La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa continuará analizando las mociones interpuestas por la fracción del Frente Amplio al proyecto de ley para extender el plazo de circulación de los autobuses de transporte público, el cual enfrenta la oposición de diversos sectores de la sociedad, que aseguran que va en detrimento de las personas usuarias.
El proyecto de “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19” (expediente 22.530), permitiría ampliar “por una única vez y por un plazo de tres años”, la vida útil de los autobuses destinados a transporte público.
El expediente ha enfrentado la férrea oposición de la fracción del Frente Amplio y ha generado críticas de parte de instituciones, de los consumidores y de la ciudadanía en general con respecto a las afectaciones a la seguridad de los pasajeros por el mal estado de las unidades, al medio ambiente y a las personas con discapacidad y adultos mayores.
Asimismo, se critica al Gobierno y a las fracciones que lo apoyan por defender los intereses económicos de un sector empresarial en particular, en detrimento de la mayoría de la población.
El 4 de enero se incendió un autobús en Limón centro, que tenía vigente el permiso del Consejo de Transporte Público (CTP) para funcionar. Este es el segundo bus que se incendia en el país en un mes, pues el pasado 5 de diciembre ardió una unidad en San José.
Por donar a campaña de Chaves “no siento que haya sido favorecido y sí he sido bastante más vigilado, atacado, perjudicado”
Representante de empresas poderosas del sector transporte como Cesmag, defendió iniciativas como la unificación operativa de rutas, la ampliación de la vida útil o antigüedad de los buses o el atraso en el proyecto de sectorización de rutas.
Propuesto por el entonces diputado del PUSC Erwen Masís
El proyecto de ley, propuesto en la legislatura pasada por el entonces diputado socialcristiano Erwen Masís, recién nombrado director de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue convocado a sesiones legislativas extraordinarias por el Poder Ejecutivo.
Lo que hace es reformar el artículo 46 bis de la “Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad” (Ley 7.600).
Actualmente, la Ley 7.600 permite una vida útil de 15 años para los buses; sin embargo, los empresarios autobuseros aseguran que enfrentan dificultades para cambiar las unidades sin aumentar las tarifas considerablemente.
En un principio, el proyecto planteaba permitir la circulación de autobuses con hasta 20 años de fabricación. Tras recibir observaciones y realizar varios debates en torno al tema, el 6 de diciembre la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos aprobó un cambio al proyecto de ley, con votos favorables del Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista. El cambio consiste en agregar un transitorio para dar a la ley un plazo único de tres años de duración.
La iniciativa también deja en manos del CTP la autorización de circulación de los autobuses que superen los 15 años de antigüedad e indica que la empresa que realiza la revisión técnica vehicular deberá certificar cada seis meses que los buses cumplen con las condiciones de circulación.
PUSC, PLN, Nueva República y PLP acuerdan ampliar vida útil de los buses por tres años “una única vez”
Diputadas de los dos partidos defendieron el proyecto afirmando incluso que “no toca temas de discapacidad” aunque el proyecto consta de un artículo único que reforma justamente la ley 7600
Choferes de bus denuncian fallas en frenos de buses en circulación y se oponen a ampliar su vida útil
En Purral varios buses “se han quedado sin frenos”, denunció una chofer el día de hoy en la Asamblea Legislativa. Testimonio se acompañó de videos y fotos de fallas mecánicas en frenos, rampas, pedales y otros
