El Poder Ejecutivo presentó una moción que cambiaría el proyecto de jornadas de 12 horas con un texto sustitutivo en que se incluye en su aplicación a las personas trabajadoras de servicios privados de salud y al personal de actividades del sector turismo cuando se “requieran procesos continuos e ininterrumpidos de veinticuatro horas”.
Según el abogado laboralista, Esteban Calvo, la ampliación que propone el nuevo texto “agrava la situación de inconstitucionalidad” con la que ha avanzado el proyecto de ley: “Amplían de una manera muy importante el ámbito de aplicación con una pésima técnica legislativa, ya que incluye como actividades a sectores completos”.
El nuevo texto que propone el Gobierno modifica el Artículo 145 Bis, en el que se detallan la lista de actividades a las que aplicarían estas jornadas y añade actividades de prestación de servicios privados de salud para hospitales, clínicas laboratorios clínicos, farmacias, centros de atención de adultos mayores y servicios de atención extra hospitalaria (ambulancias).
También añade a actividades de prestación para servicios turísticos, hoteleros y restaurantes, transporte de turismo, guías y otros perfiles que sean definidos por el Consejo Nacional de Salarios.
Según Calvo, la intención del proyecto de ley es reducir los costos de operación para los empresarios en el corto plazo al librarlos del pago de horas extra, a costa de precarizar los salarios con mayor perjuicio para los sectores más vulnerables.
Esta mañana la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, confirmó la intención del Gobierno de presentar hoy un nuevo texto y el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, confirmó a UNIVERSIDAD haber sido consultado al respecto por el Gobierno. El jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feizaig, negó haber sido consultado y el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional, Oscar Izquierdo, no respondió la consulta al cierre de la nota.
El texto que actualmente se discute ya incluye categorías que Calvo califica como “generalísimas” y por lo tanto las considera contrarias al artículo 58 de la Constitución Política en la que se establece que las jornadas de 8 horas solo pueden superarse en “casos de excepción muy calificados, que determine la ley”. En otras palabras, asegura que el texto debe ser más puntual con los casos en los que se permitiría su aplicación.
La fracción oficialista han defendido que el proyecto de ley, heredado de la administración anterior, alcanzaría a pocas personas. Sin embargo, UNIVERSIDAD consultó en julio a los equipos técnicos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) así como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y no pudieron definir con exactitud la cantidad de personas que alcanzaría por la ambigüedad de las categorías del texto sustitutivo que presentó el Gobierno.
Sin tomar en cuenta esta última propuesta, el INEC estimó en julio a un millón de personas, si se contabiliza a las jornadas anualizadas, mientras que el INS estimó a 279 mil personas trabajadoras, aunque indicaron que podrían ser más. El principal problema, indicaron los equipos técnicos de estas instituciones, es que las categorías que se usan en el proyecto no existen en los instrumentos estadísticos por lo que dejan muchos portillos abiertos y grandes vacíos en la aplicación de la ley.
Abogados laboralistas y constitucionalistas anunciaron desde junio que de aprobarse llevarían el proyecto a la Sala Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar su efectos como regresivos.
