La gerenta general del Banco Central de Costa Rica, Hazel Valverde, no comprende la reacción de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y de las entidades crediticias agrupadas en la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), ante una solicitud de información crediticia individualizada del banco a la superintendencia pues, desde hace 20 años, la entidad recibe este tipo de datos y “esta reticencia no se había presentado”.
Así lo explicó la jerarca en una entrevista con UNIVERSIDAD en la que narró el proceso que originó la polémica solicitud de información sobre para qué se necesitan los datos y, también, manifestó su sorpresa por la reacción de la Sugef, la ABC y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Además, detalló que el país ya tuvo que decirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que “tenemos un problemita” para alcanzar las metas fijadas que deben cumplirse, a más tardar, en febrero del 2024 y que no pueden alcanzarse sin los mencionados datos.
Cabe recordar que, a finales del año pasado, el BCCR solicitó a la Sugef datos crediticios individualizados para crear estadísticas y alcanzar acuerdos con el Fondo.
La Sugef se negó a entregar la estadística y pidió criterio a la Procuraduría General de la República (PGR), que le dio la razón a la entidad bancaria autónoma, recordando que la Sala Constitucional ha calificado los datos crediticios como “datos personales de interés público”.
A pesar de todo eso, la jerarca de la superintendencia no ha cumplido con la solicitud, por lo que el BCCR la denunció ante la Fiscalía, donde está siendo investigada por incumplimiento de deberes.
A continuación un extracto de la conversación con Valverde.
¿Cómo se originó la solicitud de datos?
—Las consideraciones del impacto en la economía del cambio climático son ya una realidad y el Banco ha estado trabajando en una hoja de ruta sobre el tema, del que también habla el FMI, el Banco Mundial, el Cemla (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos), la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), para ver cuáles van a ser los impactos en las economías de cambio climático. Esa hoja de ruta en algún momento se comparte con el FMI.
El FMI abre la posibilidad de darle un crédito al país de una línea que llaman “resiliencia”, desarrollada para poder mejorar la capacidad de los países para resistir al cambio climático y nos dice “Costa Rica es uno de los candidatos naturales”.
El Gobierno anterior y, luego, el de Chaves muestran interés y, eventualmente, el Fondo dice Costa Rica está adentro, pero tienen que comprometerse a unas condiciones y unas metas que, ahí nos dimos cuenta, se incluyeron dentro del acuerdo original.
Entonces empezamos a trabajar esas metas estructurales porque nos dicen ellos que tienen que estar incorporadas desde ese momento hasta máximo febrero el 2024, que es cuando se termina el acuerdo con el fondo. Ahí nos dimos cuenta de que teníamos un problema con las actividades y ubicaciones, porque cuando empiezan a revisar la información ubicándola geográficamente, se dan cuenta que hay concentraciones en cabeceras de provincia, una hidroeléctrica en Guadalupe y así.
Entonces, ¿se necesitaba la cédula para identificar la ubicación de la actividad económica relacionada al crédito con dónde se desarrolla y no dónde se firmó el préstamo?
— Exacto. Es el único identificador común. Para crear un nuevo identificador, por ejemplo, damos una identificación que es un seudónimo de la cédula, pero eso hay que implementarlo en todo lado e igual se vuelve identificable.
También se podría tener una entidad certificadora centralizada donde llegue todo el paquete de información, la procese y nos entregue los datos necesarios que, además, tendría que verificar que son correctos y bueno, ahí también hay un tema de costos del funcionamiento de esa entidad.
¿Participaron Sugef y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en las conversaciones donde se determinó que esto se necesitaba?
—Sí, claro, fue un trabajo conjunto. Se acordó que se les iba a pedir la información e incluso, una semana antes de tomar la decisión, les mandamos un borrador por si tenían observaciones, pero recibimos un silencio positivo y fue hasta mucho después que se informó que en el futuro se iba a hacer una consulta a la Procuraduría.
Cuando pasó el tiempo y no había respuesta, la ley dice que si se hace una solicitud y no hay respuesta debe denunciarse, entonces yo hice la consulta a jurídica y me indicaron que tenía que denunciar, que si no era yo la que estaba en incumplimiento de deberes, porque aún la consulta a la PGR no detenía el acto administrativo, solo una orden, por ejemplo, de la Sala Constitucional podría suspender el proceso, que eso no pasó.
Luego, nos dicen que necesitan que nosotros cambiemos el acuerdo de junta y que pongamos con detalle, cuál información sensible requerimos, a lo que contestamos que según criterio de la Procuraduría ellos no deben tener información sensible y que, en todo caso, si la tiene, no nos la mande, no la queremos.
¿Cuál es la diferencia entre datos socioeconómicos, que dice la ley que son sensibles, y los crediticios, que la Sala IV dice que no lo son?
—Un perfil socioeconómico se construye con muchas variables, entre ellas el crédito y el ingreso, pero ellas solas no bastan, porque uno puede ganar un millón de colones y vivir con los papás, sin hijos, sin pagar alquiler y le va super bien, o gana lo mismo, pero de usted dependen cuatro personas, paga alquiler y tiene deudas, no es el mismo perfil socioeconómico y, sin esos otros datos, como por ejemplo los de la conformación del hogar, no se puede construir.
Si Sugef y Conassif participaron e, incluso, ustedes entendieron que estaban de acuerdo, ¿les tomó por sorpresa la negativa y que llevaran la reacción en medios?
— El banco ha venido recopilando información individualizada para poder hacer su trabajo desde hace más de 20 años y nos toma por sorpresa que esto sea un problema hoy, cuando no lo ha sido históricamente.
En el Banco Central más bien hay una gobernanza mejorada con respecto a la que se tenía en 1996, pues parte de los requisitos de incorporación a OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) fue mejorar la autonomía del Banco. A partir de eso cambia la forma de nombramiento de la Junta Directiva, que ahora se nombra un puesto cada poco más de un año, por periodos muy largos, y el nombramiento pasa por ratificación de la Asamblea Legislativa; el del presidente ahora es por cinco años, es decir, el próximo presidente de la República no va a poder cambiar al presidente del Banco apenas entre, pues la idea es que haya una diferencia entre el periodo en que arranca el presidente del Banco y el presidente de la República. Es más, el ministro de Hacienda no tiene voto en la Junta Directiva, solo tiene voz y la verdad, ¡no viene nunca!
Si hay duda de que usemos los datos con fines fiscales o de legitimación de capitales, es que no es posible, la ley no nos lo permite.
Nosotros hemos tratado de entender cuál es el origen de la resistencia, pero no hemos logrado dar con él. Si comprendiéramos cuál es la duda podríamos trabajarla, pero no sabemos cuál es.
Estando tan cerca de que se venza el tiempo para cumplir las metas del acuerdo con el FMI y siendo que aún no se ha entregado la información que se necesita, ¿el país ha tenido que pedir prórrogas, dar explicaciones?
— Ya nosotros advertimos al Fondo que “tenemos un problemita” para el 2024, porque si esto no se resuelve de aquí a diciembre, incluso, nosotros no llegamos a tiempo, aún si se resolviera en diciembre es una carrera contra el tiempo porque no es un análisis sencillo, estamos analizando el sistema financiero como un todo, con sus interrelaciones, con sus impactos, hay que hacerle análisis de estrés, de variables, requiere todo un trabajo.
