La Fiscalía General ignoró la recomendación que le hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de que ampliara las pesquisas sobre el presunto tráfico de influencias que involucraba a los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara; al exlegislador Wálter Céspedes y al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Así lo confirmó el director del OIJ, Wálter Espinoza, la noche de este jueves, durante su comparecencia en la Comisión Legislativa que investiga el “cementazo”.
Según Espinoza, la Policía Judicial había recomendado analizar un periodo más amplio de contactos telefónicos entre los legisladores y el empresario. Además, había sugerido que se solicitara también un análisis de comunicaciones telefónicas de Bolaños con Guido Marín Quirós, quien era funcionario de Proveeduría de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
No obstante, el OIJ nunca recibió esas instrucciones por parte de la Fiscalía General y la Policía no podían hacerlo de forma autónoma porque la investigación incluía a miembros de los supremos poderes, quienes gozan de protección especial. “Cometeríamos el delito de violación de fueros”, arguyó Espinoza.
De acuerdo con el jefe policial, las sugerencias hacia la Fiscalía se dieron en setiembre del 2015, cuando el OIJ entregó al fiscal general, Jorge Chavarría, y a su asistente, Ricky González, un informe que revelaba cientos de contactos telefónicos entre los diputados y el importador de cemento.
A pesar de esa prueba, en febrero de este año, la entonces fiscala subrogante, Berenice Smith, presentó una desestimación para el caso de los legisladores que indicaba que no había comunicaciones telefónicas con Bolaños. La Sala Tercera acogió la solicitud de cerrar la causa.
Lo mismo ocurrió con la causa en la que se investigaba a Bolaños y Céspedes en la Fiscalía Anticorrupción.
La historia del expediente archivado
Espinoza explicó que la primera comunicación que recibió el OIJ sobre el caso del cemento chino fue el 4 de agosto del 2015 cuando Chavarría pidió el informe de llamadas de cuatro números telefónicos del periodo entre el 1º de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015.
El análisis se elaboró el 14 de setiembre del 2015, con un resultado “positivo” porque había una cantidad significativa de contactos telefónicos y se remitió al fiscal González el 2 de noviembre de ese año.
Posteriormente, en febrero del 2016, el mismo fiscal general, Jorge Chavarría, pidió al OIJ remitirle el informe, por lo que le fue enviado nuevamente, de acuerdo con el relato de Espinoza.
El director del OIJ explicó que, debido a que la denuncia también se refería a reuniones llevadas a cabo en julio del 2015, se recomendó al fiscal general que ampliara la solicitud de análisis de llamadas para incluir el mes de julio y que también pidiera analizar el teléfono a nombra de Guido Marín Quirós, porque aparecía de forma recurrente.
No obstante, la Policía Judicial no volvió a tener solicitudes por parte de la Fiscalía hasta setiembre del 2017, una vez que los expedientes relacionados ya habían sido desestimados y que el caso había salido a la luz pública.
“Las razones por las cuales no nos pidieron más cosas debería responderlo el fiscal que estaba prosiguiendo la causa, nosotros como Policía sí teníamos más ideas”, explicó Espinoza, quien reiteró que en ese tipo de investigaciones solo se puede actuar bajo la dirección de la Fiscalía General.
“Es razonable seguir investigando. Este tipo de informes (de rastreo de llamadas) es el básico, el inicial, y eso abre el horizonte de manera que usted pueda ampliar la investigación, había (para analizar) otros teléfonos, estudios de radio base, cronologías… Lo que usted no puede hacer es quedarse con la duda”, expresó.
El director del OIJ dijo que la segunda reunión de análisis con la Fiscalía se dio en setiembre del 2017 tras una nota que le mandó al fiscal general diciéndole que le ponía a disposición el OIJ para hacer las investigaciones, debido a las informaciones que circulaban en la prensa.
Posteriormente, al ser llamado a comparecer en la Comisión Legislativa, el jefe del OIJ revisó el caso y se percató de la incongruencia de la solicitud de desestimación con la prueba recabada, por lo que el 2 de octubre de este año le remitió un oficio a Chavarría advirtiéndole de lo sucedido. Dos días después, la causa fue reabierta.
Silencio y más silencio
El director del OIJ también reveló que el pasado 21 de setiembre recibió una denuncia anónima sobre el mismo tema del cemento chino que mencionaba “un viaje a Panamá”, a magistrados, fiscales y diputados.
Espinoza indicó que se la remitió al fiscal general con la recomendación de que se inhibiera porque estaba mencionado en esa denuncia, pero nunca recibió respuesta.
UNIVERSIDAD dio a conocer que el magistrado Celso Gamboa y el empresario Bolaños viajaron a Panamá en un viaje del 37 horas, en octubre del año pasado.
El exembajador de Costa Rica en Panamá, Rodrigo Rivera, confirmó que el magistrado y el importador de cemento se hospedaron en el mismo hotel y estuvieron juntos en reuniones de negocios.
Situación actual
Espinoza detalló que actualmente hay 13 expedientes relacionados al cemento chino y que cuatro de ellos tienen relación con el empresario Juan Carlos Bolaños. No obstante, la mayoría de estas causas se abrieron hasta setiembre de este año.
El funcionario señaló que el caso es complejo y que el paso del tiempo –desde recibida la denuncia hasta ahora-complica más la investigación. “Si el tiempo pasa, la verdad se escapa o se esconde”, expresó.
No obstante, aseguró estar “esperanzado” e indicó que desde que asumió la fiscala general interina, Emilia Navas, el 14 de octubre pasado, se ha estado trabajando en coordinación.
“Estoy seguro de que la Fiscalía nos va a pedir ampliar el plazo temporal y subjetivo (meses, años y personas).Eso va a esclarecer mucho. Eso nos va a permitir saber a quiénes se llamaron, cuándo se llamaron, en qué circunstancias y en qué momentos”, manifestó Espinoza.
