El pasado 7 de mayo, el entonces director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Mario Rodríguez, solicitó incrementar un contrato por ¢9.279 millones y un plazo de más de año y medio con la ahora investigada H Solís.
El diputado José María Villalta del Frente Amplio caracterizó que significó un incremento en el dinero del contrato del 25,6% y un aumento del plazo de entrega de las obras de conservación vial en más de un 40% del original. Así trascendió este jueves, durante la última sesión de la Comisión legislativa que investiga el caso conocido como “Cochinilla”.
La solicitud de Rodríguez en favor de H Solís ocurrió 38 días antes de los allanamientos contra esa misma empresa, Meco, así como otros privados ligados a sus negocios, y funcionarios del CONAVI y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El exdirector de CONAVI, Rodríguez, dijo en una sesión de la semana pasada que él fue el responsable de acuñar el nombre de la investigación que llevó, en primera instancia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Siete días después de estas afirmaciones, los diputados de la Comisión intentaron que Rodríguez aclarara cuánto conocía sobre la presunta corrupción orquestada por las empresas privadas, a las cuales se les acusa, entre otros delitos, de entregar dádivas a funcionarios públicos parte de una compleja red de tráfico de influencias.
El legislador José María Villalta presentó ante la Comisión dos oficios de la Contraloría General de la República (CGR) que responden a solicitudes que realizó Rodríguez para incrementar el presupuesto y tiempo de contratación de las empresas privadas.
El caso del 7 de mayo fue rechazado por la CGR. No obstante, Villalta señaló que la gestión para incrementar el contrato de H Solís por esos ¢9 mil millones y por 591 días naturales “abona a la tesis de que usted también colaboraba con estas empresas”.
Meco y H. Solís acapararon el pastel de la conservación vial en la última década
Según los informes del Lanamme-UCR, en la última década en los contratos de conservación se ha detectado el uso ineficiente de ₡37.613 millones que se invirtieron en carreteras que quedaron peor de lo que estaban.
En respuesta, Mario Rodríguez defendió que los trámites se hicieron con las “actuaciones correctas”. Como lo hizo la semana pasada, Rodríguez rechazó conocer casos específicos de corrupción en el CONAVI.
“Usted pensaba que los funcionarios recibían coimas, ¿de quién? (…) Usted no tenía sospechas de las empresas. ¿Usted creía que santas palomas y por eso les solicitaba aumentos de los presupuestos y pagos adicionales?”, le preguntó Villalta.
El diputado frentemplista presentó ante Rodríguez una segunda solicitud que la CGR aprobó el mismo día que ocurrieron los allanamientos de “Cochinilla” (el pasado 14 de junio).
Mario Rodríguez pidió “aumentar el plazo de la contratación hasta seis meses” a las empresas Cacisa, LGC Ingeniería de Pavimentos, Vieto y Asociados, ahora también incluidas en el expediente penal encabezado por Meco y H Solís. La misma ampliación se aprobó para Castro y de La Torre y Limpsa que, hasta ahora, no son nombres asociados a la investigación penal.
“En ese momento, no sabía que las empresas eran cuestionadas y cuál era el alcance del cuestionamiento, señor diputado”, contestó Rodríguez.
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Mario Rodríguez dijo que acudió al OIJ por los casos de corrupción pero no presentó pruebas de estas denuncias; también acusó a diputados de pedir nombramientos dentro de CONAVI pero se negó a dar nombres
Responsabilidades de Rodríguez quedan en el aire
Este jueves, los diputados presionaron sobre posibles contradicciones del testimonio de Mario Rodríguez.
El exdirector de CONAVI indicó previamente que el ministro Rodolfo Méndez Mata le ordenó actuar de oficio con los casos de corrupción en CONAVI, en el 2018.
Ante la pregunta del independiente Jonathan Prendas, el exdirector de CONAVI contestó que se acercó al OIJ durante noviembre del 2018.
Rodríguez también señaló el nombre del abogado que sirvió de enlace con los agentes policiales, Marlon Barrelier, con el cargo de asesor legal de la Dirección Ejecutiva del CONAVI. Rodríguez afirmó que dio esta responsabilidad a Barrelier porque el funcionario le “insistió” sobre los casos de corrupción que ocurrían al interior del CONAVI.
Sobre medidas preventivas para evitar la corrupción, Rodríguez únicamente precisó que “movimos mucho personal”.
“Básicamente, cuando tuvimos primeros indicios de ciertas cosas que yo podía probar, fuimos moviendo recursos humanos”, afirmó. Posteriormente, rechazó dar los nombres de las personas funcionarias que participaron de esa reorganización.
Rodríguez rechazó nuevamente identificar a los diputados que le solicitaron nombrar personas dentro del CONAVI (este dato Rodríguez lo mencionó en la sesión del 7 de octubre).
Durante la sesión, los diputados también buscaron respuestas sobre la responsabilidad jerárquica del exdirector de CONAVI. Aunque admitió que todos los gerentes del CONAVI respondían a su antiguo cargo como director, rechazó conocer sobre los detalles técnicos de la institución.
“Usted no puede relegar responsabilidades, hay una responsabilidad compartida y solidaria”, reclamó el diputado Jonathan Prendas al inicio de la sesión.
“Su silla no le exime de sus responsabilidades que usted tiene a cargo”, cerró la liberacionista Paola Valladares antes de levantar la sesión.
Puede leer el oficio de CGR sobre el incremento del contrato para H Solís a continuación:
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