Los abogados del presidente Carlos Alvarado en el caso penal por la Unidad de Análisis de Datos (UPAD) acusan a la Fiscalía General de actuar de forma “precipitada”.
“La Fiscalía General de la República se precipitó a formular una acusación penal, cuando aún no se ha abierto y analizado toda la información que fue secuestrada: computadoras, teléfonos y llaves maya”, afirma un comunicado que prensa enviado tras intentar contactar al abogado Róger Guevara.
Fiscalía pide juicio contra el presidente Carlos Alvarado por prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad en caso UPAD
La Fiscalía General solicitó que se levante la inmunidad del presidente de la República para que se lleve a juicio al mandatario por el caso de la ya disuelta unidad presidencial de análisis de datos.
Guevara firma junto con el abogado Rodolfo Brenes un comunicado en el que afirman que la acusación de Fiscalía “no se formuló dentro del expediente que se abrió en el año 2020, número 20-005433-0042-PE, donde se ha venido tramitando la investigación con la participación de la defensa. En lugar de eso, al parecer, en este año se abrió un nuevo expediente, número 22-0000006-033-PE, cuya existencia no conocía la defensa, donde no hemos tenido ninguna participación. Al parecer se abrió solo para formular ahí una acusación penal precipitada, carente de prueba y a espaldas de la defensa”.
Los abogados del Presidente le reclaman a Fiscalía que “solicitó y justificó un allanamiento a la Casa Presidencial ante la Sala Tercera en virtud de la necesidad de contar con prueba que denominó ‘fundamental’ para el caso, sin embargo, ahora acusa sin haberla analizado”.
Fiscalía allana Casa Presidencial, Mideplan y viviendas por caso de unidad de datos que asesoraba a presidente
Presidente Carlos Alvarado es una de las personas investigadas. Se indaga si se cometieron delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato
El comunicado afirma que el caso “debe tratarse con toda la seriedad, lo que implica hacer una investigación exhaustiva y objetiva, y no correr para acusar cuando aún no se han analizado las pruebas recabadas y que la misma fiscalía decía eran esenciales”.
“Los procesos penales son cosa muy seria, y deben tener única y exclusivamente como objetivo investigar hechos y determinar si se cometió o no un delito. La utilización del proceso penal con otros fines no es propia de un Estado democrático de derecho. Como hemos sostenido desde un inicio, en este caso no se ha cometido delito alguno, y estamos seguros de que así lo establecerán los tribunales de la República, en el momento oportuno”, asegura el comunicado de prensa que se envió a UNIVERSIDAD.
Los abogados aseguran que no han sido notificados de la acusación y que tampoco conocen el expediente “en el que supuestamente se emitió la acusación”.
Afirman que conocieron de la acusación de Fiscalía contra Alvarado —donde se acusan los supuestos delitos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), fraude de ley y abuso de autoridad— por medio de la prensa que publicó al respecto. La acusación también señala de los mismos delitos al exministro de la Presidencia y actual diputado oficialista, Víctor Morales Mora.
