País

Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos

Costa Rica carece de legislación y políticas institucionales que protejan a activistas, con lo cual actos de agresión quedan en la impunidad y no son cuantificados.

El asesinato del dirigente indígena Jehry Rivera –en medio de un proceso de recuperación de tierras– volvió a poner en el radar de la opinión pública y en las mutantes prioridades del Gobierno el tema de la posesión de las tierras en los territorios indígenas, pero sobre todo evidencia la desprotección institucional y legal respecto de las personas defensoras de derechos humanos.

El pasado 24 de febrero Rivera, indígena Bröran del territorio de Térraba, fue ultimado de cinco disparos por la espalda en medio de un enfrentamiento por un terreno recuperado; otra persona, uno de sus agresores, salió herido en sus piernas con un machete. Rivera, en 2013, ya había sufrido fuertes agresiones que fueron denunciadas ante la opinión pública y el asesinato se dio a menos de un mes de que se cumpla un año del asesinato del dirigente bribri Sergio Rojas en su casa, en el territorio de Salitre.

De nada valió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera desde 2015 medidas cautelares que ordenaron al Estado “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena teribe y del pueblo Bribri de Salitre”. Vale aclarar que la etnia telire comprende al pueblo Bröran, en Térraba, y al pueblo naso, en Panamá.

En ese sentido, la dirigente bröran de Térraba Elides Rivera, tía de Jehry, manifestó que el Estado “no ha cumplido” con esas medidas, sino que “lo que han hecho es un trabajo burocrático, que sin duda toma en cuenta varias instituciones, pero no ha sido efectivo en lo que corresponde al cuidado integral de los defensores y defensoras de derechos indígenas”.

Desprotección

La abogada Larissa Arroyo Navarrete, directora de la Asociación Ciudadana Acceder y especialista en Derechos Humanos, apuntó que la CIDH y el sistema de Naciones Unidas han definido dos ramas de personas defensoras de derechos humanos que son más proclives a ser víctimas de violencia: las que defienden territorios y las de medio ambiente, “que incluye, por supuesto, la población indígena y las personas que defendemos los derechos sexuales y reproductivos”.

Denunció que para atender este tipo de casos, el país no cuenta con un protocolo de investigación ni con mecanismos de protección.

Arroyo también observó que Rivera y Rojas debieron haber contado con una “doble protección” por el hecho de ser indígenas y ser defensores de los territorios y de los derechos de sus pueblos.

Llamó entonces la atención a que tras el asesinato de Rivera muchas personas dentro de los territorios manifestaron sentir un gran temor de salir de sus casas, lo cual describió como una suerte de “mensaje aleccionador” que se busca enviar con las agresiones.

Así, puntualizó, el tema no tiene reconocimiento a nivel de derecho penal, lo cual incide en dificultades para presentar denuncias, en particular porque los casos son tratados como si fuesen actos de delincuencia o violencia común.

Así, explicó que la falta de tipificación penal incide en que el Estado no registra ese tipo de denuncias. “No hay un mecanismo de contabilidad, no sólo de asesinatos sino de amenazas, golpes, violaciones y demás; no hay un sistema que permita tener los datos fidedignos que constituyen la herramienta principal para la construcción de políticas públicas para solucionar un problema. Entonces, si no hay datos, no hay política pública y no hay reconocimiento del problema”.

En ese sentido, recordó las situaciones que se dieron en el contexto de la campaña para la segunda ronda de las elecciones presidenciales en 2018, cuando se dio una serie de agresiones a personas de la comunidad LGBTIQ, tras el avance electoral de una opción fundamentalista religiosa. “Muchas personas defensoras de derechos humanos, que no estábamos metidas en política, sufrimos diferentes violencias que no había forma de denunciar”.

Montón de improvisados

Por su parte, el analista político y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED,) Francisco Barahona, recordó en primer lugar la magnitud “enorme” del problema de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en sitios como Colombia, Centroamérica y México, “no sólo los periodistas están muriendo, también personas que incomodan el statu quo y que incomodan a la concentración de la riqueza”.

