El peso de la mora judicial y el proceso de elección de jueces y juezas son dos de los principales elementos contenidos en el Informe del Estado de la Justicia con los que la Corte Plena tiene discrepancias, al punto que bastante tiempo de la sesión de este lunes fue dedicado a determinar la mejor manera de actuar ante no sólo el contenido del Informe, sino a la reacción de la opinión pública.
Se decidió un plan que partirá de un análisis ya preparado por la Dirección de Planificación y que implicará una sesión de trabajo de Corte Plena con integrantes de diferentes direcciones y dependencias del Poder Judicial, a fin de plantear correcciones y concretar una convocatoria con las personas investigadoras de Estado de la Justicia para el próximo lunes.
Las intervenciones durante la sesión de hoy versaron en no poca medida en torno a la capacidad de respuesta mediática del Poder Judicial. Por ejemplo, el magistrado William Serrano expresó que ese Informe “ha generado una crisis institucional en cuanto a la comunicación”, que “debe verse de manera más continua”. Añadió que “resulta importante que el Poder Judicial utilice esta coyuntura para tener una estrategia permanente de comunicación institucional, lo cual se hecha de menos”.
El magistrado presidente de la Corte Fernando Cruz informó que ya había girado instrucciones a las diferentes áreas y direcciones del Poder Judicial para que hicieran sus observaciones, con la idea de ver el tema en una próxima sesión, pues el Estado de la Justicia recién se dio a conocer el pasado miércoles y verlo hoy le pareció “precipitado”.
Sin embargo, el propio Cruz apoyó una iniciativa del magistrado Jorge Araya para alterar la agenda de día, quien hizo un llamado a “revisar los datos del Estado de la Justicia, revisar si son correctos y hacer las aclaraciones del caso, valorar las recomendaciones y ponerlo dentro de un gran cronograma de cumplimiento. Hay que hacerlo hoy, porque el país está esperando una respuesta hoy”.
Se le concedió la palabra a Róger Mata, director de despacho de la Presidencia de la Corte, quien destacó que “el mismo informe reconoce que fue eficiente el manejo de la pandemia”, pero que le achaca responsabilidades al Poder Judicial sobre, por ejemplo los procesos de expropiación para construir obra púbica, que “cerca del 60% del tiempo es la parte administrativa la que dificulta la puesta en posesión las propiedades”.
Sobre la mora judicial, dijo que también en un 60% está concentrada en cobro judicial, “se evidenció que el Poder Judicial no ha tenido los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar las responsabilidades que el parlamento le ha dado”
La magistrada Julia Varela expresó que el Informe es “un resultado con oportunidad de revisar si los datos son exactos o no, pero no para criticar al órgano que dio a conocer esa visión con la preocupación y el ánimo de que la administración de justicia mejore, creo que hay que verlo en propósito, esto es evidencia que hay qué corregir”.
Sin embargo, llamó la atención a que en algunas áreas “no toda la responsabilidad es del Poder Judicial, es muy importante, porque a los que hemos estado muy cerca de las jurisdicciones nos damos cuenta de que están dando la milla extra, que están atendiendo en la medida de las capacidades humanas los indicadores de gestión”.
Roxana Chacón mencionó como un ejemplo de transparencia el sólo hecho de que el Poder Judicial se someta y colabore con el trabajo del Estado de la Justicia, pero criticó que “hay un error en la concepción que el Estado de la Justicia ha sostenido a través de los cuatro capítulos” y es que parte de que “Corte Plena concentra muchas facultades, me parece que hay un desconocimiento total, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial nos da esas funciones , desde todo punto de vista nosotros no estamos asumiendo funciones que no nos corresponden”.
Patricia Solano, vicepresidenta de la Corte, expresó preocupación ante los resultados, porque “creo que en toda la construcción es interactivo, cada uno de los departamentos y tribunales aporta datos, abrimos las puertas en forma transparente para que puedan hacer la evaluación institucional completa”, sin embargo llamó la atención a que “muchos de los datos” se hacen ver a los investigadores que son inconsistentes durante el proceso de investigación, pero “esas correcciones no se hacen en el informe final, eso me preocupa”.
Por ejemplo, citó que por un lado se diga que el Poder Judicial logró mantener sus servicios abiertos durante la pandemia, pero por otro se critica la concentración de funciones administrativas en la Corte Plena y que ello “acentuó los efectos negativos sobre la gestión judicial”.
“No entiendo cómo ponen esta conclusión si de seguido hacen ver que gracias a la respuesta articulada por la Corte fue posible mantener la continuidad del servicio, no cerrar por completo ninguna jurisdicción y trasladar la mayoría de dinámicas a modalidades virtuales”, dijo.
Finalmente, luego de la amplia ronda de intervenciones, se presentó la propuesta de “plan de acción” que el funcionario Róger Mata elaboró con el magistrado Araya. Mata precisó que “incluso hay una campaña de prensa para destacar temas relevantes del informe”.
Trabajo por delante
Mata recordó antes que nada que desde diciembre de 2016 se “suspendió la política de comunicación y por consiguiente el protocolo de crisis”, así como el hecho de que se había preparado el nombramiento de una jefatura de prensa para todo el Poder Judicial, pero “cuando estaba en proceso de buscar una persona, entró la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
“Si no podemos leer el entorno en el que la institución transita, se vuelve muy difícil articular a la Corte, al Director del OIJ, al Director de la Defensa Pública, y al Fiscal o Fiscala General en una misma línea de comunicación, que es fundamental”, añadió.
Insistió en que “hay que volver una prioridad el tema de la comunicación, el equipo que tenemos hace una esfuerzo importante pero es difícil cuando todos tiene visiones diferentes y no confluye en una defensa de la institución, sino de los o intereses particulares de cada uno y una de ustedes”.
Respecto al tema del Estado de la Justicia, destacó acciones que ya se han tomado, como la participación de Cruz como vocero tanto en el lanzamiento del Informe como en medios de comunicación. Dijo que al mismo tiempo se inicio una campaña de prensa “donde se han rescatado los aspectos relevantes y positivos del informe” pero también “haciendo las aclaraciones en el tema de la mora, que es importante”.
Dijo que el análisis preliminar que hizo la Dirección de Planificación, se les mandó el viernes a presidentes de las Salas y hoy a todos los demás magistrados y magistradas.
Para una segunda parte de acciones, Mata recomendó realizar una sesión de trabajo para conocer el informe de Planificación y de otras dependencias y junto al Estado de la Justicia.
El funcionario recomendó que una vez que se tenga “claridad absoluta” sobre datos y cifras, se presentará un informe a Corte Plena el lunes 18 y que en paralelo se realizará una campaña de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía “las rectificaciones que correspondan o las aclaraciones en los términos de interpretación de datos”.
La iniciativa fue acogida por unanimidad y Fernando Cruz informó la iniciativa de convocar para el próximo lunes al equipo de Estado de la Justicia.
