La Comisión de infraestructura rechazó iniciar una investigación sobre las deficiencias y condiciones de entrega del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.
La moción fue presentada el martes por el diputado Wálter Muñoz del Partido Integración Nacional (PIN) quien fue respaldado por su compañera de fracción, Patricia Villegas; y los independientes Dragos Dolanescu y Marulin Azofeifa. Esta última diputada había manifestado quejas sobre dificultades para movilizarse dentro del edificio, durante una sesión de la Comisión de discapacidad y Adulto Mayor.
La propuesta que firmaron los diputados contenía la petición para indagar “el costo económico por todas las deficiencias, daños, reparaciones e inadecuado funcionamiento de la estructura y servicios que deberá brindar tanto al público como a la población legislativa”.
UNIVERSIDAD y otros medios de comunicación han publicado información sobre cómo el edificio presenta dificultades de accesos para personas con discapacidad (incluyendo baños separados para personas que utilizan sillas de ruedas); problemas de cañerías e inundaciones durante aguaceros; grietas en algunas paredes; y también mantiene bloqueos con latas de zinc sobre la avenida central de San José.
Pese a este contexto, aparte del diputado Muñoz, el resto de diputados de la Comisión de infraestructura votaron en contra de iniciar una investigación en el órgano especial del congreso.
Los legisladores María Vita Monge (PUSC), Luis Ramón Carranza (PAC) David Gourzong y Paola Valladares (PLN) afirmaron que la responsabilidad de investigar corresponde a la Contraloría General de la República. El diputado e ingeniero Luis Fernando Chacón afirmó que “Los problemas que se fueron presentando a la hora de ocupar este este espacio son absolutamente mínimos en una obra de tal magnitud”.
“Considerando que ya existe una auditoría de la CGR en la que se genera que el contrato se cumplió a cabalidad, no veo la razón para hacer una auditoría en esta Comisión”, afirmó la diputada Valladares quien, además de ser ingeniera, preside la Comisión de infraestructura.
El oficialista Carranza aseguró que “Hay comisiones que se encargan de investigar cuando se dan anomalías, si es que existieran. Para mí es quitarle tiempo a esta comisión, que ha hecho las cosas bien y que ha avanzado, y que es más de hacer que las cosas sucedan”.
Ese mismo día, la Comisión de infraestructura prosiguió con la investigación del caso del fideicomiso del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sobre por qué la Comisión sí está investigando el caso del MEP, la diputada Valladares justificó “Ahí sí porque no están entregando lo que contratamos ni lo que se aprobó en esa ley”.
El diputado Muñoz defendió que los diputados deben velar por las condiciones del edificio para que sea usado por el resto de trabajadores y visitantes.
“Una evaluación pedida por nosotros mismos al Colegio de Ingenieros o cualquier otro ente, para garantizar las condiciones del edificio, no solamente es preventiva sino apropiada”, aseguró Muñoz.
“El tema de los ascensores no ha sido corregido, en cuanto la lentitud que tienen, con el agravante de que eso es un factor de contagio por el tema de los aerosoles y el COVID-19”, dijo el diputado en declaraciones a UNIVERSIDAD.
A la luz del rechazo de la investigación, Muñoz afirmó a este semanario que tiene dudas sobre si la Asamblea realmente logró disminuir los costos que paga por infraestructura.
El informe de CGR que citaron los diputados asegura que por el arrendamiento del edificio “la Asamblea Legislativa cancelará una cuota mensual de ¢1.275 millones hasta abril de 2034” (son ¢15.300 millones anuales).
Puede leer la moción rechazada a continuación:
