La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos aprobó hoy, martes 6 de diciembre, un cambio al proyecto de ley 22.530, que permite ampliar “por una única vez y por un plazo de tres años”, la vida útil de los autobuses destinados a transporte público.
Con votos favorables del Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista, los legisladores modificaron así el polémico que pretende “proteger” al sector autobusero nacional de la crisis causada por el Covid-19, que previamente ampliaba el plazo en cinco años más.
Este expediente, cabe recordar, ha enfrentado la férrea oposición de la fracción frenteamplista y ha generado críticas de parte de instituciones en el campo y de la ciudadanía, especialmente de organizaciones y activistas de los derechos humanos de las poblaciones que tienen alguna discapacidad.
Este martes fue el primer día de análisis y debate de mociones de fondo del expediente – que acumula unas 130, casi todas presentadas por los negriamarillos – y la moción para reducir el período de ampliación fue la primera.
En principio, el proyecto planteaba permitir la circulación de autobuses con hasta veinte años de fabricación, sin ningún miramiento. Tras recibir observaciones y realizar varios debates en torno al tema, la comisión legislativa agregó un transitorio para dar a la ley un plazo único de cinco años de duración y ahora, redujo la extensión a tres años.
María Marta Carballo, del PUSC, afirmó al comenzar la discusión que “el objetivo no es tocar los 15 años que actualmente están en la ley”, a pesar de que el proyecto hace solamente eso. La moción, dijo, reduce ese aumento del plazo a tres años, por una única vez y establece que los empresarios que se acojan a estos tres años tengan que ir a revisiones cada cuatro meses.
La legisladora aseguró que el proyecto no sólo beneficia a los autobuseros sino “a los usuarios, que son los que realmente necesitan el transporte público todos los días”.
Por su parte, Sofía Guillén y Ariel Robles, del Frente Amplio manifestaron su oposición al proyecto y a la moción. Guillén recordó que tan sólo ayer, un autobús se quemó en pleno centro de la capital y agregó “¿cómo es que un autobús en tan malas condiciones logra circular al punto de terminar quemándose en media capital? Porque en la práctica en este país no hay suficiente fiscalización del servicio de buses, no podemos omitir este debate cuando discutamos las posibilidades de cambiar la vida útil temporal o permanentemente”.
Robles por su aparte señaló que el autobús que prendió fuego era justamente uno de 15 años de antigüedad y pertenece a una de las empresas que pidió al CTP que se alargaran los tiempos de uso.
Ambos diputados insistieron además de que insistieron en que se debe diferenciar las pequeñas y medianas empresas de las grandes. “Las (empresas) gigantes y grandotas si no han renovado su flota es porque no han querido, porque el negocio es rentable para ellos y ellas desde hace mucho tiempo, nada más que no lo hacen porque es más rentable financiar una campaña electoral y venirse aquí cada vez que se discute un proyecto que alarga la vida un año, dos años, cinco años”, dijo Robles.
Las diputadas Carballo, Carolina Delgado y Vanessa Castro criticaron las posturas de los negriamarillos y les atacaron por “obstruir” el avance del proyecto, que defendieron insistiendo en el beneficio “para los usuarios”.
Incluso, Carballo dijo -aunque el expediente consta de un artículo único que reforma la ley 7600 – que no entiende en qué afecta a las poblaciones con discapacidad. “No entiendo de afecta los derechos humanos el proyecto, trato de entenderlo pero de verdad no entiendo, no entiendo en qué afecta a la Ley 7600 este proyecto, de verdad no lo puedo entender”, indicó.
Votaron en contra de la moción la frenteamplista Guillén, la liberacionista Montserrat Ruiz y el oficialista Waldo Agüero.
