Costa Rica enfrenta su peor déficit fiscal de los últimos 40 años desde la crisis de los 80 y ya supera los registros que obligaron la última gran reforma tributaria de 1995. El faltante en las finanzas públicas alcanza ya el equivalente al 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) según los datos preliminares del Ministerio de Hacienda hasta diciembre pasado.
Se trata de un desbalance que podría representar serios problemas “a un corto plazo”, o al menos así lo afirmó esta mañana el primer vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, Helio Fallas, como parte de su rendición de las cifras fiscales del año 2017. Tomar medidas rápidas, concretas a corto y largo plazo, indicó, será la clave.
Esta es la primera ocasión en lo que va de la década que el déficit crece por encima del 6% de la producción, a pesar de que la tendencia era creciente desde hace ya varios años con cifras superiores al 4%.
Todo ello marcado por gastos en salarios y transferencias a instituciones que no paran de crecer intensamente desde 2008, tendencias que —en su gran mayoría— sólo podrían revertirse vía legislativa en procesos que podrían tardar años.
Por otra parte, el fenómeno también se ve influenciado por ingresos que crecen más lentamente y no pueden contener la presión de las principales partidas, en las que destaca un sistema tributario que no grava los servicios, pues su impuesto de ventas aún no se convierte en uno de valor agregado.
Esto incluso generó que el impuesto de ventas cayera por debajo del impuesto de la renta a los ingresos y las utilidades, como consecuencia en parte de la apuesta de Hacienda por “recaudar mejor” en los últimos años y parte por la desaceleración del impuesto a las ventas, como país en el que los servicios son ahora el sector del mercado más dinámico.
El acto de presentación de las cifras fue un poco más largo de lo habitual, pues el vicepresidente Fallas incluso dedicó más de 20 minutos para explicar cómo se han desenvuelto los gastos y los ingresos nacionales en los últimos años hasta llegar a este punto.
En términos concretos, se trata de un déficit primario del 3,1% del PIB, al que se suma otro 3,1% en intereses de una deuda que ya roza el 50% del PIB. El Fondo Monetario Internacional (FMI) establece como límite un 60% para los países en desarrollo.
Según Fallas, si bien en su gestión se mejoraron los mecanismos de recaudación y se controlaron los gastos con potestad ejecutiva; esto dejó de ser suficiente desde hace ya un par de años y, sólo entre 2016 y 2017, el déficit primario por creció en 0,7 puntos y los intereses en 0,3 puntos.
Ante este panorama, señaló, una reforma tributaria ya no puede posponerse, en un contexto que según evalúa —casi cuatro años después de iniciada su administración— todavía no parece entender la magnitud del problema que enfrenta.
“Hoy en día, y esto ya es una conjetura mía, la población no percibe el problema fiscal como una prioridad”, apuntó Fallas. “Cuando yo reviso cuáles son las preocupaciones del costarricense, resulta que el problema fiscal no aparece”.
“Entonces, esto lo que me lleva a mí es que al no percibirse este problema fiscal, la ciudadanía no tiende a percibir el problema que eso puede significar en el corto plazo, por eso es que no se le da prioridad”, agregó.
En esta línea, destacó que se está al borde de una crisis hasta ahora invisible, pero que podría estallar si no se toman medidas concretas pues —en términos generales— se está hablando del financiamiento de salarios, pago de la deuda y programas sociales.
“Si aquí se dejaran, y por supuesto que eso no lo vamos a hacer, pero si se dejara de pagar ciertos salarios o, ni Dios lo permita, la deuda, entonces sí lo sentiríamos muy bien”, señaló.
“Es urgente aprobar las leyes de modernización del sistema tributario, de responsabilidad fiscal y de gasto para mejorar las finanzas públicas, ya se tienen los proyectos, sólo falta aprobarlos”, concluyó Fallas.
La reforma
El déficit fiscal, superior a los 6 puntos del PIB, aún está lejos del peor registro de los 80 en la administración Carazo Odio (a 2,9 puntos específicamente). Ese fue momento que precedió a la firma de los programas de ajuste estructural (PAEs), ejecutados entre mediados de los 80 y de los 90.
Este panorama, indicó Fallas, no está lejos de la realidad nacional, pues —aunque sin hacer una alusión directa— indicó que si Costa Rica no aprueba reformas por sí misma, organismos internacionales podrían terminar decidiendo por ella.
No obstante, la atención del déficit continuará siendo una tema para el legislativo y ejecutivo costarricenses, hasta resolverse como en el 95 con la aprobación de una reforma fiscal en la administración Figueres Olsen o sufriendo primero los estragos de no hacerlo.
Eso sí, los entes internacionales aconsejan a Costa Rica una reforma integral que piense a futuro; no como en el 95, cuando la apuesta fue principalmente en el establecimiento de cargas tributarias.
Para atender esto, el vicepresidente Fallas —como lo ha hecho desde hace ya unos tres años— reiteró que será necesario controlar los gastos a través de reformas legales que no comprometan más las arcas del Estado; así como una reforma tributaria que de recursos frescos a tiempo.
Tal y como ha señalado en distintos informes Estado de la Nación, las transferencias del Gobierno Central a sus instituciones y los salarios son parte de las principales partidas del gasto costarricense; sin embargo, para el Gobierno es imposible generar reducciones sin apoyo legislativo a través de reformas legales, punto por el que la vía de los impuestos sigue siendo una fuente que parece indispensable para evitar medidas drásticas como el cierre de programas sociales.
“Ese es el problema, acá hay variantes que se pueden manejar desde el punto de vista de Hacienda, pero hay otras que no se pueden manejar si no hay cambios de leyes; por ejemplo, el caso de los intereses o el tema de las transferencias”, subrayó Fallas.
En esta línea, comentó que es necesario continuar y aprobar reformas, como es el caso de las que incluye el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública, que se encuentra en la corriente legislativa, aunque sigue sin ser convocado en estas sesiones extraordinarias.
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Según dijo en su momento el presidente Luis Guillermo Solís, la idea es no distraer la discusión del proyecto con posibles “costos políticos” de la campaña electoral.
Por el momento, el problema fiscal se evidencia nuevamente en una cifra; aplacada por los convulsos aires electorales en los que el tema casi ni se menciona.
A la cifra se une la pérdida de confianza de las calificadoras internacionales de riesgo que ya se ejemplificó en la última evaluación de Fitch Ratings que pasó de BB A BB-, lo que podría implicar problemas de financiamiento si no se cura esa tendencia.
Ya el actual Gobierno aceptó enfrentar una “crisis de liquidez” para realizar sus pagos en agosto y en diciembre pasados, algo que podría repetirse si se complica la consecución de préstamos por la falta de confianza en el mercado.
