El diputado oficialista Manuel Morales criticó que la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) no se manifieste ante hechos como la quiebra de Aldesa, el robo de miles de millones del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) o la filtración de información sobre la situación financiera y crediticia de las personas; pero sí se opone a que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) entregue al Banco Central de Costa Rica (BCCR) los datos de información crediticia.
Morales hizo estas declaraciones el pasado 7 de noviembre, durante su espacio de control político en el plenario legislativo.
En meses recientes, el BCCR ordenó a la Sugef entregarle datos individualizados sobre operaciones crediticias requeridos por el Banco para construir un indicador sobre el riesgo climático (exceso de lluvias o sequías) al que está expuesta la cartera crediticia del país. Este indicador es una meta pactada dentro del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), autorizado en noviembre de 2022. La Sugef se niega a entregar los datos solicitados.
Morales destacó que “en nuestro país existen intereses que se escudan en la protección de los datos de las personas para incumplir con la debida transparencia y siguen exponiendo al país a incumplir sus metas, con tal de continuar en la comodidad que les brinda estar al margen de la debida rendición de cuentas”.
“Ahora viene la ABC y nos dice que la Sugef puede crear el indicador de riesgo climático para el BCCR sin tener que brindar la información de los deudores al BCCR. Es muy revelador que sea la ABC la que venga a manifestar lo que la Sugef puede y debe hacer”, indicó.
“Nos debe poner a reflexionar sobre por qué ellos creen que nuestra información personal sólo está segura en manos de los banqueros o de la Sugef, cuando hemos visto fallas tremendas que han sido manejadas con sigilo por las personas vinculadas a estas instituciones, como la quiebra de Aldesa o el robo de miles de millones de colones de la bóveda del Banco Nacional. Valga decir que sobre esto no han salido a manifestar nada”, recalcó el legislador.
“Tampoco nadie se alarma cuando en una institución financiera, en la que nadie sabe de nuestra existencia, nos llaman para ofrecer tarjetas o préstamos cuando se supone que mi situación financiera y crediticia sólo la conocen en la institución donde recibo mis servicios financieros o en la Sugef”, denunció.
Hasta junio de 2024
Morales señaló que el jefe de misión del FMI, que recientemente visitó el país, indicó que si no se cumple con el indicador de riesgo de cambio climático, el país podría sufrir ajustes en relación con los préstamos que tiene con el Fondo. Mientras tanto, el país vive una disputa que ha escalado hasta la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional.
El diputado destacó que la creación del indicador de riesgo climático por parte del BCCR es el que le brinda acceso al país a un préstamo de $725 millones y que se podría perder el acceso a dichos ingresos si en la fecha de la revisión prevista no se presenta el indicador.
La tercera y última revisión del SRS será en junio de 2024, fecha en que el BCCR debe entregar el indicador.
“Ojalá dejemos los intereses particulares de lado y evitemos al país llegar a la fecha fatal para entregar este índice sin la tarea hecha. De todas maneras, ninguna de las personas que hoy se oponen a que el BCCR haga su tarea como se pactó a nivel internacional va a reponerle al país ni un dólar de lo que dejemos de recibir como país por el incumplimiento de esta meta”, sentenció.
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La PGR indicó que los datos crediticios no están protegidos “en la excepción contenida en el numeral 18 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, por no poder ser catalogados como datos sensibles”.
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