- Estado de la Nación advierte que expansión de la deuda podría poner en riesgo los avances del país en materia de desarrollo humano.
Tras registrar el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años en 2015 (5,9% del PIB), la economía costarricense se desarrolla en un ambiente de incertidumbre según concluye el último Informe del Estado de la Nación.
El Informe es enfático en señalar que el país necesita con urgencia la aprobación de reformas que generen un superávit primario (ingresos menos gastos sin el pago de intereses), de manera que le sea posible gestionar eficientemente su deuda, sin deteriorar el crecimiento económico.
No obstante, también se reconoce que la tarea para nada será sencilla, en medio de un contexto que se caracteriza por gastos primarios que no dejan de crecer (desde 2009) y por una carga tributaria reducida que es la décimo séptima de toda Latinoamérica (sin contar las cargas sociales).
En otras palabras, mientras las remuneraciones y transferencias del Estado se expanden, dado a que representaron un 15,3% del PIB en 2015, distintos sectores económicos siguen creciendo pero pagan pocos o nulos impuestos.
Solo hasta abril de 2016 existían 1.292 beneficiarios de distintos tipos de exoneraciones en Costa Rica, según el Informe.
Para el Estado de la Nación, dichas condiciones desfavorecen el nivel de reacción de la economía costarricense, que debe poner en marcha un ajuste fiscal del 3,8% del PIB para garantizar la sostenibilidad financiera, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Su déficit primario -un 3,1% del PIB en 2015- debe revertirse para que pueda hacerle frente al pago de la deuda, que creció en 14 puntos porcentuales del PIB entre 2010 y 2015.
Al respecto, el informe destacó las intenciones de la actual administración que impulsa un ajuste del 4,1% del PIB, a través de una serie de reformas tributarias que impulsa en la corriente legislativa (2,9%), y de cambios en el sistema de remuneraciones, recortes presupuestarios y disminuciones en la compra de bienes y servicios (1,2%).
Sin embargo, el FMI proyecta que el ajuste podría terminar siendo parcial (del 2,3% del PIB), en vista de que propuestas como el incremento gradual del impuesto al valor agregado (IVA) no hacen eco en la Asamblea Legislativa.
El FMI además excluyó de su proyección iniciativas estatales como el descenso del incumplimiento tributario, el menor crecimiento de las remuneraciones, el congelamiento de plazas, el recorte de los pluses salariales, y la disminución de las compras de bienes y servicios.
Rigidez estatal
Si se analizan las cifras fiscales de la última década, los actuales problemas financieros de Costa Rica iniciaron en 2009, cuando la administración Arias Sánchez impulsó una política de aumento en las remuneraciones y transferencias para contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica.
Desde ese momento, ambas partidas del gasto no han cesado su crecimiento, principalmente por la rigidez de los sistemas estatales para frenar su evolución.
De esta manera, entre 2005 y 2015, el gasto del Gobierno tuvo un crecimiento real del 3,6% anual, mientras que sus ingresos apenas incrementaron en un 0,9%.
Aún así, el Estado de la Nación destacó el aumento del 5,8% en los ingresos fiscales del año anterior, que atribuyó a mejores prácticas de recaudación del impuesto a los ingresos y las utilidades, y a la entrada en vigencia de la retención del 2% en las compras con tarjetas de crédito y débito (como adelanto del impuesto sobre la renta).
La variación positiva incluso se mantuvo en 2016 y, según las cifras fiscales de Hacienda para el mes de setiembre fue del 9,4% en la comparación interanual.
El crecimiento en la recaudación tributaria incluso significó 0,5 puntos porcentuales del PIB en 2015, sin embargo, el informe subrayó que es necesario que se estipulen nuevas reformas legales para que “los incrementos sean sostenidos”.
Compensar la deuda
Según recoge el Estado de la Nación, una de las principales claves para recuperar las finanzas estatales será frenar la expansión de la deuda del Gobierno Central, que ya representa un 42% del PIB.
El FMI establece un límite sostenible para economías emergentes del 50% del PIB en esa materia, cifra que, de rebasarse, incidiría una baja calificación de riesgo-país y un incremento en los costos de financiamiento externo.
Además, según el informe, la expansión de la deuda podría generar una caída en la inversión extranjera directa (IED) y menores flujos de capital, lo que suele repercutir en problemas sociales como aumentos en la tasa de desempleo.
Para el Estado de la Nación, una reforma fiscal es entonces necesaria para compensar las responsabilidades adquiridas por la deuda, que podría alcanzar hasta un 60% del PIB en 2019, según las estimaciones del FMI.
“La inacción en materia fiscal tendría consecuencias en la productividad y el crecimiento económico, y pondría en riesgo la sostenibilidad de los programas sociales (educación, salud, pensiones y pobreza), en detrimento de los avance del país en materia de desarrollo humano”, advierte el Informe.
“Para anular la brecha de sostenibilidad se requiere eliminar el déficit primario y además lograr un superávit que compense la expansión de la deuda, lo cual implica en total un ajuste de 3,8% del PIB. Con ello se alcanzaría un endeudamiento de 46% del PIB en el 2021”, subraya.
De no realizarse un ajuste, el nivel de endeudamiento alcanzaría el 69,1% en 2021, una cifra veinte puntos porcentuales mayor que el límite sostenible.
