La Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial, en Zapote, así como oficinas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación para investigar si se cometieron los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
La pesquisa se relaciona con la creación de la Unidad Presidencial de Datos Personales (UPAD), a la cual por decreto se le había concedido la facultad de acceder a información confidencial, a pesar de que esto está prohibido por ley.
La Fiscalía detalló que en total se realizan 10 allanamientos.
Entre los investigados está el presidente Carlos Alvarado Quesada, así como el ministro de la presidencia, Víctor Morales y el viceministro de Mideplan, Luis Daniel Soto. También los tres funcionarios que conformaron la unidad de datos: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Además de otros funcionarios de Casa Presidencial que habrían participado en la tramitación del decreto: Luis Salazar Muñoz y Felly Salas Hernández.
“De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Villalobos y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal”, informó la Fiscalía.
“Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto. Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto”, añadió el comunicado de la Fiscalía.
La investigación continúa dentro de la causa 20-005433-0042-PE.
El delito de violación de datos personales se castiga con prisión de tres a seis años y lo comete quien “en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos”. Esa pena puede ser agravada en algunos casos.
Hasta ahora, en Presidencia han sostenido que el equipo asesor del mandatario, que funcionaba desde hace más de un año, nunca accedió a información confidencial y que el propósito era usar análisis de datos para políticas públicas.
El abuso de autoridad se da cuando “el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien”. Se pena con prisión de tres meses a dos años.
Mientras que el prevaricato se castiga con prisión de dos a seis años y lo comete el “funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.
La ministra de Comunicación, Nancy Marín, informó que el Gobierno se encuentra de “puertas abiertas” ante los requerimientos que haga la Fiscalía, así como para entregar los equipos de cómputo que usaban los asesores. “Esas computadoras se encuentran resguardadas desde hace varios días esperando la solicitud judicial”, dijo.
También indicó que el presidente Alvarado no se encontraba en Casa Presidencial cuando inició el allanamiento porque se encontraba en algunas reuniones fuera, pero que se haría presente durante la mañana.
