Las cuentas del fideicomiso del candidato presidencial Rodrigo Chaves captó donaciones al margen de los controles del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y pagaron gasolina, giras viáticos, publicidad, alquileres y otros aparentemente relacionados con la campaña electoral, según las transacciones bancarias registradas en las cuentas entregadas por el Banco Nacional al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a las que este semanario tiene acceso.
Estos hallazgos fueron inicialmente expuestos a inicios de marzo por el diario La Nación cuando reportaron que el fideicomiso ‘Costa Rica Próspera’ captó las donaciones de nueve personas y dos sociedades anónimas para pagar gastos de campaña, según los estados financiaros del fideicomiso hasta el 11 de agosto del 2021.
El TSE ordenó al Banco Nacional entregar la información de las cuentas de ATA Trust Company S.A. tras una negativa inicial alegando secreto bancario. Esta empresa administró los fondos del fideicomiso en la que se reflejan aparentes gastos de campaña y captación de donaciones hasta octubre del 2021, cuando Chaves ya había oficializado su candidatura.
El Código Electoral prohíbe la creación de estructuras de financiamiento paralelas en las que se financia actividades políticas del partido sin la supervisión de la estructura partidaria reconocida por el Tribunal y fuera de las cuentas oficiales.
También se prohíbe a los partidos políticos recibir donaciones de sociedades anónimas, como las que registró el fideicomiso.
Este insumo forma parte de la investigación preliminar administrativa del TSE en la que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos deberá determinar si hay suficiente mérito o pruebas para una investigación sancionatoria a los interno del órgano electoral y si deberá ser informado al Ministerio Público para la investigación de delitos electorales.
Entre las personas que podrían ser investigadas por los delitos están la que ocupe la tesorería del partido, las jefaturas del partido, los donantes, las que recaudaron fondos, el contador que certificó los reportes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y otros.
Según el artículo 273 del Código Electoral, las personas que recaudan fondos para un partido político sin autorización del tesorero del partido incurren en delitos de financiamiento partidario y se exponen a entre dos y cuatro años de cárcel. Mientras que en el artículo 274 se determina que las personas físicas que donan por medio de una persona jurídica se exponen a entre dos y cuatro años de prisión.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ya solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones información sobre el presunto financiamiento paralelo de la agrupación política, según confirmó a varios medios de comunicación.
Rodrigo Chaves ha negado, en reiteradas ocasiones, que los fondos que captó el fideicomiso se utilizaran para ‘actividades privadas’ no relacionadas con la campaña y que el fideicomiso fue cancelado previo a la confirmación de su candidatura.