Un plan del independiente de Nueva República, Ignacio Alpízar, reemplazaría a la Universidad de Costa Rica (UCR) como parte del Consejo de la Auditoría General de Servicios de Salud con la cámara privada Cámara Costarricense de la Salud, conformada formalmente en el 2017.
“Con esta maniobra lo que se busca es la privatización de los servicios de salud. Van a privar los intereses de todas las entidades privadas. Ellos se han ido organizando para tener tanto poder económico como político. Nosotros, la Universidad de Costa Rica, a cada rato nos excluyen de donde podemos hacer críticas y observaciones, en beneficio de toda la salud costarricense con la visión de que sea para todos y no para intereses privados”, dijo en entrevista la Directora de la Escuela de Medicina de la UCR, la doctora Lizbeth Salazar.
La Cámara privada que Alpízar propone contiene, entre otros, el grupo Cuestamoras, miembro de la influyente Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED). De este último, UNIVERSIDAD ha dado cuenta sobre sus nexos con el gobierno de Carlos Alvarado, por medio de cargos en el Poder Ejecutivo y en instituciones públicas.
AED y Horizonte Positivo: los privados repetidos en las historias políticas del año
UNIVERSIDAD investigó redes de empresas y empresarios conectadas al ministro André Garnier y, desde allí, al resto del Poder Ejecutivo e instituciones.
Según un artículo de El Financiero, del 2017, la “creación de la Cámara se da luego de que el Consejo para la Promoción Internacional de la Medicina (Promed) ampliara sus alcances”. El mismo artículo explica que “uno de sus objetivos principales será apoyar en la promoción internacional del sector de turismo médico a nivel nacional”.
Por su parte, la doctora Salazar asegura que, hasta ese mismo 2017, “yo participaba en las reuniones de este Consejo, en donde se evalúa cómo están funcionando los servicios de salud. Cuando hay quejas, observaciones, oportunidades de mejora, eso se lleva a Consejo y se analizan”.
“En esta administración no se ha convocado (al Consejo), o al menos a mí no se me ha convocado. A mí me convocaba la viceministra de Salud, María Esther Anchía Ángulo, quien nos convocaba para valorar varios aspectos”, afirmó Salazar.
El plan del diputado fabricista modifica el Consejo de la Auditoría General de Servicios de Salud para que esté conformado por “el viceministro de Salud; un representante de la Cámara Costarricense de la Salud; dos representantes de los colegios profesionales del área de la salud; el superintendente general de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social; y dos representantes de las juntas de salud”.
La Ley Nº 8239 (Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados) consigna el segundo puesto al “Director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica” y los demás puestos del Consejo se mantienen iguales.
De acuerdo con la justificación del proyecto, este movimiento ocurre porque “dado que existen varias escuelas de medicina a nivel nacional, incluir solamente al de la UCR podría considerarse discriminatorio”.
Este semanario intentó contactar vía teléfono al diputado Ignacio Alpízar. El viernes 21 de mayo, se le enviaron preguntas a su asesora Joselyn Rodríguez sobre si la Cámara de PROMED participó de la construcción del proyecto de ley. El diputado respondió por vía escrita.
“La propuesta no fue consultada con la Cámara de Servicios de Salud. Como usted sabe, todo proyecto cumple con un trámite y dentro de ese procedimiento se realizan las consultas que se consideren necesarias y oportunas. De acuerdo con lo anterior y respondiendo a su consulta, yo como diputado no he consultado el proyecto con ninguna entidad en particular. De manera que, como resultado obvio no consulté a la Cámara Costarricense de Salud para presentar esta iniciativa”.
La Cámara Costarricense de la Salud tiene como miembros “hospitales, clínicas, profesionales, universidades, seguros de vida y salud, cooperativas de salud, farmacéuticas, representantes de la industria médica, laboratorios clínicos y farmacias, centros de investigación, empresas de turismo médico, bienestar y retiro”, de acuerdo con la nota de El Financiero que coincide con su fundación.
Directora de Medicina acusa abandono de Consejo
La doctora Lizbeth Salazar dijo a UNIVERSIDAD que no solamente se dejaron de convocar a reuniones del Consejo de la Auditoría General de Servicios de Salud sino que desconoce quién es el auditor general que debería, por la Ley Nº 8239, ser nombrado por quien ocupa el cargo de Ministro de Salud (desde noviembre del 2018, ese cargo lo ocupa Daniel Salas).
“En este Gobierno, nosotros nunca tuvimos conocimiento de a quién nombró (como auditor)”, afirmó Salazar en entrevista.
La Directora de la Escuela de Medicina envió a este semanario el acta de la reunión del Consejo que ocurrió a finales del 2016.
El viernes 21 de mayo, este semanario pidió a prensa del Ministerio de Salud declaraciones sobre la falta de convocatoria de sesiones. Asimismo se pidieron las actas de las sesiones, en tanto no están en línea. A la publicación de este artículo, la solicitud fue recibida y está en trámite.
La doctora Salazar acusa que colocar a la Cámara de PROMED en el Consejo de auditoría es un paso hacia sistemas de salud en “Suramérica y muchos países latinoamericanos, donde los sistemas de salud públicos están en detrimento. La gente tiene que hipotecar casas para poder ser atendidos con sus problemas de salud”.
“Sacar a la Universidad de Costa Rica permitiría que, en dicho Consejo, empresas privadas tengan un mayor peso de las decisiones tomadas, que es lo que quieren: la privatización del sistema de salud, con fines económicos (…) Que los pongan pero que no quiten a la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué quieren quitarla? Para no tener la crítica desde lo público”, dijo también Salazar.
Diputado dice que reforma es para crear “balance”
El proyecto de ley 22.515 afirma que “podría decirse que prácticamente casi todos los usuarios de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), independientemente de su condición social, ubicación geográfica o edad, han experimentado un deterioro de la calidad de los servicios que prestan las instituciones de salud”. El mismo texto dice que “Con la pandemia covid-19 muchas especialidades médicas y algunos servicios que presta la CCCS han tenido que suspenderse para dar prioridad a la atención de los contagiados por el virus”.
Este semanario preguntó al diputado Ignacio Alpízar sobre por qué presentó el proyecto ahora, que la CCSS enfrenta colapsos de servicios precisamente por la situación sanitaria del COVID-19.
“El proyecto no tiene que ver específicamente con la situación que vivimos actualmente con el COVID. Es un hecho que nuestro sistema de salud ha presentado a lo largo de muchos años deficiencias que afectan a los usuarios de los servicios de salud y este Consejo cumple una función importante para el mejoramiento de dichos servicios”, respondió por escrito Alpízar, por medio de su asesora Joselyn Rodríguez.
Alpízar aseguró que su propuesta de reforma se trata de “promover el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de salud incorporando actores sociales del sector público y privado que tienen relación directa con dichos servicios, para que las recomendaciones que deriven de ese órgano sean más balanceadas y con mayor representación”.
Puede leer la propuesta de ley a continuación:
