En el primer debate del proyecto de usura (expediente 20.861), únicamente dos legisladores mantuvieron férrea oposición contra su aprobación. La diputada Ivonne Acuña y Erick Rodríguez, ambos independientes, votaron en contra su aprobación, mientras que otros 50 diputados respaldaron el proyecto de ley.
De la votación, pese a algunos cambios, los diputados mantienen la fórmula que calcula las tasas. El texto de ley vigente establece un tope del 39% para créditos en general (incluyendo tarjetas de créditos) y 55% para microcréditos (préstamos menores a ¢675.300).
#RegistrodeVotación Primer Debate del expediente 20.861, conocido como Usura pic.twitter.com/adOr8XnE6H
— Laura Guido (@lguido) April 27, 2020
El primer debate fue una prueba de fuego para un proyecto que ha enfrentado trabas en distintas etapas de su trámite. Entre ellas, su discusión dentro de la Comisión de Hacendarios y, más recientemente, la convocatoria dentro de la agenda económica del Covid-19.
Todavía la semana pasada, la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) advirtió a los legisladores que se oponía a su aplicación durante los meses de crisis de la pandemia.
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Por esta razón, la inclusión del proyecto dentro de la agenda del día tomó por sorpresa a los legisladores, incluyendo a quienes propusieron el proyecto desde el 2018: los diputados Welmer Ramos (Partido Acción Ciudadana) y David Gourzong (Partido Liberación Nacional).
Esta mañana, estos dos legisladores abocaron más de una hora a negociar consenso para una moción que allanara el trámite del proyecto de ley. En el último momento, los diputados lograron el retiro de 46 mociones para facilitar la discusión y votación.
Ambos diputados esperan que el proyecto alivie el crédito para los hogares endeudados que necesitan liquidez durante la crisis económica del Covid-19.
“El tiempo es de Dios: yo no esperaba que fuera hoy. Finalmente hicimos un esfuerzo importante y se logró que, al final, se aceptara que se discutiera el proyecto”, explicó Gourzong a UNIVERSIDAD.
“Se hizo un trabajo con una moción que se había presentado para revisar el pago de los costos administrativos cuando hay moratorias. Se llegó a un consenso, fue como una hora y resto. Con esa moción se logró que se retiraran las mociones del diputado Erick Rodríguez, María Inés Solís e Ivonne Acuña”, detalló Gourzong.
Por su parte, el diputado Ramos celebró que ahora el proyecto cuenta con dos medidas en beneficio de los deudores. La primera es la consolidación de una única base de datos con las tasas de interés que brinda cada entidad del sistema financiero (estará hospedado en el Centro de Información Crediticia) y, también, una medida que regula que los acreedores no puedan tocar el salario mínimo cuando la cuenta bancaria se encuentra embargada.
Ese último cambio fue propuesto por el diputado Wagner Jiménez (PLN).
“Hoy muchos prestamistas incurren en dejarles, prácticamente, en cero el salario efectivo de las personas”, detalló Ramos sobre la moción del liberacionista Jiménez.
“Se viene a concretar este proyecto en un tiempo en el que los costarricenses están urgidos de tener una mejora económica”, reiteró el diputado oficialista sobre el espíritu del proyecto.
Ramos, además, espera que las personas que tengan contratos de crédito vigentes tengan “la opción de refinanciar deudas a tasas de interés muchísimo más baratas”.
¿Cuáles cambios se incorporaron en el plan de usura?
Se aprobaron dos mociones para cambiar cómo se lee el proyecto (incluyendo el título oficial del expediente).
Pero, también, los diputados aprobaron ampliar el artículo sobre usura en la Ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
El párrafo nuevo dice que “no se considerarán parte de la tasa de interés: i) los cargos por la realización evidenciable de una gestión de cobro administrativa que no podrá ser en ningún caso superior al monto equivalente al 5% de la parte del abono del principal que se encuentra en mora, no pudiendo superar nunca el monto de $12”. Este cobro de multa aplicará “a partir del quinto día de atraso” y solo podrá aplicarse una vez al mes.
“Si usted hace un abono de 20.000, tendría un cobro máximo del 5% (es decir, unos ¢1.000). Si el monto sobrepasa los $12, hasta los $12 dólares le puedan cobrar. La persona tendría cinco días hábiles para hacer el pago antes de que se lo apliquen. En este momento, se aplica hasta el día siguiente (de la llamada) y cobran $19”, explicó Gourzong.
Ambos diputados esperan que el segundo debate sea respaldado por la mayoría del plenario.
“Ahí vamos a tener el debate de verdad. En cuanto a lo que cada quien exprese (en contra del proyecto), son sus puntos de vista. Pero ya hay suficiente consenso de las partes de que este es el proyecto que debe aprobarse”, afirmó Ramos.
La moción de Wagner Jiménez establece que los acreedores deben revisar la información del Centro de Información Crediticia y que, en caso de embargo, la entidad debe respetar el salario mínimo.
El segundo debate, según dijo el presidente del congreso, Carlos Ricardo Benavides, será este próximo miércoles 29 o el jueves 30, según se convoque la sesión.
Argumentos en contra se mantienen iguales
Los diputados Erick Rodríguez e Ivonne Acuña manifestaron sus argumentos en contra del proyecto de usura: existirá exclusión financiera porque las entidades de crédito no estarán interesados en entregar créditos a sectores de alto riesgo.
Rodríguez opinó que no respalda la regulación de precios financieros porque regular créditos significa que “tendríamos que regular absolutamente todo”.
Acuña argumentó que no es la misma la discusión que tuvo el proyecto en el año anterior que la realidad actual, especialmente, porque no hay consultas obligatorias. La diputada hizo el trámite por su cuenta y recibió tres negativas desde la Sugef, el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) y Banco Central.
“Insisto en la respuesta que se dio a la consulta de Sugef, Banco Central y Conassif. ¿Por qué soy tan insistente? Porque resulta que cuando nosotros tuvimos esta discusión en Comisión, entonces sí era valiosa la opinión de estas entidades”, dijo en plenario, pese a que durante el trámite ordinario ya esas consultas habían tenido su tiempo y espacio.
Acuña adelantó que su voto iba a ser negativo porque piensa que su aprobación debe posponerse hasta después de la crisis sanitaria del Covid-19.