguna que se derive de la investigación que refleje un vínculo directo entre las personas que están siendo investigadas”.

Similar argumento fue usado por la fiscala Sussy Valverde Ávila, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), para pedir la desestimación de otra causa en la que por los mismos hechos se investigó al empresario Bolaños y al exlegislador Wálter Céspedes.

UNIVERSIDAD buscó al fiscal general y a la subrogante, pero no respondieron las llamadas telefónicas ni los mensajes enviados a sus celulares.

Se remitieron las consultas a Chavarría y Smith a través de la oficina de prensa del Ministerio Público, mediante la cual respondieron que se trató de una “interpretación incorrecta” de la prueba.

En el correo se alega que el “error” fue del fiscal adjunto de la Fiscalía General, Ricky González, que fue quien realizó el proyecto de desestimación y análisis de la prueba.

Además, se indica que, luego de que la situación fuese evidenciada por el director del OIJ, “el Fiscal General Jorge Chavarría procedió, la semana anterior, a solicitar la apertura de una investigación disciplinaria en la Inspección Judicial en contra del funcionario (González), para que en esa instancia se determine si existió alguna falta”, comunicó la institución.

González fue trasladado a la Unidad de Capacitación y Supervisión, donde realizará funciones académicas hasta que la investigación disciplinaria finalice.

La desestimación en la causa de los legisladores fue acogida por los magistrados de la Sala Penal Carlos Chinchilla Sandí, Jesús Ramírez, Doris Arias, Celso Gamboa y la suplente María Elena Gómez.

Cronología de hechos

A pedido del fiscal general

El estudio de las comunicaciones telefónicas del empresario Bolaños y los legisladores fue realizado por la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, en el informe 876-OPO/UAC/ART-2015, a solicitud del fiscal general, Jorge Chavarría, quien investigaba personalmente el caso porque a la Fiscalía General le corresponde llevar las causas en las que los imputados son miembros de los supremos poderes.

Chavarría había pedido al OIJ el 3 de agosto del 2015 secuestrar los registros telefónicos y elaborar un análisis sobre “el comportamiento y la frecuencia” de las comunicaciones sostenidas por los denunciados entre el 1º de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015.

Es decir, el fiscal general solicitó revisar las comunicaciones que se dieron entre los imputados durante los 14 meses anteriores a que la Fiscalía recibiera una denuncia anónima por supuesto tráfico de influencias de los diputados para facilitar la importación y venta de cemento traído desde China.

El OIJ analizó los registros de llamadas telefónicas y los mensajes de texto (SMS) enviados y recibidos por los denunciados.

Específicamente, el estudio reveló que, en ese periodo, Bolaños contactó al diputado Morales Zapata en 93 ocasiones; mientras que, el legislador también se comunicó 91 veces con el empresario.

En la denuncia anónima, también se mencionaba al exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Wálter Céspedes, porque, supuestamente, como asesor parlamentario, habría influido en su partido político para promover los cambios reglamentarios que permitieran importar el cemento.

La causa contra Céspedes se investigó en un expediente aparte (porque él no era miembro de supremos poderes), en la cual también figuraba como imputado Bolaños.

El informe del OIJ también reveló que entre Céspedes y Bolaños hubo 291 comunicaciones telefónicas en el periodo analizado.

No obstante, esa investigación también fue desestimada por el Juzgado Penal de Hacienda el 7 de marzo del 2017, ante la solicitud de la fiscala Sussy Valverde Ávila, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

En la solicitud de desestimación, la funcionaria Valverde argumentó: “no se extrae flujo de llamadas de comunicación alguna entre Morales Zapata y el encartado Juan Carlos Bolaños”.

Esa misma fiscala también solicitó desestimar otra denuncia anónima en relación con los mismos hechos, en la que se pedía investigar a Bolaños; al gerente del BCR, Mario Barrenechea; a su hijo Javier Barrenechea y a otros, por un supuesto tráfico de influencias para que se otorgaran millonarios créditos al empresario cementero.

