Un grupo de 41 diputados aprobó esta tarde crear una comisión especial de siete diputados para que “investigue y rinda un informe” sobre las finanzas del Partido Acción Ciudadana (PAC) entre los años 2002 y 2010, “con base en los nuevos hechos y actores” relacionados con la causa penal por la que fue condenada esa agrupación, en diciembre de 2016.
La moción fue apoyada e impulsada por diputados de cinco fracciones y del bloque independiente Nueva República (afín al excandidato Fabricio Alvarado), quienes ya habían abierto un expediente sobre el tema en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público la semana pasada, pero que ahora hicieron lo propio con la creación de este nuevo foro.
De hecho, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público ya se había aprobado llamar a comparecer al fundador del PAC y actual representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Ottón Solís; una audiencia que ahora quedaría en el limbo, entre uno y otro de los miniplenarios que tienen investigaciones abiertas.
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Los diputados acaban de aprobar una moción para investigar al PAC por sus gastos en la campaña de 2010 "con base en los nuevos hechos y los nuevos actores dentro del proceso legal". Solo la rechazaron los diputados de @pacasamblea y la diputada @zoilarosavolio. @SemanarioU pic.twitter.com/lUzOxP42w4
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) June 10, 2019
La creación de esta nueva comitiva se discutía desde la semana pasada en el Congreso; sin embargo, persistían dudas a lo interno de las distintas bancadas que se disiparon hasta este lunes en la mañana. Esto ocurrió después de una reunión extraordinaria entre jefes y subjefes de fracción que ocurrió a eso de las 11:00 a.m., sabiendo que había “opiniones divididas” y que la apertura de investigaciones afectaba “intimamente” a varios partidos y a muchos diputados, según describió el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides.
La votación, quizás por ese mimo motivo, tampoco fue unánime. En contra se dispuso toda la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), que calificó la decisión como un show político de cara a las elecciones municipales de 2020, por tratarse de un tema que incluso ya fue juzgado penalmente. Este último de los puntos, además, fue el argumento que hizo que a los diez oficialistas se les sumara la legisladora del Partido Integración Nacional (PIN), Zoila Rosa Volio Pacheco, quien agregó que se basó en un criterio de “división de poderes”, pues el hecho ya había sido juzgado (y que sigue siendo investigado) por las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y del Poder Judicial.
No obstante, entre ellos sumaron apenas 11 votos contra los restantes 41, una apabullante diferencia que ahora abrirá paso a un foro que tendrá un plazo de seis meses prorrogables, para cumplir su mandato. La comitiva estará compuesta por dos diputados del PLN, uno de cada una de las otras fracciones de más de tres diputados y otro de las fracciones minoritarias.
La hipótesis de los propulsores de esta investigación es que podrían existir más personas implicadas en el caso por el que fue condenado el PAC en 2016, año en el que se achacaron las culpas al extesorero Maynor Sterling y al colaborador del Partido, Manuel Antonio Bolaños. A ellos se les achacó toda la culpa por emplear un sistema de contrataciones especiales a través de las que el PAC habría cobrado deuda política, a través de ligámenes con voluntarios que en realidad habían donado su trabajo y de liquidaciones por trabajos que nunca fueron realizados.
No quisieron ampliar el alcance de la investigación a más partidos
Aprobada la moción, los diputados del PAC pujaron por una reforma al objeto de la investigación; de modo que se entrara a conocer la totalidad de las inconsistencias en el financiamiento de los partidos políticos nacionales y se pudiesen girar propuestas de reformas a corto, largo y mediano plazo. No obstante, estas gestiones fueron rechazadas por el resto de los legisladores, con la excepción de José María Villalta, del Frente Amplio; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); los integracionistas Walter Muñoz y Patricia Villegas; y el independiente Erick Rodríguez Steller.
Para el rechazo existieron varias explicaciones.
Por una parte, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, aseguró la intención del PAC le parecía una reacción inconsistente después de que hubiesen votado en contra la moción en su contra, algo que le hacía dudar de sus verdaderos intereses en el movimiento.
Por otra, el diputado Gustavo Viales, quien además funge como secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), agregó que el punto de la investigación era revisar exclusivamente la condena penal existente contra el PAC, la cual habría dejado por fuera a muchas personas que también estaban implicadas con el tema y cuyas participaciones en la estafa podían revisarse, desde su punto de vista.
Entre esas personas, por ejemplo, han mencionado durante las últimas semanas al excandidato presidencial de 2002, 2006 y 2010, Ottón Solís —quien fundó al PAC en el año 2000, después de salir del PLN, alegando inconformidades —; así como a la expresidenta del partido, Margarita Bolaños, entre otras figuras.
También habló en contra de ampliar el objetivo del foro la fabricista Ivonne Acuña, quien más bien alegó que la diferencia entre el caso del PAC y los muchos otros cuestionamientos existentes contra otros partidos y campañas era que sólo el PAC ya había condenado por sus acciones; algo a lo que agregó su promesa de hablar entonces “cuando ellos lleguen a ser sentenciados” (a modo de reto).
Estas posiciones fueron duramente criticadas por la fracción oficialista, al son de su jefe, el diputado Víctor Morales Mora, quien antes había recordado que solo dos de las últimas seis investigaciones de corte electoral que abrieron en el Congreso habían terminado desarrollando informes y recomendaciones concretas, y que el resto solo habían servido para el escarnio público. También realizó su crítica la diputada Paola Vega, quien además señaló —como lo hizo semanas atrás la comisión política del PAC— que veía un simple juego de cálculo político de cara a las elecciones municipales del próximo año en las intenciones investigativas de sus compañeros.
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Por último, también hizo públicos sus reproches la oficialista que funge como primera secretaria del Congreso, Laura Guido, quien criticó que se estuviera “cuestionando a los jueces de la República y a los mecanismos de control que luego van a revisar los casos que están pendientes”. Además, criticó duramente que no se quisiera abrir el mismo escrutinio para casos como “las estructuras paralelas y las bolsas de dinero (de la campaña de Fabricio Alvarado), el montaje vil de vallas de Dragos Dolanescu (del PRSC), los contratos del PLN para vehículos y también los del PUSC”, entre otros “temas pendientes”.
Según Morales, la intención de ampliar el marco de investigación era “despejar la idea de que lo que se trata aquí es de simple y sencillamente una persecución y una obsesión con el Partido Acción Ciudadana, cuando creemos que las condiciones del país requieren más trabajo conjunto”. Sin embargo, sus peticiones no fueron escuchadas y sus acusaciones se quedaron en solo eso.
