El Ministerio de Hacienda presentó esta tarde los dos proyectos que modificarán las finanzas estatales durante próximos meses de la emergencia sanitaria por COVID-19 y que contraerá el gasto público por ¢457.674 millones.
Hacienda presentó un tercer proyecto de presupuesto extraordinario (el segundo fue rechazado por los diputados de la Asamblea Legislativa el pasado 11 de junio). Este presupuesto contempla un recorte a partidas por ¢327.974 millones.
Por otro lado, Hacienda también colocó para su trámite un recorte del 15% en las jornadas de los salarios mensuales que son superiores al millón y medio de colones (brutos).
Esto significa, según dice en el comunicado de prensa que envió el Ejecutivo a medios, que 35.000 funcionarios del sector público recibirán una reducción en sus ingresos.
La medida de recorte a salarios, según el comunicado, se aplicará por “doce meses” a partir de la entrada en vigencia de la ley.
En total, el beneficio de este recorte es de ¢129.700 millones, que irá a caja única y a manos de Hacienda.
Según el proyecto de ley, los funcionarios públicos que serán exceptuados de esta medida son los cuerpos de policía, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud la Comisión Nacional de Emergencias y los centros penitenciarios del país.
“Excepto a aquellos que están al frente de la lucha contra la pandemia”, detalló el ministro de Haciendas, Elián Villegas sobre la excepción, en un video de YouTube.
Así quedaría el presupuesto del 2020
“Este proyecto incorpora ¢75.000 millones para llevar el Bono Proteger a las personas más necesitadas en este momento. También incluye alrededor de ¢45.000 millones para suplir el dinero que la CCSS ha dejado de recibir por la reducción en sus ingresos por efecto de la pandemia y la suma de ¢3.000 millones adicionales para el otorgamiento de nuevas pensiones del Régimen no Contributivo (RNC), apoyos fundamentales para atender a los grupos más vulnerables”, explicó Villegas en un comunicado de prensa.
Previamente, Gobierno había prometido un único giro ¢33.000 millones a CCSS, con tal de cubrir una reducción que se hizo del 75%, por tres meses, al mínimo contributivo.
Las reducciones de los ¢327.000 millones provienen de “viajes al exterior y sus correspondientes viáticos; actividades de Capacitación, recepciones y protocolo, publicidad y propaganda e impresión, encuadernación y otros”.
Hubo una reducción del 75% a los “saldos disponibles de las partidas de Transporte dentro del país y sus correspondientes viáticos, y un 50% de recorte en las partidas de Información, Bienes y Otros Servicios”.
Las instituciones públicas eliminaron el contenido presupuestario de plazas públicas congeladas y vacantes.
El presupuesto incorpora un traslado de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa durante mayo, como una contribución extraordinaria para fortalecer el bono Proteger (la estimación de beneficio es de 200.000 personas).
Asimismo, unos ¢215.087 millones de contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo (también aprobado por la Asamblea Legislativa desde mayo).
Gobierno también recibirá inyección de ₡14.915.7 millones desde la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que corresponde al excedente en pago de combustibles durante los primeros tres meses de la ley que congeló los precios de combustibles en abril.
