Al anochecer de este jueves 12 de diciembre de 2019, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, firmaron finalmente la polémica norma técnica para que las mujeres puedan someterse a la interrupción del embarazo en casos en que su vida o su salud estén en peligro, como indica desde 1970 el artículo 121 del Código Penal.
Un año y siete meses después de tomar la Presidencia, Alvarado cumplió finalmente la promesa de normar el procedimiento médico a pesar de la fuerte oposición de grupos católicos y evangélicos, así como sectores políticos afines a estos.
19 días antes de la fecha límite que el mandatario se había autoimpuesto, ante la presión de activistas feministas y organizaciones de derechos humanos, Alvarado asegura estar honrando su palabra al “saldar una deuda histórica con las mujeres de este país”. Lo hace después de que postergó durante meses la firma al considerar que no era el “momento oportuno” y que él sabría cuándo hacerlo.
“A partir de hoy, la CCSS cuenta con seis meses para cumplir lo dispuesto. Esta decisión es para salvar la vida de las mujeres y resguardar su salud”, justificó el Presidente mediante un comunicado de prensa distribuido a las 7:10 p. m., horas después de conocerse el “ok” de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Aunque algún grupo de opositores han criticado este procedimiento médico por considerar que abre la puerta al aborto libre, el Ministro de Salud ha insistido que eso no ocurre “bajo ninguna circunstancia”. “Solo se aplicará cuando no haya otra alternativa y se cuente con el consentimiento de la mujer”, además de la necesaria valoración de tres profesionales en medicina.
Con esta noticia, queda pendiente la implementación de los protocolos para que la interrupción del embarazo con fines terapéuticos pueda realizarse en centros públicos y privados.
También queda a la espera el procedimiento que en adelante seguirán las acusaciones presentadas por dos mujeres contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Aurora” y “Ana” aseguran que se les violó su derecho a la salud porque los médicos las obligaron a llevar a término un embarazo inviable por malformaciones del feto, con graves efectos sobre la salud de ellas.
“Aurora” dijo hoy en el programa Hablando Claro, de Radio Columbia, que ella seguirá con el caso hasta que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en caso de que no se aplique lo dispuesto por el Código Penal mediante esta norma firmada hoy por el mandatario.
