Este viernes, tras la demorada firma presidencial de la norma técnica de aborto terapéutico, el diputado independiente Erick Rodríguez increpó al gobierno de Carlos Alvarado junto con otros tres legisladores. Los cuatro organizaron una rueda de prensa para anunciar acciones, sin fecha ni precisión, contra la nueva disposición de salud en beneficio de las mujeres.
Rodríguez considera que Alvarado “está pensando gratuitamente las relaciones con el Poder Legislativo” porque “hay muchos proyectos que dependen de este parlamento”.
“Lo dije una vez y lo vuelvo a decir: usted señor Presidente, aparte de ser un sepulcro blanqueado, está jugando con fuego. No crea que este parlamento le va a dar un sello libre para todos los proyectos que tiene que pasar. El irrespeto que usted ha tenido para con el Poder Legislativo al firmar esa norma, señor Presidente, tarde o temprano se lo vamos a cobrar. No somos pocos. Somos una gran mayoría. Usted necesita 38 votos para muchas cosas, entre ellos, los eurobonos”, aseguró Rodríguez frente a prensa.
Consultado sobre otros proyectos cruciales en los que los diputados conservadores podrán desmarcarse o obstaculizar para el Ejecutivo, Rodríguez evitó ser más preciso.
“Las decisiones sobre eurobonos las vamos a tomar no solo por esto sino por ver si es conveniente endeudar más el país y para qué quiere la plata el Gobierno. Sobre esos temas, una forma de hacerlo ni siquiera es romper quórum: es muy fácil, puedo estar en contra y votar en contra”, dijo el diputado independiente.
Los otros tres diputados, Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y el independiente Jonathan Prendas llamaron, respectivamente, a la norma: un “adefesio que violenta y desnaturaliza nuestro ordenamiento jurídico”; “el holocausto nazi” y “el decreto más irregular, ilegal y nefasto de la historia de Costa Rica”.
Lea también: ¿Qué es y qué no es la norma técnica sobre aborto terapéutico?
Prendas, además, llamó a la norma técnica una “intromisión de poderes” después de que aseguró que el documento “pasará a la historia” en el siguiente traspaso presidencial (en el 2022).
“Le doy fe y le aseguro que a esa firma le quedan 28 meses y 25 días de vigencia. Le aseguro que, el 8 de mayo del 2022 —si no es que hemos hecho conciencia, hemos hecho la presión suficiente, y hemos demostrado que usted se equivocó, una vez más—, ese día va a pasar a la historia como el decreto más irregular, ilegal y nefasto de la historia de Costa Rica”, aseguró Prendas.
Un abogado de la organización privada Juristas por la Vida aseguró que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Sala IV. A una pregunta de Diario Extra sobre las acciones legales que ejecutarán, la diputada Díaz dijo que la prensa “las irá viendo”.
“No se las voy a decir porque las van a ver. Yo no voy a decirle a usted lo que vamos a hacer. Ustedes lo van a ver. Estén informados de que van a haber medidas”, afirmó Díaz.
La diputada del PUSC también aseguró que la norma técnica “no es necesaria” para aplicar el artículo 121 del Código Penal.
Además de los diputados, en la actividad también se presentaron voceros la Conferencia Episcopal, Juristas por la vida y Médicos por la Vida. Estas mismas personas estuvieron presentes en la convocatoria que hizo la diputada Díaz a una marcha para el pasado 1 de diciembre.