“Si usted me hubiera llamado hace un año, probablemente le hubiera dicho ‘vea la diferencia con nuestro país es que no ha habido muertos, pues sí hay persecución, pero estamos en un régimen de libertad’, pero con estos dos asesinatos, con el escándalo de la semana anterior en Casa Presidencial (caso UPAD), algo está pasando muy serio”, ponderó.

Desde su perspectiva, Rojas y Rivera eran primero defensores de sus pueblos e, “indirectamente, de derechos humanos”, y también recordó los casos de “defensores ecológicos de la naturaleza”. Mencionó la muerte en un incendio, en 1994, de Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante, integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), como también lo fue David Maradiaga, quien igualmente murió en circunstancias bastante sospechosas poco después. También mencionó el caso de Jairo Mora, en Moín.

“Creo que esto es muy peligroso y, con toda franqueza, le digo: no veo visos de que vayan a proponer absolutamente nada, entre otras cosas porque los encargados de estos temas ahí en Casa Presidencial son un montón de improvisados”, sentenció.

Añadió que en el país, la población –ya sea indígena, personas LGBTIQ, afrodescendientes– “no ha sido educada ni en intolerancia, ni en democracia, ni en derechos humanos, entonces si no saben qué son esas cosas, ¿cómo las van a defender?”. Dijo que esas falencias formativas se dan incluso a nivel universitario.

En su criterio, Costa Rica está ante “un agotamiento de nuestro sistema; en el fondo nuestra institucionalidad está muy chica, no se mueve, entorpece y no se revitaliza en estas materias, y eso es gravísimo”.

Pueblo de paz

Los procesos de recuperación de hecho de las tierras fueron emprendidos por comunidades indígenas y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) desde 2010, ante el hecho de que muchos terrenos dentro de los territorios están en manos de personas que no pertenecen a esas etnias o comunidades y que la institucionalidad costarricense no ha sido efectiva en aportar soluciones (Ver recuadro Lucha por la tierra).

Pocos días después del asesinato de Jehry Rivera, el Gobierno anunció que logró un acuerdo con el Consejo de Mayores de Térraba para suspender temporalmente las recuperaciones de tierra.

Elides Rivera subrayó que “lo que hemos venido planteando desde siempre es que somos un pueblo de paz, defendemos el derecho territorial y el derecho humano de nuestros pueblos, pero basados también en la paz social del país y de todos los compañeros y compañeras y que conlleva a hacer estos actos de ejecución para defender nuestro derecho”.

Por ello accedieron, pero espera que el Estado “cumpla la propuesta que hemos venido planteando desde hace más de diez años”, que es la recuperación de un total de 22 fincas.

Dijo tener esperanza, sin embargo, en que “el Gobierno resuelva esta situación lo más pronto posible”, pues “no queremos hacer las acciones que lleven a violencia ni para un sector ni para el otro” y recordó las obligaciones del Estado, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Ley Indígena.

Por otra parte, Gustavo Oreamuno, de la organización Ditsö, observó que sólo en este 2020 se han dado dos recuperaciones en el territorio cabécar de China Kichá, tres en Nima Diköl o Palmira, en el territorio Bribri de Cabagra, mientras que en Salitre, la última fue en noviembre pasado. En Térraba se dieron en Krün Dbön o Pierda de Tigre y después esa serie de recuperaciones en el centro del territorio fueron interrumpidas por los actos de violencia que culminaron con el asesinato de Jehry Rivera.

El activista denunció que la intención del Gobierno siempre es buscar cómo detener las recuperaciones sin resolver realmente nada de los problemas de tenencia de la tierra, y de seguido criticó la impunidad que rodea estos casos.

“Se va a cumplir un año de lo de Sergio (Rojas), un asesinato del que no hay información y que la Fiscalía ha dicho una y otra vez que no puede dar información para no entorpecer la investigación, pero no hay un solo avance conocido por el público”, lamentó.

