En caso de que se apruebe la apertura de juicio solicitada por la Fiscalía General contra el presidente Carlos Alvarado y ex ministro de la Presidencia Víctor Morales por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la Fiscalía presentaría el testimonio de 12 personas, entre las que están funcionarios del Ministerio de Planificación (Mideplan), Casa Presidencial, la Defensora de los Habitantes y los abogados denunciantes.
La Fiscalía General solicitó el miércoles a los magistrados de la Corte Plena que se tramite el levantamiento de inmunidad y se de la apertura a juicio contra el Presidente Alvarado y el ex ministro Morales por la investigación del caso de la UPAD, según el expediente 22000006-033-PE.
La Fiscalía acusa al presidente de los supuestos delitos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), fraude de ley y abuso de autoridad en el decreto que creó la UPAD.
De acuerdo con el expediente judicial, la prueba testimonial sería aportada por Luis Román Hernández, Gerente de modernización del Estado en el Ministerio de Planificación (Mideplan); Jorge Ortega Vindas, jefe de la Unidad de reforma institucional del Mideplan; Fred Montoya Rodríguez, jefe del Departamento de Leyes y decretos de Casa Presidencial; Marisol Bolaños Gudiño, Jefa del Departamento de asesoría jurídica de Casa Presidencial; la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo; Gloria Navas Montero, denunciante y querellante; Juan Diego Castro, denunciante; Yashin Castrillo, denunciante; Francisco Dall’Anese, denunciante; Gustavo Corella, denunciante y querellante; Grigory Chaves, denunciante; y Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional, como denunciante.
Entre la prueba material que se aporta se incluyen la resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el allanamiento, secuestro, registro y acceso a información de la prueba documental recabada en el despacho del Presidente, el entonces ministro de la Presidencia, Mideplan y los recintos y oficinas de los asesores que integraban la UPAD.
También se incluye una certificación del expediente del Convenio Marco de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), el Sistema de Información de Beneficiarios (SABEN) del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de la Presidencia.
“Lo anterior acreditará el impulso de la Presidencia desde el inicio de la administración para acceder a bases de datos con información personalizada, previo a la publicación del decreto 41996-MP-MIDEPLAN”, que creó la UPAD, señala el documento.
Asimismo, se incluye un contrato entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y Casa Presidencial denominado “Solicitud para realizar el acuerdo de acceso a un archivo de microdatos con licencia”, “en el que se logra acreditar el conocimiento que tenía el imputado Víctor Morales en torno al trabajo que se hacía desde Casa Presidencial para la recolección de datos personales”, argumenta la Fiscalía.
Se incluyen también contratos de confidencialidad entre Sinirube y el Ministerio de la Presidencia, bajo los que se establecen las obligaciones y responsabilidades sobre la protección de la información.
Por otro lado, la prueba material contiene el expediente de la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa, con toda la prueba documental y testimonial “que le permitió establecer sobre las posibles violaciones por parte del Gobierno de la República al derecho a la intimidad de las personas, respecto a la obtención y manejo de sus datos personales, así como la violación al principio de legalidad en el que incurrió el decreto 41996-MP-MIDEPLAN”.
Ahora la Corte Plena decidirá si la acusación presentada por la Fiscalía tiene causa suficiente como para solicitar a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad al mandatario y posteriormente se necesitarán 38 votos de los legisladores para aprobar su levantamiento.
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