Los sujetos de apellidos Araya Araya y Corrales Casanova, que figuran en la lista de personas funcionarias públicas detenidas en el caso Azteca, desde 2018 fueron señalados en un informe de auditoría interna de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por aparentes irregularidades en la ejecución de una licitación por ¢178.110.000.
De acuerdo con un borrador del informe de auditoría al que UNIVERSIDAD tuvo acceso, se trató de una contratación para realizar la suspensión, reconexión y verificación de servicios morosos para las oficinas cantonales de Puntarenas y Quepos, mediante la licitación abreviada N° 2012LA-000005-PRI, proceso que fue iniciado a instancias de Araya Araya,
Este Semanario logró conseguir ese borrador tras conocer de la existencia de ese informe en el documento público AU-2018-00265, un memorando dirigido de la Auditoría Interna de la institución al gerente general Manuel Salas.
La contratación fue adjudicada a un empresario de apellidos Vega Calderón, quien no tiene relación con el caso Azteca, y el 11 de junio de 2012 se dio la orden de inicio del contrato.
Irregularidades
El borrador al que UNIVERSIDAD tuvo acceso detalla una gran cantidad de irregularidades, problemas y pagos cuestionados al contratista durante varios años, aunque el plazo de ejecución original estipulado era de 12 meses.
Según el documento, ese mismo mes funcionarios y funcionarias del AyA empezaron a recibir y comprobar quejas de personas abonadas relacionadas a incumplimientos en la ejecución del contrato. Por ejemplo, una abonada presentó el reclamo de que se le cobrara por la desconexión y reconexión del servicio, porque “nunca lo cortaron”.
Otro caso es que Vega Calderón en agosto de 2012 informó haber realizado 157 visitas de campo, pero los documentos que supuestamente comprobaban esas visitas más bien apuntaron a que, para cumplir con esa cantidad, el contratista “realizó visitas a diferentes sitios en una misma hora o en tiempos muy cortos entre una y otra”.
También se comprobó reportes falsos de hidrómetros en mal estado, entre otras cosas.
La participación de Araya Araya estriba entre otras cosas, en haber gestionado pagos de facturas para Vega Calderón sin incluir multas correspondientes, por ejemplo, al hecho de que sus trabajadores no cumplían con llevar uniformes o identificación.
De hecho, el informe cita una factura de junio de 2014 firmada por el propio Araya Araya, en que tampoco se aplicó multas que correspondían al contratista.
Otro caso similar es de julio de ese año, una factura por ¢2.432.410, apunta el documento que “es imprescindible señalar que la factura está firmada” por Araya Araya y Corrales Casanova, “quienes no aparecen autorizados como contraparte institucional en el cartel”.
De nuevo en setiembre de ese año, Corrales Casanova firmó una factura en la que no se aplicó rebajos por multas por incumplimiento del cartel.
Sobre esa factura en particular, se destaca que “no se pudo determinar si el rubro cobrado por visitas fallidas corresponde estrictamente a lo que establece el cartel, ya que por órdenes” de Araya Araya, “se incluyó como visita fallida el repartir “estados de cuenta” a los clientes, lo cual no está contemplado en los términos del cartel, lo que significa que unilateralmente se variaron, incumpliendo la normativa”.
Según el documento, son de hecho varias las facturas firmadas por ese funcionario, en ocasiones junto a Araya Araya, y otro funcionario de apellidos Chavarría Velázquez en que no se aplicaron multas que correspondían por incumplimientos del contrato, hasta junio de 2016.
El mencionado memorando apunta que el informe con todo su respaldo documental es de 2.088 folios y que “es importante tener presente que dicha relación de hechos, es una base de investigación sin perjuicio de la obligación que tiene el órgano competente de profundizar en los asuntos que se consideren necesarios, con el propósito de llegar a la verdad real de los hechos”.
Riesgo de privatización
Ivon Mata, vicepresidenta de la seccional ANEP – AyA, apuntó en primer lugar que ese sindicato ha denunciado “muchas irregularidades” en la institución pero en el caso Azteca “se ve involucrado el tema del narco, es más sorprendente y preocupante para nosotros ver cosas que desangran la institución”.
Recordó que esas irregularidades denunciadas tienen que ver con contrataciones, nombramientos, gastos indebidos y ejecución presupuestaria.
Dijo que casos como el Azteca “por un lado sorprenden, pero por otro sí se han presentado cosas que no se han resuelto y como sindicato hemos tenido que recurrir a otras instancias”, pues “las denuncias quedan en impunidad, es nuestra percepción”.
Por todo ello, aseveró que “realmente nos preocupa, no queremos que llegue a manos privadas”, pues “si el AyA tuviera una quiebra técnica, en la que no tiene cómo endeudarse para hacer nuevas inversiones, correría un alto riesgo de que pase a manos privadas”.
Al respecto recordó que se había solicitado un aumento tarifario pero ante el problema de las altas facturaciones e irregularidades, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no lo aprobó.
“Las irregularidades debilitan a la institución y pueden hacerla caer en una quiebra técnica, justo lo que no queremos”, aseveró.
Dijo que incluso en algún momento el Sindicato ha abogado por que se de una intervención “de los altos mandos” pero “lo que no queremos es que se llegue a debilitar la institución, que lejos de fortalecerla y empujarla a que siga adelante, más bien la debiliten”.
Dijo que los cambios que se han dado se limitan a “un cambio de nombre de Presidencia Ejecutiva”, pero en realidad se trata de “más de lo mismo”.
Así, cuando se le planteó el tema de esta cuestionada licitación de 2012, subrayó que se trata de una contratación no vinculada con el caso Azteca, pero lamentó que se trata de un caso que aparentemente fue cerrado sin que al final se señalaran responsabilidades.
