Luego de conocer un análisis realizado por la Dirección de Planificación del Poder Judicial del IV Informe del Estado de la Justicia, la Corte Plena decidió abrir el espacio para crear “grupos de trabajo” para atender los retos planteados en ese documento.
Se trató de un trabajo de verificación de datos y metodologías que incluyó aportes de muchas instancias del Poder Judicial y cuyo resumen, expuesto hoy por Nacira Valverde, directora de Planificación, es de más de 200 páginas.
Del análisis de esa Dirección sobre los errores hallados en en el Estado de la Justicia se puede extraer datos como que para la atención de la crisis sanitaria, por solicitud del Ministerio de Hacienda el Poder Judicial cedió más de ¢6.800 millones, pero el Informe cuestionado consignó una cifra muy inferior de poco más de ¢60 millones.
Otro de los aspectos señalados es que se abordó el trabajo de la Sala I con estadísticas de los años 2018-2020 para concluir que actualmente hay falta de capacidad en esa instancia para enfrentar la carga de trabajo existente “desmeritando los importantes avances que se han construido en el bienio 2021-2022”.
Un aspecto señalado en el análisis de la Dirección de Planificación, es que el Estado de la Justicia apuntó que la Sala I está “desbordada” pero de enero 2021 a junio de 2022 el circulante (es decir, cantidad de casos pendientes) ha descendido en 25% y mantiene tendencia a la baja, “la Sala I tiene la capacidad para atender la carga de trabajo y continuar mejorando paulatinamente su gestión”, se apunta.
También se hizo observaciones sobre el tema de los movimientos de personal, respecto al cual el Estado de la Justicia dijo que “no fue posible actualizar la base de datos de de movimientos de personal, pues implica una dedicación muy alta del personal de la Dirección de Gestión Humana”.
En este caso la propia Dirección de Gestión Humana más bien informó que la información sí fue suministrada, según los requerimientos indicados por e Estado de la Nación.
Además se dijo que aparentemente, “algunos datos” estadísticos suministrados sobre reclutamiento y selección de los años 2020 y 2021, fueron “excluidos al momento del procesamiento de los datos para el informe”.
Tras la amplia exposición, la presidenta en ejercicio de Corte Plena, Patricia Solano, Patricia Solano destacó que el Poder Judicial “se somete voluntariamente” al análisis del Estado de la Justicia y dijo que para ambos “los cuestionamientos que puedan generarse del informe resultan en un perjuicio y en realidad no abona al fortalecimiento de la institucionalidad”.
El magistrado Jorge Araya lamentó “las inexactitudes, las inconsistencias, los errores” y dijo que las aclaraciones y observaciones de 29 áreas de acción del Poder Judicial “confirman que la visión en todo, el análisis, mecanismos de cotejo, parámetros de comparación, la ausencia de análisis integrales, problemas de interpretación y los estudios empíricos, me llenan de una enorme preocupación”.
Por ello dijo que el Poder Judicial debe entrar en “proceso de reflexión y replanteamiento”, entre otras cosas pues el “daño que se hace a la imagen del Poder Judicial es un daño a la justicia”.
Por eso dijo que se enfrenta desafíos en lo político, lo administrativo y lo jurisdiccional, a partir de lo cual propuso la conformación de tres grandes grupos de trabajo.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, dijo que el informe de Estado de la Justicia “no es riguroso, hay demasiadas inconsistencias, hay que poner en conocimiento de las autoridades del Estado de la Nación estas inconsistencias”.
Añadió que “si ellos no rectifican y nuestros criterios técnicos son los correctos, la Corte tiene que hacer una publicación sobre este tema”.
Jesús Ramírez, de larga data en Corte Plena, incluso propuso que si en el Estado de la Justicia “no quieren hacer las aclaraciones, no debemos firmar el quinto convenio” necesario para una nueva entrega del Informe.
El presidente saliente de la Corte, Fernanado Cruz, recordó que cinco meses estuvo varada la firma para el convenio que autorizó esta última edición del Estado e la Justicia.
“¿Será que Corte tiene una gran susceptibilidad? No lo se. Por supuesto que sí hay errores en el Informe, me parece que son muchos”, pero abogó porque todo se diga transparentemente y propuso la realización de una jornada de trabajo pública con personal del Estado de la Justicia “con todo lo que está mal, entonces lo discutimos públicamente”.
Luis Fernando Salazar dijo que los informes “aún con sus grandes imprecisiones” deben servir de insumo para disminuir entre otros problemas la mora judicial. “De esa forma podríamos adquirir un poco más de credibilidad de los usuarios hacia el Poder Judicial”, dijo.
Además, abogó por la publicación del análisis de la Dirección de Planificación “con el de ellos, también compaginarse con el que ellos nos entregaron y en un taller sacar un tercer cuento q se divulgue a la prensa en la misma forma en que ellos lo presentaron”.
Posteriormente la magistrada Julia Varela dijo que el Informe de Estado de la Nación “nos ha generado una preocupación muy grande y entiendo y comprendo que se dieron inconsistencias en los datos, pero esto no tiene que verse como tan terrible, porque también hay cosas buenas que la institución ha hecho”.
Por ello dijo que si bien hay que pedir que se revisen las inconsistencias, “el análisis del Estado de la Justicia tiene que seguir con la mayor rigurosidad y que nos den las alertas de donde tenemos que mejorar”.
El informe de la Dirección de Planificación se aprobó de forma unánime y se acordó su comunicación al Estado de la Nación.
Tensa discusión
Para hacer frente a los retos que ahora tiene el Poder Judicial, la Corte Plena conoció una propuesta original del magistrado Jorge Araya, que consistió en crear tres “grupos de trabajo” que se aboquen al ámbito político, administrativo y jurisdiccional, respectivamente, para atender las observaciones del Estado de la Justicia.
Ello en el contexto de que se debe buscar la mejor manera de contrastar con esa organización los numerosos errores y contradicciones que encontraron en ese informe.
Sin embargo, la propuesta acogida al final fue la planteada por el magistrado Luis Porfirio Sánchez, quien insistió en que esos grupos de trabajo deben crearse según los términos de un reglamento para la creación de comisiones en el Poder Judicial que aún no está vigente, pero implicará que esos grupos se conformarán luego de que la propuesta se presente por escrito, especificando cuáles son los objetivos específicos, el plazo de trabajo, quiénes la integran, o qué temas se ven.
“Si ya la Corte aprobó estas normas, si bien es cierto su vigencia no se ha señalado, lo propio es que esto se haga como debe ser, con un planteamiento debido”, expresó Sánchez.
Tal planteamiento no cayó bien con Araya, quien entre otras cosas dijo que es necesario que la sociedad vea al Poder Judicial tomando acción, que la excesiva creación de comisiones es un problema del Poder Judicial y calificó la posición de Sánchez como un “retroceso”.
Es decir, magistrados y magistradas debieron decidir si acogían la propuesta de Araya y decidir de una vez la creación de los tres grupos de trabajo, u optar por la de Sánchez, de llevar a cabo la conformación de esas instancias (no necesariamente tres) mediante un procedimiento más formal y por escrito.
Al final, la votación se inclinó del lado de Sánchez, 11 votos contra nueve, no sin que antes ese magistrado mandara a Araya a leer la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Aclaración
Una primera versión de esta nota consignó que fue decidida la conformación específicamente de tres grupos de trabajo, pues así versó la discusión de magistrados y magistradas, pero la Oficina de Prensa del Poder Judicial posteriormente aclaró que ese número aún debe ser fijado, según el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
