Desde el 26 de enero el diputado del Frente Amplio José María Villalta planteó al Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA) una solicitud de información sobre las licitaciones adjudicadas a la empresa Fluvial Construcciones e Inversiones, así como sobre los criterios jurídicos sobre la idoneidad de esa empresa.
Se trata de una de las empresas vinculadas por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al llamado caso Azteca.
Según relató el diputado, la consulta se dio luego de que su despacho recibiera una denuncia anónima que alertaba que el AyA estaba otorgando licitaciones en el Pacífico a “una empresa que tenía unos seis meses de estar inscrita en Colegio de Ingenieros, se trató de contrataciones directas”.
En su respuesta fechada el 5 de febrero, el jerarca Tomás Martínez informó que desde julio de 2020 hasta enero de 2021 se habían firmado con esa compañía doce contratos.
Es notorio que al responder sobre esos criterios jurídicos, Martínez apuntó que “al momento de presentarse en el país las consecuencias productos del Huracán Eta, AyA adoptó las medidas necesarias para restablecer el suministro de agua potable a las poblaciones de la forma más ágil y efectiva”.
Ello incidió en que se consideró que la situación cumplía con los requerimientos establecidos en Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para aplicar un procedimiento de excepción en las contrataciones.
Sin embargo, Martínez en su respuesta a Villalta citó un criterio legal de la propia institución, que apuntó que “pareciera evidenciarse un equívoco en la tramitación de las contrataciones por excepción, (…) en donde se utilizó un criterio legal como análisis de idoneidad del oferente, cuando el sentido de dicho análisis jurídico estaba dirigido a determinar si las afectaciones a los sistemas operativos del AyA, a consecuencia del Huracán Eta, configuraban o no una situación imprevisible”.
Así, el funcionario manifestó al diputado que “consideré necesario instruir a la Auditoría Interna investigar las actuaciones en estas contrataciones”.
Caso “específico y localizado”
Este jueves, mediante un comunicado el AyA detalló que realizó 20 contrataciones “por escasa cuantía” adjudicadas a las dos empresas vinculadas por el Ministerio Público con el caso Azteca. El monto total de esas contrataciones, realizadas entre 2019 y 2020, es de ¢953 millones y solo dos están vigentes.
“El sistema de contrataciones es funcional, pero no es inmune a que, en apariencia y de forma premeditada, las personas generen acuerdos y suministren información sensible, según lo han dado a conocer las autoridades judiciales. Esto es una cuestión de ética, valores y deber de probidad de cada persona”, dijo por esa vía la subgerente de Sistemas Periféricos del AyA, Natalie Montiel.
Por otra parte, Martínez destacó que se trata de un caso “específico y localizado, y que no debe ser generalizado a toda la institución”.
Cabe destacar que la información provista por el Ministerio Público apunta que fueron allanadas sucursales del AyA de Alajuela, Esparza, El Roble, Quepos, San Ramón, Pérez Zeledón, además de las oficinas centrales en Pavas.
Montiel añadió que “estamos colaborando con todo el proceso y los requerimientos de las autoridades judiciales, repudiamos cualquier posible acto de corrupción; pero es importante señalar que nuestra institución cuenta con una gran mayoría funcionarios y funcionarias honradas, que trabajan con mucha mística, para garantizar que la población disponga de agua y saneamiento de calidad”.
El tubo abierto
Al calor del caso Azteca que revolcó a la opinión pública tras los allanamientos y detenciones incluso de personas funcionarias del AyA el pasado martes, Villalta lamentó que “no hicieron nada, porque ahora en noviembre, en medio del escándalo, le dice a la prensa lo mismo, que va a investigar para cerrar los portillos que permitieron esas contrataciones”.
“Es lo mismo que nos dijeron en febrero y la misma problemática”, acotó.
El legislador y candidato presidencial de su partido, añadió que en el AyA “hay un tubo abierto que permite que hagan contrataciones sin el procedimiento debido ni concurso. Se supone que en las contrataciones directas por emergencia tiene que haber un procedimiento mínimo, por lo menos tres empresas deben competir y si se contrata directamente tiene que tener idoneidad y trayectoria, cómo hacerla directa con una empresa que tiene un año de constituida y seis meses de estar inscrita ante el colegio respectivo”.
Para Villalta es “frustrante” ver “esa inoperancia en las instituciones que favorece al crimen organizado”.
Añadió que “a cualquier observador, aunque no sea experto en contratación administrativa, le llama la atención que contraten por licitación y contratación directa a una empresa sin experiencia. Ahí hay algo que huele muy mal”.
Por ello, subrayó que “como mínimo hay una grave negligencia e inoperancia, un descuido de fondos públicos, porque la advertencia estaba. Le tocará al OIJ investigar qué más puede haber, si hay otros motivos”.
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