Las 25 empresas televisoras que tienen una concesión del Estado para usar las frecuencias de televisión únicamente pagan ₡60.000 por semestre por dicho uso, según datos provistos a UNIVERSIDAD por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Este canon ha sido calificado durante años como “ridículo” e “inaceptable” por académicos y activistas por el derecho a la comunicación, quienes abogan porque los canales de televisión paguen un monto calculado con base en sus ganancias.
Las televisoras pagan ₡120.000 al año solo por el canon de uso de la frecuencia —un bien público— que usan para transmitir televisión; pero también deben pagar adicionalmente por lo que se llaman las frecuencias de “enlace”, que usan para interconectar las móviles y subir la señal al satélite, por ejemplo.
“El monto a cobrar por el uso de las frecuencias debería ser un porcentaje de las ganancias de los medios”, Sebastián Fournier.
Televisora de Costa Rica S.A., dueña de Canal 7 (Teletica), pagó ₡360.000 durante 2021 por tres canales, y en total pagó ₡6.626.000 ese año, sumándole todos los enlaces que tiene, según los datos del Micitt.
Mientras que Televisora Sur y Norte S.A., dueña de Canal 11 (Repretel), pagó ₡480.000 durante 2021 por cuatro canales, y en total pagó ₡4.386.666 incluyendo los enlaces.
Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 29 de junio, el Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Carlos Enrique Alvarado, dijo que pronto se empezará el proceso de discusión para renovar los cánones que pagan las televisoras y radioemisoras.
A esto hay que agregar que en 2024 y 2025 se vencen los contratos de las concesiones de radio y televisión vigentes, por lo que le tocará a este Gobierno realizar este proceso de negociación.
Consecuencias de cobrar poco por las frecuencias
Las frecuencias actuales de radiodifusión fueron asignadas por el Estado hace casi 70 años y desde entonces nunca han sido reasignadas por medio de un concurso público. Estas frecuencias son un bien público, propiedad del Estado, que forman parte del espectro radioeléctrico, una porción de la atmósfera —una especie de carretera— por donde viajan las señales de radio, televisión, voz y datos de Internet.
El académico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) Sebastián Fournier afirmó que, en el escenario actual, las frecuencias valen tan poco que incluso hay gente que se guarda frecuencias, refiriéndose a empresas que no encienden los canales que tienen asignados: “Las frecuencias se desperdician y a nadie le importa, ¿por qué? Porque vale tan poco tenerlas que es mejor tenerlas ahí guardadas a garantizar que haya otra competencia más”.
Fournier argumentó que el poco valor que se le da a las frecuencias también facilita que se concentren en pocas manos, “en manos de quienes se las pueden comprar a otros” (Ver “Grupos económicos acumulan frecuencias ante la falta de límites a la concentración de medios”).
“Como no hay ninguna regulación, se compran, se venden, se alquilan y nadie hace nada. Siempre se valida el traspaso, se valida la concentración y no hay un cuidado sobre el uso de las frecuencias. Tampoco hay recursos del Estado para garantizar su correcto uso”, aseveró.
Teletica, Repretel y Enlace, los tres grupos que acumulan frecuencias por falta de límites a la concentración de medios
El informe del Proledi explica que en las leyes vigentes no hay topes a la cantidad de frecuencias del espectro radioeléctrico que puede poseer una empresa o un grupo económico determinado.
Según Fournier, ni la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ni el Micitt ven la radio y la televisión como un tema de “valor público”. “Priva únicamente el criterio de mercado, entonces, las decisiones se toman para favorecer a las empresas que generan plata, pero nunca se toma al usuario como centro de la discusión. Entonces, por supuesto eso siempre deja excluidas a las zonas rurales”, denunció.
Fournier explicó que “Es una discusión que hay que abrir, máxime que en 2024 se vencen todas las concesiones de radio y televisión de este país”.
La comunicadora Andrea Alvarado dijo que los montos que han pagado los concesionarios por el uso del espectro radioeléctrico de radio y televisión se ha mantenido siempre bajo un gran “secretismo” y que inclusive tuvieron que ir en algún momento como RedMICA (Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa) a revisar los expedientes para poder encontrar ahí recibos y saber cuánto pagaban.
“Por supuesto que se debe actualizar el canon y debe ser un proceso transparente”, subrayó Alvarado.
También comentó que el Estado debería controlar que cada concesionario pague por el espectro que utiliza y si no lo va a utilizar todo, debería devolverlo al Estado y no sub-alquilarlo: “Ahí se genera un negocio doble de explotación del espectro y el Estado más bien pierde espacio que podría concesionarle a otras personas”.
El dilema de cuánto cobrar por frecuencia
Existe mucho debate sobre cuánto hay que cobrar por el uso de las frecuencias, tanto de televisión como de radio.
Para Fournier, debería ser un porcentaje del usufructo o de las ganancias de los medios. “Esa es una buena medida que además obliga a transparentar los ingresos porque tienen que transparentar cuánto se gana por el uso de una frecuencia que es un bien público”.
Asimismo, Fournier es del criterio de que deben existir cuatro categorías de medios: comunitarios, comerciales, públicos y religiosos. “A los medios comunitarios se les puede cobrar un canon fijo y, eso sí, ellos deben transparentar sus cuentas y demostrar que están reinvirtiendo las ganancias del medio en el mismo proyecto comunitario y no que se los está embolsando una sola persona”, aclaró.
Andrea Alvarado señaló que en el pasado han propuesto actualizar los cánones y destacado la importancia de que se consideren varias variables para esa actualización, como la cantidad de espectro que utilizan, la cobertura que tengan, la cantidad de audiencia y que se prohíba alquilar o ceder irregularmente espacio del espectro a sub concesionarios.
Alvarado agregó que, por ejemplo, las radios en AM, que tienen poca cobertura o que brindan servicios muy modestos, deberían pagar de acuerdo con esos servicios; mientras que “un canal de televisión que se ve en todo el país, que además cobra cantidades exorbitantes por cualquier servicio que brinda, por supuesto que debería pagarle al Estado por el uso de ese espectro, del cual está enriqueciéndose”.
Cuando en el 2015 la RedMICA y el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación presentaron el proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión, en este texto se proponía un canon fijado por el Poder Ejecutivo vía decreto, con base en un cálculo que realizaría la Sutel, previa audiencia pública.
Para ese cálculo, la Sutel consideraría “las utilidades de las personas concesionarias o el grupo económico que conforman, la cantidad de espectro reservado, las frecuencias y el ancho de banda adjudicados al concesionario, el plazo de la concesión, la densidad poblacional, el índice de desarrollo humano de la población del área de concesión y la potencia de los equipos de transmisión”.
UNIVERSIDAD coordinó una entrevista con el ministro Alvarado sobre este tema para el viernes 15 de julio; pero el despacho del ministro la trasladó de último momento para el miércoles 20 de julio.
También se solicitó al Micitt los montos que pagan los concesionarios de frecuencias de radio; sin embargo, no se pudo contar con la información antes de la fecha de cierre.
