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Presidente se valió de tecnicismos para librarse de la Regla Fiscal y aumentarle el salario a sus ministros

Según una encuesta dada a conocer hoy por el Idespo, un 73,3% de la población se manifiesta en desacuerdo con el aumento salarial a ministros y viceministros.

Frente a la arremetida del Gobierno contra el ajuste salarial aprobado desde 2019 a trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), argumentando que este incremento está limitado por la Regla Fiscal, expertos consultados cuestionan los “tecnicismos” que afirman que el aumento salarial a ministros y viceministros no está violando esa misma norma presupuestaria.

De acuerdo con el título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), la  “Regla Fiscal”, no se pueden aplicar incrementos salariales por costo de vida en el salario base y demás incentivos salariales, cuando la deuda del país es superior en un 60% al Producto Interno Bruto (PIB), como en la actualidad.

El abogado laboral Esteban Calvo explicó que si bien existe una prohibición a hacer aumentos de salario por costo de vida mientras el país esté en condiciones de Regla Fiscal; este Gobierno justificó el aumento en los salarios de los ministros “como un reajuste por disparidades que existían entre los salarios de los ministros y los de otros jerarcas”, y no como un aumento por costo de vida.

Sin embargo, Calvo enfatizó que el ajuste salarial por costo de vida para los trabajadores de la Caja fue aprobado por un decreto ejecutivo del año 2019 que no está derogado, por lo que el ajuste es procedente desde el punto de vista legal.

Criterio de la Procuraduría

El 23 de junio, la diputada liberacionista Paulina Ramírez Portuguez consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la legalidad del aumento salarial efectuado por el Gobierno para los ministros y viceministros vía decreto N° 43585-H-PLAN-MTSS.

En su respuesta del 1 de agosto, la Procuraduría afirmó que la Regla Fiscal “regula la improcedencia de realizar incrementos por costo de vida en el salario base, y en los demás incentivos salariales”; pero no indica “la imposibilidad de otorgar un ajuste al salario base de ministros y viceministros” y que este último se trata de una revaloración.

La Procuraduría también indicó (Oficio PGR-OJ-102-2022) que se concluye que la revaloración hecha a los salarios de los jerarcas se apega a la normativa y que el ajuste técnico de los salarios es una revaloración y no un incremento por costo de vida en el salario base.

En el fondo es un tecnicismo”

“En el fondo es un tecnicismo; pero lo cierto es que no lo justificaron por costo de vida y al no ser un aumento por costo de vida no entra dentro de la prohibición que tiene la Ley 9635 por Regla Fiscal”, dijo Calvo.

No obstante, el abogado explicó que no comparte el criterio de que el ajuste salarial por costo de vida para los trabajadores de la Caja está prohibido por la Regla Fiscal “porque ese aumento proviene de un decreto ejecutivo del año 2019 para aplicarlo en el año 2020 y por razones de la pandemia ese aumento quedó suspendido”.

“De manera que cuando en agosto de este año este Gobierno emite otro decreto levantando el estado de emergencia, los efectos suspensivos de aquel aumento cesaron, y por lo tanto hay que aplicar el decreto y el decreto es un decreto legal, no lo han anulado y para mí el aumento es procedente desde el punto de vista legal”, enfatizó Calvo.

El Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN del 17 de diciembre de 2019 decretó un aumento general para el año 2020 al salario base de todas las categorías del sector público de ¢7.500 e incrementos graduales hasta los ¢8.750 según el monto de salario base, excepto a aquellos funcionarios con salarios mensuales iguales o mayores a ¢4 millones.

“Desde el punto de vista social, me parece que es un aumento más que justo y necesario considerando que el aumento en el costo de la vida, sólo en lo que va de este año la inflación acumula el 11% y la pérdida del valor adquisitivo de los salarios. Ese aumento no compensa ni de lejos la pérdida del valor adquisitivo que han tenido los salarios; pero desde luego es un aumento”, agregó Calvo, quien trabaja para la Asociación Nacional de Empleados Púbicos y Privados (ANEP).

Por su parte, el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, dijo hoy que “la deuda salarial que tiene el Estado con los trabajadores de la Caja está más segura que nunca desde el punto de vista jurídico legal”. Vargas también informó que tienen el compromiso de “altas gerencias de la Caja” que el 7 de octubre se les darían las fechas de pago del ajuste salarial. “El pago debe venir primero incorporado en el salario y luego el retroactivo”, señaló Vargas.

73% de la población en contra de aumento a ministros

Juan Carlos Durán, del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (Sifupcr), dijo que la Presidencia de la República “tiene una manera oscura de sesgar la ley”. “Cuando le conviene aumenta los salarios de ministros y viceministros, interpreta la ley de esa forma; y cuando tiene que interpretarla a favor de la gente que ha estado en la pandemia en la primera línea de atención, interpreta la ley de otra forma”.

“Plantear que el aumento de los ministros es una revaloración de puestos y no un aumento de costo de vida es una interpretación acomodada de la ley; es una irresponsabilidad”, afirmó Durán.

Durán también citó datos oficiales de la CCSS que muestran que los salarios reales de los trabajadores de la Caja en puestos administrativos profesionales y profesionales en ciencias médicas han tenido un decrecimiento de un 37% entre el 2017 y el 2022; mientras que los de trabajadores en puestos no profesionales han disminuido en un 12% en ese mismo periodo.

Según una encuesta dada a conocer hoy por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), un 73,3% de la población se manifiesta en desacuerdo con el aumento salarial a ministros y viceministros y sólo un 21,3% se manifiesta de acuerdo.

Como reportó UNIVERSIDAD, el aumento salarial decretado para los ministros y viceministros absorberá alrededor de ₡1.500 millones del Presupuesto Nacional para el 2023, precisó la diputada presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, a este medio.

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