Las autoridades del Banco Nacional afirmaron que el Ministerio Público aún está investigando el supuesto delito de uso irregular de los recursos de la Asociación Solidarista del Banco Nacional (Asebanacio) y que éste es el único “órgano competente” para determinar la posible existencia o no de un delito.
UNIVERSIDAD pidió al Banco su reacción frente al informe de la “Investigación sobre el posible uso irregular y corrupto de recursos públicos, provenientes del traslado de fondos de prestaciones existentes al 2011 del Banco Nacional de Costa Rica a Asebanacio”, presentado el 27 de abril en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
“A la fecha el Ministerio Público se encuentra investigando una denuncia presentada por Asebanacio, siendo este el único órgano competente para determinar sobre la posible existencia de un delito en perjuicio de la mencionada asociación de empleados”, dijo la directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Banco Nacional, María Brenes.
En una respuesta enviada a este medio, Brenes señaló que si bien el Banco conoció de la existencia de un informe, “que será remitido al plenario legislativo para su conocimiento”, “se está a la espera de su aprobación en el plenario y notificación a la institución”.
Informe sobre caso de Asebanacio: Directivos del Banco Nacional sabían de las irregularidades y no hicieron nada
Dos funcionarios que ocupaban altos cargos en el Banco Nacional integraron ilegalmente la junta directiva de Asebanacio, entre 2011 y 2016, denuncia el informe.
El informe fue elaborado por las diputadas Vanessa Castro, de la Unidad Socialcristiana y Sofía Guillén, del Frente Amplio; y el diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional.
El documento concluyó que Asebanacio funcionó como un “banco paralelo” del Banco Nacional y que el otorgamiento de créditos a terceros no asociados, en condiciones irregulares y de altísimo riesgo, le generó pérdidas a la asociación por ¢15.000 millones.
Sin embargo, también señaló que funcionarios que ocupaban altos cargos en el Banco Nacional integraron la junta directiva de Asebanacio, aunque esto implicaba un conflicto de intereses y contravenía el ordenamiento jurídico.
Asimismo, denunció que aunque “las autoridades del Banco Nacional tuvieron conocimiento del nombramiento ilegal de los funcionarios mencionados y de la existencia de un conflicto de intereses derivado de los cargos que ocupaban como funcionarios bancarios, no realizaron ninguna gestión tendiente a establecer responsabilidades para la imposición de sanciones disciplinarias”.
Destaca reforma de 2017
Brenes declaró que los funcionarios citados “fueron nombrados en la Junta Directiva de la asociación, por la Asamblea de Asociados y no por el Banco Nacional”.
También mencionó que el 7 de agosto del 2017, el Conglomerado Financiero Banco Nacional (CFBN) aprobó una modificación al Código de Conducta y Ética para regular los conflictos de interés.
“En este código se indica que los funcionarios y servidores del CFBN que integran la Administración Superior u ocupan cargos dentro del régimen de confianza, no podrán ocupar cargo alguno en las Juntas Directivas, órganos de fiscalización, y comités que tengan las asociaciones y cooperativas integradas por funcionarios y empleados del Conglomerado”.
Resaltó que el código indica que “en las relaciones comerciales con dichas organizaciones, sólo podrá autorizar la prestación de operaciones y servicios bancarios que no representen un conflicto de interés o puedan comprometer la imagen institucional como institución pública y en igualdad de condiciones a las que se tengan establecidas para los clientes del Banco”.
Brenes dijo que “por el carácter privado de la asociación de empleados y por la investigación en curso en manos de la Fiscalía, no podemos referirnos más al respecto”.
Informe concluye que Asebanacio perdió por uso “corrupto” ¢15.000 millones de los trabajadores
La nueva junta directiva de Asebanacio denunció el caso ante el Ministerio Público en diciembre de 2017. Seis años después, esa investigación aún está en “etapa de recolección y análisis de prueba” en la Fiscalía de Fraudes del I Circuito Judicial de San José.
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