Rectores de universidades públicas, sindicatos de docentes y organizaciones estudiantiles convocaron a una marcha en oposición a los recortes presupuestarios en todos los niveles de la educación pública, los cuales están afectando a 1.200.000 estudiantes de preescolar a secundaria, y a 140.000 estudiantes universitarios, y con los que se corre el riesgo de que generaciones completas terminen afectadas, como sucedió en la década de 1980.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede de la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema), el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Emmanuel González, anunció que las cinco universidades públicas acordaron participar en la “Marcha en defensa de la educación pública”, a realizarse el próximo martes 20 de junio a las 9 de la mañana.
La marcha saldrá de la Iglesia de La Merced y se dirigirá hacia la Plaza de la Democracia, sobre la Avenida Segunda.
“La educación debe verse como un sistema, no la podemos fraccionar. Lo que ocurra desde preescolar va a incidir en el contexto final en la educación universitaria. En Costa Rica vivimos una emergencia educativa. Hoy hay más de 2 millones de costarricenses que no han logrado terminar la educación secundaria. Hay grandes debilidades en la definición del currículum educativo como un todo. Un 93% del currículum no se cumple. Este es un problema país, interinstitucional, de las universidades, de los empresarios”, exclamó González, quien también es rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Karen Marín Arguello, recordó que la Constitución Política establece que la educación es gratuita, costeada con recursos públicos y obligatoria en los niveles de preescolar, general básico y educación diversificada. Asimismo, el gasto público en educación no debe ser inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto (PIB) del país. “Eso es lo que el país no ha cumplido en los últimos años”, destacó Marín.
Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), afirmó que nunca en este país se ha invertido el 8% del PIB en educación. “En este país se ha violentado sistemáticamente la ley, sobre todo de parte de quienes deben exigir el respeto a ella, desde la Asamblea Legislativa, y desde antes de la pandemia. Para la APSE está claro que no les interesa resolver el problema”, dijo González.
La dirigente cree que los sectores deben unirse y que los trabajadores en general deben unirse.
En la conferencia de prensa también participó José Oviedo, secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG) y representante del sector agro en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.
Oviedo hizo un llamado a construir un Pacto por la Educación Pública “ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla”. “Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores unamos esfuerzos para analizar la difícil situación que atraviesa nuestra patria”, agregó.
Los dirigentes de los maestros y los estudiantes mencionaron que la marcha también es para manifestar su rechazo al proyecto de ley que permitiría las jornadas laborales de 12 horas, conocido como 4-3, por su impacto en el sistema de educación para adultos.
Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE), dijo que las jornadas 4-3 traerían la muerte “al sistema educativo para jóvenes y adultos” y que también significaría “más jóvenes y niños solos en sus casas, sin la guía de sus padres, que tendrían que someterse a jornadas extenuantes”.
Fuertes críticas a jerarca de Educación
Los dirigentes también hicieron fuertes críticas a la gestión de la ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro.
Marco Zúñiga, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), señaló que a lo largo de este primer año de Gobierno, la ministra ha demostrado un absoluto desconocimiento en el cargo, y un alto nivel de improvisación e incertidumbre, “jugando con un millón de personas en el sistema educativo”.
“Creemos fundamental que la ministra renuncie, sumado a los interés familiares, hay un interés rotundo hacia la privatización y hacia beneficiar los intereses de las universidades privadas; el Gobierno se ha aliado a las universidades privadas, dejando de un lado a todos los sectores aquí posicionados”, afirmó Zúñiga.
Mientras que el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (SEC), Gilbert Díaz Vásquez, cuestionó: “¿Cómo es posible que la ministra, sus viceministros, sean los que llegan a la Asamblea Legislativa más bien a pedir un recorte al presupuesto? Tras de que lo dejan en un 5.6% del PIB, llegan a pedir un recorte para pasarlo a seguridad, cuando tenemos problemas en las instituciones, ordenes sanitarias, precariedad en el salario de los docentes. En un año han destrozado este país y no lo vamos a permitir más”.
Por su parte, Gilda Montero, de la ANDE, dijo que la Ruta de la Educación no tiene metas claras; las pruebas diagnósticas y estandarizadas han sido ocurrencias; los resultados han demostrado improvisación; y los salarios se mantienen congelados por dos leyes que afectan al sector educativo, la 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) y la Ley Marco de Empleo Público.
“No es porque no haya habido diálogo, hemos tratado de incidir en la Asamblea Legislativa, en la junta paritaria, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan); pero nos cansamos de que las acciones no se den”, criticó Montero.
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