El Gobierno deberá renegociar un contrato por $245 millones con el Banco Internacional de Desarrollo (BID), que respaldó el Ministerio de Trabajo para programas de protección de empleo y los bonos Proteger para trabajadores afectados por la pandemia.
No obstante, tras confusas informaciones del Gobierno, los diputados de la Comisión de Hacendarios determinaron que el proyecto de empréstito no cuenta con claridad suficiente sobre los “gastos elegibles” del dinero del BID.
En la Comisión, rechazaron el empréstito nueve diputados de los diez que participaron en la sesión de este miércoles. El expediente será archivado.
Pese a que no se transparentaron los votos emitidos, las oficialistas Laura Guido y Nielsen Pérez anunciaron su voto en contra de antemano. Pérez recomendó que se revisen los destinos del préstamo en la renegociación que estará a cargo del Gobierno, para aprovechar esos recursos, especialmente en materia de empleo.
La liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión, explicó que pidió clarificaciones desde finales de septiembre sobre la lista de los gastos elegibles y que especificó datos de un “monto no reembolsable dirigido a poblaciones migrantes” para saber cuántas personas se beneficiarán del programa y no recibió respuestas claras.
Su compañera de bancada, Ana Lucía Delgado, explicó que el préstamo debe ser renegociado por el Gobierno porque el artículo 1 del expediente “lo compone en su totalidad del contrato y carecen la totalidad de los 57 diputados y esta Comisión de Hacendarios el derecho de enmienda”.
Según con un comunicado enviado por la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Poder Ejecutivo respalda la renegociación del contrato con el BID.
De acuerdo con declaraciones de la diputada Laura Guido, el Ministerio de Hacienda enviará una nueva propuesta a la Asamblea Legislativa.
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