Gobierno prohíbe la importación, venta y uso del plaguicida clorotalonil tras orden de la Sala IV

Después de una orden de la Sala Constitucional, años de lucha de vecinos de la comunidad de Cipreses de Cartago y el cierre de acueductos contaminados con el plaguicida clorotalonil, el Gobierno finalmente prohibió el registro, la importación, la fabricación, la venta y el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo clorotalonil.

El decreto 44280-S-MAG-MINAE, que prohíbe oficialmente el uso del plaguicida fue publicado hoy en el Diario Oficial La Gaceta, y se basa, entre otras cosas, en que un mandato judicial de la Sala Constitucional “con el fin de garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas”, reforzó la urgencia de la medida. También destaca que existen criterios técnicos de diversas instancias y ministerios que respaldan la necesidad de prohibición.

El pasado 6 de junio,  Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por el Frente Ecologista de Cipreses (Frente Ecocipreses) contra el Ministerio de Salud, la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la contaminación de fuentes de agua en la comunidad de Cipreses y ordenó que en un máximo seis meses se ejecute un informe interinstitucional que recomendó la prohibición total del fungicida.

El decreto indica que se prohíbe el registro, la importación, la exportación, la fabricación, la formulación, el almacenamiento, la distribución, el transporte, el reempaque, el reenvase, la manipulación, la venta, la mezcla y el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo clorotalonil.

A partir de hoy, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Ministerio de Salud rechazarán nuevas solicitudes de registro y rechazarán y archivarán las que se encuentren en trámite de renovación de registro de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados con base en el ingrediente activo clorotalonil.

Sólo se excluyen de este decreto los reactivos químicos para estándares analíticos.

Según el decreto, las personas físicas o jurídicas que importen, fabriquen, vendan o usen el clorotalonil, tendrán seis meses para agotar sus existencias en el mercado nacional. Después de ese plazo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del SFE y el Ministerio de Salud cancelarán todos los registros que contengan este ingrediente activo.

Seis años de lucha

Desde el año 2018, la comunidad agrícola de Cipreses, ubicada en la zona norte de Cartago, enfrenta problemas con el agua de consumo humano, debido a la contaminación con metabolitos de clorotalonil; es decir, productos derivados de la molécula original del clorotalonil.

Este fungicida se usa en hortalizas, apio, culantro y cebolla, entre otros. Es el segundo fungicida de mayor importación en el país, aunque ha sido prohibido en 32 países, al ser considerado un plaguicida altamente peligroso debido a sus probabilidades de producir cáncer.

La población de Cipreses está recibiendo agua de camiones cisterna desde octubre de 2022, cuando el Ministerio de Salud prohibió usar el agua de las nacientes Plantón y Carlos Calvo para consumo humano y preparación de alimentos, por la contaminación. En noviembre se prohibió el consumo humano del agua de cinco de las siete nacientes de Santa Rosa de Oreamuno por la misma razón.

El decreto se basa en el artículo 50 de la Constitución Política, que señala que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos y un ambiente ecológicamente equilibrado. También argumenta que el clorotalonil es altamente persistente en el medio ambiente, lo que genera impactos negativos; que puede ser altamente tóxico para peces e invertebrados acuáticos cuando se aplica durante periodos de lluvia; y que se categoriza en el grupo 2B como probable carcinógeno humano según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), además de ser un perturbador endocrino y generar efectos en el desarrollo embrionario.

El decreto también apunta que existen plaguicidas alternativos al clorotalonil, que poseen el mismo mecanismo de acción, como sales de cobre, azufre, ditiocarbarnatos (mancozeb, metiram, tiram, ziram) y ftalamidas (captan, folpet), “lo que permite generar un plan de sustitución que incluya buenas prácticas agrícolas liderado por el MAG y respeto a la zona de protección circundante a los sitios de captación de agua potable con el fin de buscar la remediación de las fuentes de agua”.

Fabián Pacheco, activista del Frente Eco Cipreses se refirió a este importante momento y destacó que no había sido fácil, ya que las personas que defienden el agua han recibido amenazas y hostigamiento y que la prohibición ha sido gracias al trabajo de la comunidad, de los ecologistas y de la gente que defiende la calidad del agua. “Lo que empezó siendo una lucha muy pequeña, comunitaria, hoy trasciende a la realidad nacional”, expresó Pacheco.

“A partir de mayo del próximo año empezará, en teoría, y esperemos en Dios, el proceso de descontaminación de los cuerpos de agua. Lo que hemos evidenciado que pasa en Cipreses, en Santa Rosa y en San Pablo de Cartago, con el agua con niveles por encima de lo permitido de degradados de este agrotóxico es la punta del iceberg y exigimos que se mantenga el monitoreo en los diferentes cuerpos de agua”, añadió.

El decreto fue firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y los ministros de Salud, Mary Munive Angermüller; de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra; y de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal.