La importancia de adoptar legislación que proteja a quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos fue reconocida en la sesión de este lunes de Corte Plena, al analizar un proyecto de ley que busca saldar esa deuda.
La propuesta de “Ley para el reconocimiento y protección de personas defensoras de Derechos Humanos y defensoras del medio ambiente”, correspondiente al expediente legislativo Nº 23.588, en su justificación recuerda casos como los de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera y dispone la creación de una “Defensoría Especial encargada de la protección de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente”, en el seno de la Defensoría de los Habitantes.
La propuesta lleva la firma de varias diputadas y diputados de Liberación Nacional (PLN).
Además, y de incidencia en el Poder Judicial, reforma el Código Penal para crear el delito de “intimidación o represalias contra personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente”, que acarrea una pena de prisión de tres a cinco años a “quien realice actos de intimidación o represalia contra una persona en razón de su condición, actividades o trabajo como persona defensora de derechos humanos y defensora del medio ambiente”.
También señala que el Ministerio Público “deberá consultar todas las investigaciones delictivas relacionadas con violación de derecho de las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente a la Defensoría Especial”, según lo consignó el magistrado Jesús Ramírez, a quien correspondió el informe respectivo.
Ramírez opinó que tal medida puede violentar la independencia del Ministerio Público.
En su informe destacó que es la segunda vez que el proyecto se consulta a Corte Plena y que, al igual que en la primera, su recomendación fue considerar que el proyecto si incidirá en el funcionamiento y organización de Poder Judicial y por tanto su aprobación requerirá de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
La propuesta de Ramírez fue acogida por unanimidad en firme, pero antes intervino la magistrada Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte, quien recordó que recientemente el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) creó una unidad especializada para la investigación de delitos asociados a defensores y defensoras de derechos humanos, “porque el abordaje tiene que ser diferenciado, no puede ser como cualquier otra persona”.
Esa Magistrada informó que en el marco de un proyecto interno del Poder Judicial sobre política ambiental, “uno de los entregables está vinculado con el tema de los defensores de derechos humanos, porque hay lineamientos precisos de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que los diferentes países debemos cubrir ciertos aspectos vinculados con los altos estándares internacionales de derechos humanos en estos temas”.
Así, destacó que el proyecto en cuestión “hace una incorporación de estos lineamientos, porque no tenemos en el país normativa interna que se ocupe de eso y el Acuerdo de Escazú no ha sido ratificado todavía por la Asamblea Legislativa, que es el que contiene todo ese abordaje”.
Vargas consideró que “si se aprueba sería bastante valioso para la institución”, aunque coincidió en que sí incide en el Poder Judicial.
Destacó al respecto el lineamiento que se da a Fiscalía General para que “esté dando reportes en relación con las investigaciones, que es un tema delicado”; pero al mismo tiempo llamo la atención a las recomendaciones que dio al país el Relator de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, “parte de eso es el abocamiento que tiene que hacer el país al tema de defensores de derechos humanos, que en este país en buena hora se reportan muy pocos casos, pero es alarmante en la región cómo se está dando y tenemos que gestionar e riesgo, prepararnos para eso”. <
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