El Director General de Tributación, Carlos Vargas, respondió a nuestras preguntas sobre cómo el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mejor conocido como reforma fiscal, ayudará al Estado a recaudar más impuestos y a combatir la evasión de un modo más eficiente.
¿Es posible saber en cuáles impuestos se registra la mayor evasión?
–Cada impuesto tiene su particularidad. En el caso de nuestro sistema tributario, uno podría pensar que hay una mayor propensión a evadir el Impuesto sobre la Renta, porque es el que tiene la base más amplia.
Es decir, todos están obligados al Impuesto sobre la Renta, pero no todos están obligados al Impuesto sobre las Ventas. Entonces, los contribuyentes de Renta son menos que los de Ventas.
¿Qué nos dice esto sobre los sectores, grupos o tipos de personas que evaden?
–Si tomamos en cuenta eso y también los vacíos normativos que están presentes en la legislación vigente, lo que tenemos es una combinación de factores.
Se combina el hecho de que no podemos cruzar la información del Impuesto de Ventas con el Impuesto de Renta en todos los casos –en algunos sí, pero no en todos- con esos vacíos normativos y, entonces, se generan espacios para que los contribuyentes puedan intentar evadir el impuesto.
¿Por eso es tan importante introducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA)?
–Efectivamente. El IVA se viene a constituir en una especie de espejo de los ingresos que estarían gravados con el Impuesto sobre la Renta; nos permitiría hacer ese control cruzado.
Aparte de que el IVA tiene la virtud de que empieza a generar cadenas de trazabilidad de transacciones. Entonces, nos permite mayores controles.
¿Es correcto afirmar que la persona asalariada pública promedio sostiene la mayor parte del peso de la recaudación tributaria? Y, si no, ¿quiénes?
–En términos generales, el mayor porcentaje de recaudación está concentrado en los Grandes Contribuyentes nacionales, que representan un poquito menos del 70% del total de la recaudación del país; allí es donde está concentrado.
En el caso de los empleados, yo no hablaría solo de los empleados públicos; hablaría de todos los asalariados, en general, del país. Los asalariados tienen un esquema tributario donde el patrono es el obligado a retener y, como se establece una responsabilidad solidaria sobre el patrono en caso de no retener, allí aplica la normativa de acuerdo con la literalidad.
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De manera que la evasión tiende a disminuir; no a eliminarse, porque hay casos en los que, para no pagar salarios y eludir el impuesto, y para evadir cargas sociales, pues se disfrazan rentas salariales como rentas de actividades lucrativas.
Pero, en términos generales, es un poco menos vulnerable, si se quiere utilizar algún término, el impuesto al salario, desde ese punto de vista.
Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que el umbral exento, o sea, el primer tramo sobre el que no se paga impuesto, es de casi ¢800 mil. Es muy generoso: es de los más generosos a nivel global.
De manera que eso nos lleva a constatar, con la información de la Caja Costarricense del Seguro Social, que alrededor del 85%-86% de la masa asalariada del país no paga Impuesto sobre la Renta, pero porque está debajo del mínimo exento; es decir, que, en realidad, no tiene que pagarlo. Pero es por una razón legal.
¿Y eso se va a cambiar con el proyecto de reforma fiscal que está en la Asamblea Legislativa?
–Con el actual proyecto, el mínimo exento se mantiene; no se está tocando. Lo que se está haciendo es adicionando dos escalas para gravar los salarios más altos.
¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto de reforma fiscal con los que se busca hacer justicia tributaria, en el sentido de gravar más a los sectores más pudientes?
–Yo empezaría con el IVA. El poder contar con un IVA de base amplia nos permite gravar el sector más dinámico de la economía nacional, que es el sector de servicios, así afirmado por la Contraloría General de la República.
Adicionalmente, nos permite tener un mayor control sobre todas las transacciones de ese sector dinámico de la economía, que, a su vez, es un espejo del Impuesto sobre la Renta.
En el caso del Impuesto sobre la Renta, pues, se incorporan normas antiparaíso fiscal, que procuran empezar a cerrar portillos de maniobras que se puedan realizar con jurisdicciones o países que puedan calificar como paraísos fiscales, ya que los gastos con esas jurisdicciones se rechazan.
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Se incorporan normas de subcapitalización, que establecen un límite -no un rechazo-, un límite, al endeudamiento, que se complementa con la norma antiparaíso fiscal, de modo que, aun cuando los préstamos con entidades financieras provengan de un paraíso fiscal, se rechazan.
Estos serían los más sonados. Hay otros de gran importancia, como el capítulo sobre las ganancias de capital, que hoy no se gravan del todo.
Es importante porque, hace pocos años, se ha visto la venta de empresas grandes en este país que no pagan impuesto sobre las ganancias generadas por esa venta; y es porque las ganancias de capital hoy no están gravadas.
El poder contar con un impuesto como este nos permite no solo introducir mayor justicia al sistema, porque las ganancias de capital son más propias de quienes tienen bienes y quienes tienen bienes son, pues, los que tienen los recursos disponibles para adquirirlos; es decir, los que tienen la capacidad económica para hacerlo.
Aparte de eso, también nos cierra portillos de evasión y elusión que se están utilizando hoy en día, tratando de disfrazar distribuciones de dividendos con ganancias de capital.
¿Podrán realmente compensar a los más de 18 mil hogares que calificarán como pobres cuando el IVA entre en efecto?
–Dentro del proyecto (de reforma fiscal) hay una disposición que obliga a hacer esa compensación. Existe la mejor disposición de las autoridades hacendarias de hacer todas las coordinaciones correspondientes para cumplir con lo que ordena la ley.
¿Por qué la aplicación de la regla fiscal no necesariamente pondrá en riesgo a los programas sociales?
–Como Director General de Tributación, lo que puedo decirle es que la regla fiscal tiene una escala de aplicación gradual en función de los niveles de endeudamiento que tenga el Estado y de los topes que le pone al endeudamiento de las instituciones públicas y del Estado en general.
Llegando a la situación máxima, que es un tope riguroso, sí se deja establecido que la asignación presupuestaria se va a definir conforme a las prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo, que, usualmente, contiene prioridades en materia de gasto de acuerdo con la coyuntura del país.
Y en el mismo artículo 23 del proyecto, que corresponde a la regla fiscal, se establece que se deberá tomar en cuenta el fin social de la institución beneficiada en la prestación de servicios; de manera que también pone algún grado de prioridad al gasto.
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