El vicepresidente Stephan Brunner afirmó que existe una causa penal que lo imputa a él, al presidente Rodrigo Chaves, al ministro de relaciones exteriores André Tinoco y a los diputados Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero, por el financiamiento de la campaña de Chaves.
Así, Brunner afirmó se abstuvo de responder preguntas sobre el financiamiento de la campaña política porque “cómo ustedes saben soy imputado en un proceso judicial que investiga los mismos hechos que investiga esta Comisión especial”.
El vicepresidente dio estos detalles en la Comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos de la última contienda electoral. También consignó que el expediente penal que persigue a los altos políticos es el número 22-000-116-1218-PE.
De la Comisión, también participó la diputada Alpízar como presidenta del Partido Progreso Social Democrático. Tanto ella como Brunner rechazaron responder preguntas de los diputados sobre el financiamiento que presuntamente otorgaron personas jurídicas y personas extranjeras a la campaña. Asimismo, se abstuvieron de dar cuentas por el fideicomiso “Costa Rica Próspera”.
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La investigación preliminar del Tribunal deberá determinar si la actividad incurre en faltas sancionadas con multas y si deberá informarse al Ministerio Público para investigar delitos electorales, lo que expondría a las personas involucradas a entre dos y seis años de prisión.
El vicepresidente se abstuvo a dar respuesta sobre las preguntas que hicieron el liberacionista Francisco Nicolás y el frenteamplista Ariel Robles sobre un audio de Brunner que circuló en agosto, con información sobre el manejo del dinero de la campaña y la participación del empresario Calixto Chaves.
Brunner incluso rechazó dar información sobre la fecha en la que grabó dicho audio, que estaba dirigido al actual presidente Chaves.
El diputado Robles también preguntó sobre el financiamiento de De Sheng Lin Hu, una persona que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) identifica como sospechosa por la compra de bonos de personas extranjeras, lo cual está prohibido por el Código Electoral. Robles, y posteriormente la liberacionista Katherine Moreira, pidieron conocer de qué forma se verificó el origen de los fondos y la solvencia de la persona donante.
Brunner también rechazó dar respuesta a estas preguntas.
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El BCR alertó de los movimientos realizados por De Sheng Lin Hu de los cuales la mayor parte del monto ingresó a la cuenta -inactiva desde hace más de un año- por SINPE “indicando como motivo regalo a mi hijo”. Esta actividad aún se encuentra en análisis por parte del Tribunal
