La larga discusión del proyecto de ley contra la usura (20.861) inicia un nuevo capítulo, no menos enrevesado, en la Sala Constitucional.
El 30 de abril, el presidente de este órgano, el magistrado Fernando Castillo, admitió una consulta planteada con las 10 firmas de diputados, necesarias para tal trámite.
No obstante, en el camino a su admisión, la lista de firmantes tuvo varios tropiezos.
Entre ellos, que dos diputados retiraron la firma, que existe jurisprudencia constitucional sobre si es válido que la Sala Constitucional asuma la aprobación de un proyecto que ya tuvo su trámite en congreso y, también, que se excluyeron los criterios técnicos de otras instituciones que participaron en la creación del proyecto de ley.
Para respaldar que el proyecto de usura “viola el principio de razonabilidad técnica, la libertad de contratación, el principio constitucional de proporcionalidad, (…) igualdad ante la ley (…), la seguridad jurídica, la libertad de comercio y la libertad de elección de los consumidores, el principio de tipicidad penal, y el principio de publicidad, y violación al procedimiento parlamentario por no realizarse consulta obligatoria al Poder Judicial”, la consulta tiene anexados los criterios de Banco Central, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Defensoría de los Habitantes.
De acuerdo con el dictamen de la comisión correspondiente, los diputados consultaron criterios técnicos de otras 10 instituciones. La última versión del proyecto de ley recibió el aval del superintendente de la Sugef cuando el proyecto se aprobó para votación.
Ahora, para verificar que esos hechos ocurrieron, el congreso deberá enviar íntegro el expediente 20.861 a la Sala IV. Este trámite sigue pendiente.
En el caso de las firmas, según confirmó la Sala, no hay nada por hacer ahora que la consulta fue admitida. El congreso deberá esperar a que los magistrados estudien el expediente, para lo cual tendrán un mes después de que lo reciban, de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Firmas con historia complicada
La ley requiere que esta “consulta se presente por un número no menor de diez diputados”.
Los independientes Erick Rodríguez Steller e Ivonne Acuña iniciaron la recolección de firmas durante el martes 28, el plenario terminó a la 1 p.m.
Esa mañana, los diputados lograron firmas de cuatro legisladores en una página cuya numeración es distinta al documento que fue enviado a Sala IV. El documento, además, presenta interrupción en dos páginas que sí son consecutivas y tachones con lapicero, los cuales borran un encabezado apenas legible.
“En el plenario, la diputada Ivonne nos presentó el documento en la hoja de firmar directamente, tanto Patricia como yo, y dijo que nos iba a enviar la consulta. Firmamos en la hoja donde se firma, que me imagino yo que es la última hoja. Nos pusieron la hoja donde se firma la consulta y que nos enviarían el texto para revisarlo”, explicó el diputado Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
“Lo que puede haber es un error material porque se hicieron diferentes versiones”, explicó Rodríguez sobre la numeración y el tachón. “Los diputados que firmaron conocieron la consulta y, de antemano, ellos ponen ahí que la firma es irrenunciable”, añadió.
En un mensaje con Acuña, la diputada Patricia Villegas (jefa del PIN) retiró la firma “al no quedar contenta con el fondo de la consulta por ser casi una difamación al proyecto como tal y no propiamente una consulta”, según informó a UNIVERSIDAD.
La noche del miércoles, Villegas volvió a pedirle a Rodríguez que quitara su firma, pero el diputado “nunca contestó”. Dos horas después, Rodríguez entregó el documento en el Poder Judicial, según consta en la Sala IV.
“¡Caramba, me jugaron chueco! Ya hicimos la firma de retiro, pero el señor Steller e Ivonne Acuña, yo a ellos les hablé vía telefónica, de que iba a hacer el retiro de mi firma de la consulta. Ivonne fue una que me dijo ‘Claro, Patricia, no hay problema’”, explicó Villegas a este semanario.
De acuerdo con Villegas, el documento se presentó “contra su voluntad”.
“Ellos presentaron la consulta aún sabiendo que yo iba a quitar la firma, ¿me entiende?”, denunció la diputada.
“Falso. Ella nunca habló conmigo. Me dijo que la llamara y yo la llamé y no me atendió el teléfono”, replicó Rodríguez sobre la afirmación de Villegas.