Criticó, además, la decisión del Juzgado Penal de Buenos Aires en el caso de Rivera (ver recuadro Impunidad), “una resolución del realmente insostenible desde el punto de vista legal, una persona que fue atacada por una turba de 150 personas, que murió de cinco disparos por la espalda y aún así la jueza determina que fue en defensa propia y deja libre al asesino confeso”. Dijo que ello “realmente indigna mucho y refleja que en el Poder Judicial de Buenos Aires hay conflictos de intereses, demasiada influencia de los terratenientes, de los grupos de poder económico de la zona”.

El asesinato de Jehry Rivera fue notorio a nivel internacional, medios como el diario estadounidense New York Times y el inglés The Guardian informaron al respecto. (Foto: Guardian.com)

Impunidad

Ante consulta de UNIVERSDAD, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó, el jueves 27 de febrero, medidas privativas de libertad “en contra de dos hombres de apellidos Varela Rojas, quienes figuran como sospechosos de cometer el delito de homicidio calificado” contra Jehry Rivera.

La información detalló que en contra de uno de ellos la Fiscalía pidió prisión preventiva, mientras que en contra de su hermano, quien permanecía hospitalizado y fue representado en la audiencia por su defensor, solicitó arresto domiciliario. “No obstante, el Juzgado Penal rechazó el requerimiento y ordenó la libertad de los sospechosos; sin embargo, en contra del primero impuso la medida cautelar de no acercarse a testigos”.

El Ministerio Público apeló, por lo que está a la espera de que se señale la nueva audiencia, en la que reiterará la petición de las medidas solicitadas en la audiencia. Este caso se tramita bajo el expediente 20-000108-0990-PE.

La misma Fiscalía informó sobre el caso del asesinato del líder indígena, Sergio Rojas, que “avanza en la etapa de investigación. De momento, las personas imputadas no han sido individualizadas”.


Lucha por la tierra

Según detalló la dirigente Bröran Elides Rivera, el territorio de Térraba consta de 9.350 hectáreas, de las cuales unas 700, un 7,5%, se encuentran en 22 fincas que aún deben ser recuperadas.

Afirmó que no se trata “solamente de una cuestión de tierra, sino que es una cuestión de tierra, territorio y vida de los seres humanos indígenas que habitamos acá, porque esto es lo que a nosotros no solo nos pertenece, sino que cuidamos para bienestar de nuestras generaciones y para el bienestar también de las generaciones del mundo”.

Dijo que es desde el territorio que “podemos compartir y dar nuestra cosmovisión de pueblo, que es una cosmovisión de respeto, de amor a la vida y de la convivencia humana con la naturaleza”.

Por otra parte, en el caso del territorio Bribri de Salitre, la investigación “El territorio de Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010 – 2017”, elaborado por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), determinó que entre 2010 y 2016 se produjeron un total de 42 acciones directas que lograron recuperar 1.281,44 hectáreas, muy significativo si se toma en cuenta que la extensión total del territorio indígena es de 11.700. Es decir, el proceso de recuperación rescató casi un 11% del territorio.


Las “fuerzas negras”

Gustavo Oreamuno, de la organización Ditsö, comentó que aunque desde hace años personas integrantes de esa iniciativa y de algunos pueblos originarios ya han sido “amenazadas, hostigadas y se habían dado mentiras y calumnias”, en la última semana desde el asesinato de Rivera “ha habido una campaña y malintencionada, desinformativa y de amenazas de muerte”, incluso contra él específicamente.

Dijo que esos ataque han provenido de tres páginas de Facebook, una de ellas de un canal de televisión local. “Nos ha amenazado de muerte, nos ha hostigado, ha compartido información falsa sobre nosotros; se ha hecho apología del delito, se ha incitado a la violencia contra nosotros, los miembros y miembras de Ditsö, y ha llegado hasta nuestros familiares. Estamos trabajando en las medidas legales pertinentes”.

Tras un vistazo rápido a esas páginas se pudo comprobar que al menos en las dos páginas de Facebook se individualiza a Oreamuno, se le identifica con fotos, con el número de placa de un carro, se aduce que tiene apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en algunos casos acompañan su foto con la leyenda (en mayúsculas) “SI LO VE AVISAR FUERZAS NEGRAS LO QUIEREN ENCONTRAR EN TERRITORIO”.


 

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