Los diputados evitaron enviar el plan fiscal a sus consultas institucionales antes de votarlo en primer debate, pese al reciente criterio de la Corte Suprema de Justicia en el que indicó que el expediente afectaría la organización del Poder Judicial, por lo que podría generarse un vicio de procedimiento.
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Específicamente, los congresistas rechazaron una moción del diputado frenteamplista José María Villalta, quien indicó que realizar la consulta a las instituciones que obliga la ley —incluida a la Corte— sería esencial para poder atender cualquier solicitud que hicieran los organismos a través de mociones de reiteración o modificaciones del trámite legislativo.
En esa línea, Villalta recordó que si la Corte no aprobara el procedimiento, el artículo 167 de la Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa sólo podría tomar una decisión diferente con el apoyo de dos terceras partes de sus diputados, un número que invalidaría el proceso de vía rápida mediante el que se tramita el proyecto.
También subrayó que su solicitud “más bien podría contribuir a que el proyecto no se descarrile”, en vista de que “el procedimiento que estamos siguiendo habla de hacer una consulta después de que este proyecto esté aprobado en primer debate, pero eso no tendría ni pies ni cabeza, pues la lógica es que el proyecto se consulte cuando todavía hay tiempo para corregir lo que haya que corregir”.
Además, advirtió que “si las consultas no se hacen ahora y después aparecen criterios como el de la Corte Suprema de Justicia (…) habría mucho mayor riesgo de que todo lo que se ha hecho se descarrile y haya que reiniciar el procedimiento”, a pesar de que proceder con las consultas posterior a la votación “se ha vuelto una práctica ordinaria”.
“Aquí no se trata de si nos parece o no nos parece lo que ha dicho la Corte, es que la lógica, el sentido común y la prudencia indican que lo mejor es enviar a consulta en este momento, cuando todavía se podría tomar otro camino para corregir lo que haya que corregir”, puntualizó.
No obstante, desde el oficialismo sostienen que siguen confiados en que el procedimiento seguido ha sido el correcto, pues —desde su punto de vista— este proyecto fiscal no es una reforma directa del Poder Judicial sino una reforma fiscal, un tipo de iniciativa que ya la Sala Constitucional ha admitido como materia de procedimientos abreviados y, por ende, que puede concretarse con la votación de mayorías simples (29 votos).
Al respecto, el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, aseguró que se siente confiado de que el procedimiento que han seguido es el correcto, aunque la decisión final deberá dictarla la Sala Constitucional cuando el proyecto vaya a esa consulta.
“Esa es nuestra convicción. Aquí si uno dice que tiene el 100% de la confianza, ese 100% no existe porque siempre puede ser que haya alguna debilidad, pero sí creemos que se ha cuidado el proceso para que pueda pasar el filtro de consulta por constitucionalidad”, señaló.
Así mismo, afirmó que la decisión de hacer las consultas de forma posterior al primer debate ya estaba “tomada” en la moción de vía rápida mediante la que se tramita el proyecto fiscal, un acuerdo que ahora no debería de modificarse para atender con prontitud el proceso y terminar con la primera de las dos votaciones requeridas a más tardar la próxima semana.
“Esa era la decisión que teníamos. Nosotros estamos totalmente convencidos de la urgente necesidad de que avancemos en el proyecto y luego hagamos las consultas, y analizaremos los informes que vengan de ellos, pero ahora nosotros estamos absolutamente persuadidos de que es necesario avanzar con este proyecto y enviar un mensaje claro de que aquí hay voluntad política para resolver el tema fiscal”.
El mismo Morales, sin embargo, había indicado esta mañana que sí existía preocupación por el “mensaje” del Poder Judicial a través de la Corte, que algunos podrían interpretar como “un cuidado se meten con mis beneficios”.
La moción de Villalta se rechazó con los votos del PAC, la mayoría del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC); así como el independiente Erick Rodríguez Steller, el republicano Otto Roberto Vargas y los restauracionistas Carlos Avendaño, Ivonne Acuña y Jonathan Prendas.
A favor votaron Villalta, el resto de los diputados de Restauración Nacional, la liberacionista Franggi Nicolás y la socialcristiana Shirley Díaz.
