En la presentación del Informe sobre “Financiamiento de campañas políticas 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana (PAC)”, los diputados exigieron que el partido pague los ¢619.164.341 que debe por acción civil resarcitoria, por haber sido condenado por el delito de estafa en contra del Erario Público por la campaña de 2010; pero también que el TSE abra una investigación sobre la campaña de 2006, pues se trataría de alrededor de ¢400 millones que se habrían cobrado de forma irregular como deuda política.
Esta tarde se aprobó el informe de mayoría emitido por la Comisión Especial -conformada en 2019- que investigó el financiamiento de estas campañas políticas. El informe fue aprobado con 40 votos a favor y 10 en contra, votos correspondientes a toda la fracción legislativa del PAC.
El informe de mayoría fue presentado por el diputado liberacionista Gustavo Viales, quien ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por denuncias sobre la posible penetración del crimen organizado en la zona sur; y los vínculos entre el narcotráfico, un regidor y el alcalde liberacionista del cantón de Corredores, Carlos Viales -quien es padre del legislador-.
Gustavo Viales, quien preside la comisión especial que rindió el informe sobre financiamiento de campañas, explicó que buscaron responder a las preguntas de ¿cuál fue el procedimiento que se usó para gestar la estafa?, ¿cuál fue el principal motivo del partido para usar esta dinámica?, ¿se dio esto en otras campañas políticas?, ¿ha pagado el PAC lo adeudado o ha mostrado algún deseo de enfrentar la condena?, y ¿qué portillos permitieron esto?.
Estafa al erario público
De acuerdo con el informe de mayoría, uno de los hechos probados es que “el mecanismo de liquidación de gastos por medio de contratos por servicios especiales, honorarios profesionales y/o servicios de capacitación que correspondían a labores voluntarias por parte de militantes del Partido Acción Ciudadana y, que la agrupación utilizaba como medio para engrosar sus gastos y obtener por intermedio de ello un beneficio económico con cargo a la contribución estatal, fue originado, como mínimo, en la preparación de la campaña presidencial del año 2006”.
En diciembre de 2016, el Juzgado del Primer Circuito Judicial de San José condenó al extesorero del PAC Maynor Sterling y a Manuel Antonio Bolaños –quien era mensajero y colaboraba organizando piquetes y caravanas- como responsable del delito de estafa mayor contra el erario público. A Sterling se le impuso una pena de seis años y a Bolaños se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por cinco años, por problemas de salud.
Por esto, el PAC fue declarado responsable, y condenado a pagar ¢619.164.341 y a la fecha de hoy, tiene más de 576 días sin pagar la condena, indicó el informe.
De acuerdo con la sentencia de 2016 y el informe de mayoría, el delito de estafa consistió en que el PAC hizo creer al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que el partido incurrió en gastos durante la campaña 2006-2010, pagando a militantes por supuestamente prestar servicios especiales y haciéndoles firmar contratos. Estos contratos fueron usados como mampara para mostrar gastos en servicios que no eran reales porque esos militantes del partido nunca cobraron por esos servicios electorales y proselitistas porque lo hicieron de forma gratuita y voluntariamente. Luego el TSE giró recursos de deuda política al PAC, reconociéndole estos gastos de campaña que no eran reales.
Insisten en que se investigue campaña de 2006
La diputada oficialista Catalina Montero presentó el informe de minoría, que recomendaba archivar la investigación realizada por la comisión. Montero seguró que la Contraloría General de la República revisó exhaustivamente las liquidaciones de las campañas de 2002 y 2006 sin encontrar ninguna irregularidad. Agregó que después de dos años de investigación legislativa, la comisión tampoco pudo acreditar que hubo maniobras ilícitas en 2002 y 2006.
Según la legisladora, los responsables de dicha estafa fueron únicamente las personas condenadas por el Juzgado del Primer Circuito Judicial de San José en el 2016.
El informe de mayoría apunta que los Tribunales de Justicia nunca resolvieron sobre la presunta comisión de delito de estafa en las campañas de 2002 o la de 2006, pues al no haber sido denunciadas, la única sentencia correspondió a la campaña 2010.
El legislador José María Villalta, del Frente Amplio, dijo que parecen existir suficientes indicios como para suponer que esta práctica también se usó en las campañas de 2002 y sobre todo en la de 2006.
“Para la campaña del 2010 mas bien los contratos fueron cambiados en su redacción para evitar que la Caja interpretara que se trataba de relaciones laborales y cobrara las deudas por cuotas obrero patronales como lo hizo con los contratos de 2006. De ahí viene la famosa deuda del PAC con la Caja Costarricense del Seguro Social”, explicó Villalta.
“Esta misma práctica se hizo en el 2006 y a partir de ahí la Caja hizo ese cobro; y por eso modificaron los contratos en 2010”, añadió el diputado.
Villalta insistió en que el TSE debe abrir una investigación sobre la campana de 2006 para que luego se pueda acudir a los tribunales, pues se trataría de una suma aproximada de ¢400 millones. “Esa investigación está pendiente y no necesariamente está prescrita, dependiendo de como se fundamente el caso”, señaló.