Rodríguez ajustó las 10 firmas con otros cinco diputados que firmaron la tarde del miércoles, según dijeron Dragos Dolanescu (Partido Republicano Social Cristiano) y Erwen Masís (Partido Unidad Social Cristiana).
“Yo lo firmé y se presentó inmediatamente. Ahorita no me acuerdo (la hora), pero fue en el mismo día. Ni me acuerdo qué día fue que se firmó”, explicó Dolanescu.
El jueves 30 de abril, durante la mañana, Villegas firmó junto a su compañero de bancada, Wálter Muñoz, una comunicación para los magistrados en el que quitaron sus firmas. Eso quiere decir que entre 11:16 a.m. y 2:55 p.m., cuando la Sala incorporó la firma del diputado Óscar Cascante (PUSC) al expediente del trámite, la consulta estuvo en incumplimiento con la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El magistrado Castillo tuvo exactamente 17 minutos para construir el documento de admisión de la consulta. El tema no se vio con el pleno de magistrados ese día.
“Ya por esta duda razonable debió procederse a realizar un rechazo de plano para que se reconstituya, haciendo la salvedad de haber saneado todos esos vicios de legitimidad, antes de siquiera ver el fondo del asunto”, opinó el abogado y economista Luis Carlos Olivares.
“La rapidísima admisibilidad que se le pone por encima al criterio de oportunidad, aún en vista de la incompatibilidad de pretensiones”, afirmó Olivares.
“A grandes rasgos, esa es la perspectiva que noto yo en gran rareza. Son muchas cosas que dejan duda y no es nada halagüeño para un proceso en una corte constitucional prestigiosa”, determinó el especialista.
Por otro lado, la Sala únicamente observa su propio proceso.
“No hay ningún tipo de gestión de los consultantes en el expediente. La Sala le dio curso a la consulta al verificar que se cumplía con la firma de 10 diputados (requisito establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional)”, respondió sobre el tema el periodista de Sala Constitucional, Alonso Mata.
Desde otro argumento, Olivares también tiene dudas sobre si la jurisprudencia indica que “debe evitarse trasladar a la Sala responsabilidades de carácter político, (porque) no es la Sala quien debe aprobar un proyecto de ley ni dar visto bueno de su aprobación”.
Según ese mismo criterio, respaldado por resoluciones anteriores de la Sala, las firmas debieron ser de los diputados que votaron contra el proyecto, o sea, solamente Rodríguez y Acuña (50 diputados votaron a favor).
“Nosotros normalmente hemos firmado diferentes consultas, aún votando a favor o en contra, por asunto de asegurarse de que no tiene un roce constitucional”, explicó Muñoz sobre participar de la consulta y votar a favor del proyecto contra la usura.
El atropellado trámite que avaló Sala Constitucional
Martes 28 de abril
12 m.
Durante el plenario, Ivonne Acuña y Erick Rodríguez recogen firmas para una consulta facultativa. María Inés Solís, Otto Roberto Vargas, Patricia Villegas y Wálter Muñoz firman también en este momento.
Después de la 1 p.m.
Villegas retira su firma con un mensaje de texto dirigido a la diputada Acuña.
Miércoles 29 de abril
Tarde
Documento recibe la firma de Erwen Masís, Pedro Muñoz, Jonathan Prendas, Dragos Dolanescu e Ignacio Alpízar.
6:54 p.m.
Villegas retira a su fracción con un audio de WhatsApp que Rodríguez no contestó.
8:21 p.m.
Sala Constitucional recibe documento con 11 firmas que presentó el diputado Rodríguez.
Jueves 30 de abril
11:02 a.m.
Sala Constitucional recibe retiro de firmas de los dos diputados del PIN (Muñoz y Villegas).
2:16 p.m.
Sala Constitucional recibe la firma de Óscar Cascante, pero el documento aparece sin su nombre completo. La hoja fue presentada por Gerardo Bákit, asesor de la Asamblea Legislativa. El técnico del Poder Judicial anota al pie de la página: “La firma es del diputado Óscar Mauricio Cascante Cascante”.
2:55 p.m.
Firma de Cascante se incorpora al expediente de Sala Constitucional, según comunicado de prensa.
3:12 p.m.
Magistrado presidente de Sala IV, Fernando Castillo, acepta la consulta con los dos adendos presentados a las firmas. La respuesta se emite durante la sesión plenaria de los magistrados que ocurrió de 2 p.m. a 5 p.m.
