Escuela de Matemática de la UCR descalifica estudio de la Supen sobre proyecto de ley de pensiones

La Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un criterio técnico descalificando el estudio actuarial presentado por la Superintendencia de Pensiones (Supen) para respaldar el proyecto de ley que reduce la contribución patronal en los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial.

La Escuela conformó una Comisión AdHoc para que emitiera un criterio técnico actuarial sobre el “estudio actuarial”, realizado por el actuario Rafael Chavarría Delvó y presentado por la Superintendencia de Pensiones (Supen) a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que analiza el proyecto de ley.

De acuerdo con la Comisión AdHoc, dicho informe no cumple con los requisitos que debe tener un estudio actuarial y además cuestionó el doble papel de Chavarría Delvó como supervisor y evaluador actuarial y podría incumplir el “principio de independencia”.

Se trata del proyecto de Ley “Mismo patrón, igual contribución, equidad contributiva patronal en regímenes básicos de pensiones” (Expediente N° 23.733).

Este fue propuesto por la diputada oficialista Pilar Cisneros y reforma la “Ley del sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional” para que la contribución patronal se reduzca gradualmente a lo largo de 10 años de 6,75% a 5,75%; y reforma la “Ley Orgánica del Poder Judicial” para que la misma contribución patronal se reduzca gradualmente a lo largo de 35 años de 14,36% a 5,75%.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), ha alertado que, si se redujera en un 1% el aporte patronal, el golpe al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio sería de ¢152.923 millones, poniendo en peligro el superávit de ¢74.116 millones y creando un déficit de ¢78.807 millones.

“No es un estudio actuarial”

La Supen presentó a la Comisión de Gobierno y Administración un estudio actuarial elaborado por Chavarría Delvó, quien es funcionario de la División de Supervisión de Regímenes de Capitalización Colectiva de la Supen”.

Según ese documento, en caso de que se materialice de forma inmediata la reducción en el porcentaje de contribución patronal, y la Junta Directiva (de Jupema) no hace nada para ajustar el perfil de requisitos y beneficios, “se estima que el RCC tendría un déficit actuarial de ¢77.247 millones con una razón de solvencia de 0,9887, que se interpreta como un déficit actuarial manejable, incluso, cerca del equilibrio actuarial; sin embargo, como la reducción en el porcentaje de contribución patronal es escalonada, por lo que el déficit actuarial indicado sería menor”.

Jupema ha indicado que dicho estudio “no es un estudio actuarial que sustente la viabilidad del proyecto de ley”.

“Este documento no es un estudio actuarial, no cumple con los estándares internacionales, ni tampoco de la propia reglamentación de Supen. Entonces, cómo se llegó a esas conclusiones y cómo se calculó el déficit actuarial es una incógnita. Parece que se sacaron de la manga los cálculos, y esto es muy serio considerando las implicaciones que puede tener este proyecto de ley en la sostenibilidad de fondos de pensiones como el RCC del Magisterio Nacional”, declaró la presidenta de Jupema, Seidy Álvarez.

Según Álvarez, “las conclusiones del documento son superficiales, sin recomendaciones claras que indiquen cómo solventar el déficit actuarial que se generaría, ya que solo toma datos del estudio actuarial del RCC, parte de su superávit y se asume que modificando el perfil de beneficios se equilibraría sin datos de un estudio que justifique ese cambio en la ley”.

Observaciones de la Escuela de Matemática

Por su parte, la Comisión AdHoc de la Escuela de Matemática de la UCR afirmó que “de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento Actuarial, cualquier modificación propuesta en el esquema de contribuciones de los regímenes evaluados requiere una valuación actuarial como requisito mínimo para el proceso de análisis técnico del Proyecto de Ley 23.733”.

“El informe preparado por el actuario Chavarría no cumple con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Actuarial, ya que no incluye un análisis cuantitativo del impacto de los cambios en los niveles de contribución. Además, no profundiza en los nueve aspectos fundamentales que debe contener una valuación actuarial. Adicionalmente, el informe de Chavarría no presenta una sección de Resultados con una cuantificación de los cuatro componentes básicos mencionados en el numeral h del artículo 11”, argumenta.

La comisión también consideró que Chavarría “no cumple completamente con el numeral i) del artículo 11, ya que no emite una opinión ni proporciona recomendaciones sobre las modificaciones propuestas en los regímenes evaluados”.

“Dado que las propuestas carecen de un análisis cuantitativo, no es posible verificar de manera adecuada el cumplimiento del artículo 15 del Reglamento Actuarial, especialmente en relación con los tres principios fundamentales de Rigurosidad científica, Razonabilidad en la determinación de supuestos y Transparencia en la información presentada en el informe. Estos principios son esenciales para cualquier actuario a cargo de una valuación”, explica la comisión.

Por último, la comisión alertó que “la relación entre el actuario Chavarría y la Superintendencia de Pensiones, así como su doble papel como supervisor y evaluador actuarial de las modificaciones propuestas, podría plantear un incumplimiento del principio de independencia establecido en el artículo 16 del Reglamento Actuarial”.