 

“Incongruencia”

La contradicción entre la solicitud de desestimación que hizo la Fiscalía y las pruebas recabadas por agentes judiciales fueron puestas en evidencia por el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, en el oficio Nº 1172-DG-17 del 2 de octubre del 2017, que remitió al fiscal Chavarría, a Smith y a otros fiscales adjuntos.

En dicho oficio, el jefe policial señaló que existía una “incongruencia”, entre la solicitud de desestimación, el voto de la Sala Tercera y el informe de la Oficina de Planes y Operaciones, porque “la relación telefónica sí existió”, dice el oficio, el cual fue remitido a UNIVERSIDAD por fuentes cercanas a Fiscalía.

“Considero que las circunstancias descritas deben aclararse, que me encuentro obligado a comunicarlo para lo que corresponda (…) sin prejuzgar si las circunstancias descritas constituyen delito, toda vez que esa función no es labor de carácter policial; sin embargo, no podemos evadir la obligación de hacer patente la inconsistencia detectada”, dice el documento que el jefe del OIJ envió al fiscal general.

Este es parte del oficio enviado por el director del OIJ, Wálter Espinoza, al fiscal general, Jorge Chavarría, para evidenciar incongruencia entre solicitud de desestimación y prueba recabada por agentes judiciales. Reproducción.

UNIVERSIDAD intentó conversar con Espinoza sobre este oficio; no obstante, a través de la oficina de prensa comunicó que el asunto se encontraba en la Fiscalía y que no se referiría al tema.

Apenas un día después de que el director del OIJ enviara ese documento al fiscal general, el Ministerio Público solicitó a la Sala Tercera reabrir la causa seguida contra los diputados Guevara y Morales “ante el ingreso de nueva prueba”, según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El 4 de octubre del 2017, la Sala Tercera acogió la solicitud para reactivar el expediente que había sido desestimado.

La denuncia que había investigado la Fiscalía sobre este caso indicaba que, “antes de noviembre del 2014”, los diputados Guevara y Morales, el exlegislador Céspedes y el empresario Bolaños se aliaron para lograr una reforma al Reglamento Técnico de Cemento y así permitir la importación y venta del cemento chino.

La misma denuncia detalló que ese reglamento se sometió a consulta entre el 18 de diciembre del 2014 y el 14 de enero del 2015. Además, que Bolaños importó el cemento en enero del 2015 y que el nuevo reglamento –que flexibilizó los parámetros- se aprobó el 6 de marzo de ese año.

El cemento importado por Bolaños se nacionalizó el 31 de marzo del 2015, de acuerdo con la denuncia. En octubre de ese mismo año, el Comité de Crédito del Banco de Costa Rica (BCR) aprobó un préstamo de $20 millones para Bolaños. Ese crédito y otro son ahora objeto de una investigación en una comisión especial de la Asamblea Legislativa.

La labor del Ministerio Público durante la gestión del fiscal general, Jorge Chavarría, ha sido cuestionada en varios momentos.

En el 2016, el magistrado Fernando Cruz mostró preocupación por el retraso de años en expedientes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Semanas atrás, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, pidió a los magistrados solicitar la renuncia del fiscal general, pues criticó su liderazgo en las investigaciones sobre los préstamos del BCR a Juan Carlos Bolaños.

Por esa situación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, pidió a la Inspección Judicial abrir un proceso disciplinario al fiscal general.

 

Vacaciones y vuelos en helicóptero

Los diputados Víctor Hugo Morales Zapata y Otto Guevara han sido relacionados con el empresario Juan Carlos Bolaños en diversos hechos.Por ejemplo, la Fiscalía tiene abierta una causa para determinar si Bolaños pagó unas vacaciones de Morales en Guanacaste. Además, en la Comisión Legislativa Especial, el piloto Roberto Arguedas dio a conocer que, por orden de Bolaños, hizo viajes en helicóptero en los que trasladó a figuras como Guevara; a los también legisladores Rolando González y Jhonny Leiva; al expresidente José María Figueres y a la directiva del BCR, Paola Mora.

Fuente: Archivo

 

 

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