“Después de estudiar detalladamente esta respuesta del Poder Judicial, nuestra principal constatación es que ninguna de las observaciones y críticas recibidas modifica las principales conclusiones y argumentaciones del Informe”.
Esa afirmación sinteriza la respuesta que Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación (PEN) del Consejo Nacional de Rectores (Conare), envió a la Corte Suprema de Justicia, luego de que desde esa instancia se le hiciera llegar un documento en que planteó aspectos en los que había errores o imprecisiones, a juicio de magistrados y magistradas, en el último Informe del Estado de la Justicia.
Ese informe fue publicado a inicios de julio y tras conocerlo en Corte Plena se realizaron críticas sobre todo en la medición de temas como la magnitud de la mora judicial y el proceso de elección de jueces y juezas, o la concentración de facultades precisamente en esa instancia.
Por su parte, la serie de reclamos que planteó la Corte es producto de un análisis de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
Tras conocer formalmente la posición de la Corte, el oficio de Vargas Cullell señala que el PEN “reafirma lo señalado” en su Informe y reconoció que se encontraron “errores materiales puntuales” en “algunos pocos casos”, que serán corregidos mediante una fe de erratas.
“Ninguno de esos errores modificó las argumentaciones para el tema que tratan”, expresó y añadió de seguido que “dimos cuidadoso seguimiento de las expresiones de varios señores magistrados y señoras magistradas en las sesiones de Corte Plena, pero no encontramos sustento empírico en el oficio recibido” sobre los “abundantes errores e inconsistencias” ni “falta de rigor metodológico” que se reclamó desde la Corte Suprema de Justicia.
Añadió que el PEN llegó a esas conclusiones mediante un “procedimiento sistemático de análisis” del texto recibido desde el Poder Judicial, cuyos contenidos “se desgranaron párrafo por párrafo” para identificar 172 observaciones. Cada una de ellas “fue objeto de un análisis minucioso a partir del cual se redactó una respuesta y la acción que el PEN adoptará para cada comentario”.
Al final, se determinó que de las 172, en el 73 % “no identificamos ninguna instancia en el que la interpretación sugerida invalidara la planteada por el documento y por ello no ameritan ninguna corrección”, sino que únicamente once requieren correcciones.
En la misma carta de Vargas Cullell se buscó un tono más conciliatorio al afirmar que “aclaro que no es nuestro interés institucional entrar en una dialéctica confrontativa con el Poder Judicial, pues ello no ayuda a resolver los desafíos pendientes señalados por el Informe Estado de la Justicia”.
Sin embargo, al mismo tiempo reivindicó su trabajo, pues alegó que esos desafíos “se han diagnosticado con razonable precisión” en las cuatro ediciones del Informe. Acotó que “en ningún caso, con el correr de los años, se han tenido que corregir las conclusiones principales originales”.
Hacia el final de la carta, se afirma que el PEN tiene “plena voluntad” para participar en unos grupos de trabajo que establecerá la Corte Plena, y que “compartimos” una recomendación final hecha por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, “sobre la necesidad de establecer contrapartes por temas para futuros informes”.
Vargas Cullell cerró su misiva con el recordatorio de que aún no se ha cumplido con el trámite de firmar una nueva carta de entendimiento que permita la elaboración del siguiente Informe de Estado de la Justicia, que correspondería a 2024.
Señala que tal firma se acordó desde el pasado 9 de junio y añade que “agradeceríamos mucho alguna comunicación concluyente de su parte, que nos permita integrar esta iniciativa en la planeación institucional 2023”.
Corte Plena muestra su molestia ante críticas por Estado de la Justicia
