La Fiscalía General solicitó a los magistrados de la Corte Plena que se tramite el levantamiento de inmunidad y se de la apertura a juicio contra el Presidente de la República Carlos Alvarado y el ex ministro de la Presidencia y actual diputado Víctor Morales Mora por la investigación del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El fiscal interino Warner Molina Ruiz, uno de los aspirantes al puesto de Fiscal General, es quien firma la solicitud contenida en el expediente 22000006-033-PE, del cual UNIVERSIDAD tiene copia.
Según la acusación, entre mayo de 2018 y febrero de 2020, los asesores en análisis de datos de Casa Presidencial Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández, Felly Salas y Santiago Álvarez, bajo la orden del presidente Alvarado “formaron parte de unidades ubicadas en Casa Presidencial dedicadas a la compilación y análisis de datos personales” de los ciudadanos “sin que mediara regulación alguna que avalara su funcionamiento”.
Ese grupo de asesores, continúa la acusación, bajo instrucciones del mandatario y del ex ministro Víctor Morales, solicitó a diferentes instituciones del Estado que dieran “información sobre aspectos personales -restringidos y sensibles- de las personas ciudadanas de nuestro país”.
“Dada la evidente y manifiesta ilegalidad de la petición, algunas instituciones se negaron a suministrar la información”, afirma la acusación.
De acuerdo con el documento, los hechos descritos constituyen los supuestos delitos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), fraude de ley y abuso de autoridad.
La solicitud se da a casi tres meses de que finalice la actual administración.
Antecedentes del caso
El 28 de febrero de 2020, la Fiscalía General allanó la Casa Presidencial, en Zapote, así como oficinas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación, en relación con el caso UPAD.
Posteriormente, en marzo de 2020 se conformó una Comisión legislativa que investigó la posible violación al derecho de intimidad de las personas en el caso de la UPAD, y ante la cual compareció el presidente Alvarado, en febrero de 2021.
La última diligencia judicial de este caso fue la apertura y revisión de los teléfonos celulares y la computadora del mandatario, etapa que finaliza el 31 de marzo.
Ahora la Corte Plena decidirá si la acusación presentada por la Fiscalía tiene causa suficiente como para solicitar a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad al mandatario y posteriormente se necesitarán 38 votos de los legisladores para aprobar su levantamiento.
