Con 14 votos a favor y 6 abstenciones, la Corte Plena estableció este lunes que el presupuesto extraordinario de la República, presentado por el Poder Ejecutivo, incide directamente en el funcionamiento del Poder Judicial.
Según el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos Hidalgo, el proyecto incorpora una reducción de presupuesto de ¢5.100 millones, una cifra superior a la que se había acordado por parte del Poder Judicial.
“Ya nosotros habíamos hecho una rebaja en un primer momento por más de ¢1.600 millones. El Consejo Superior había planteado la posibilidad de rebajar una suma de ¢2.500 millones más, y ahora el Ministerio de Hacienda está incorporando también otros ¢2.500 millones que no habían sido previstos o planteados”, explicó.
Campos agregó que no se tiene conocimiento de cuáles fueron los parámetros que siguieron las autoridades del Ejecutivo para llegar a la suma de recorte que están proponiendo.
“Se desconoce el fundamento técnico para esta decisión, es unilateral del Ministerio de Hacienda y tendrá una serie de impactos en el funcionamiento del Poder Judicial e incumple los procedimientos de documentos presupuestarios”, aseguró.
Por su parte, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, aseguró que el Ministerio de Hacienda hizo un análisis incorrecto de la situación para establecer el recorte.
“No considera que nosotros tenemos recursos comprometidos, que ya hay órdenes de compra con terceros, ni que tenemos solicitudes de pedido para atender los compromisos que derivan de procesos de contratación en trámite, por lo que la suma que se nos pide parte de saldos presupuestarios incorrectos”, afirmó.
Romero detalló que la rebaja es por ¢2.584 millones, distribuidas en un 38% al programa administrativo, un 36% al OIJ, un 15% al programa juridccional, y otros rebajos para la Defensa Pública, Fiscalía y Programa de Víctimas, así como ¢227 millones en horas extra.
El pasado 13 de julio, el Ejecutivo presentó el segundo presupuesto extraordinario, con el que pretende contraer el gasto público por ¢457.674 millones.
