Tuberías longevas y con grandes pérdidas, falta de reservorios estacionales y tanques, y problemas de almacenamiento y distribución son muestras de la falta de inversión en infraestructura por parte de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que detonó una crisis de abastecimiento de agua potable en el Gran Área Metropolitana (GAM) en los últimos meses.
El propio presidente ejecutivo de AyA, Juan Manuel Quesada, declaró que tienen que operar el sistema “con una infraestructura abandonada”, porque en la institución no ha habido capacidad de planificar y ejecutar las obras para garantizar el abastecimiento de agua a la gente.
Un estudio realizado por investigadores nacionales e internacionales también expuso que, si bien el país puede ser considerado rico en recursos hídricos, la mayoría de conflictos por el agua se generan por problemas de infraestructura.
Contaminación y faltantes constantes
El 22 de enero pasado inició la contaminación del agua que abastecía a 107.000 usuarios de los cantones de Moravia, Tibás y Guadalupe. Aún no se sabe quién fue el responsable de verter el disolvente xileno en el agua. El foco de contaminación se ubicó en la Quebrada Honda 2 (toma de agua superficial del AyA) en San Jerónimo de Moravia.
El fin de semana del 3 y 4 de febrero comenzó a faltar el agua a los vecinos de los Hatillo, la 15 de setiembre y Sagrada Familia. Los vecinos llegaron a acumular más de 12 horas sin servicio, una situación que se repite todos los veranos desde hace al menos 15 años. Incluso en años anteriores han pasado entre tres y cinco días sin una gota de agua, por lo que han tenido que interponer recursos de amparo.
Hartos de la falta de una solución definitiva, los vecinos se tiraron a la calle a bloquear la Circunvalación, y así realizaron actos de protesta pacífica varios días, hasta que el 18 de marzo la administración Chaves Robles ordenó a la Fuerza Pública arrestarlos y esta detuvo a nueve manifestantes.
Durante marzo y lo que va de abril, diversos sectores del GAM han enfrentado suspensiones constantes del servicio y el AyA informa que son necesarios “para trasiego de caudal a zonas con mayor afectación”.
Alto a las disponibilidades de agua
La solución a la crisis es urgente. En los Hatillos, el Movimiento del Sur por el Agua, conformado por varios comités de vecinos y la Junta de Salud de Hatillo, pidió al presidente Rodrigo Chaves y al jerarca del AyA que valoren declarar Emergencia del Agua en Hatillo y otras comunidades que así lo requieran; que se prioricen las obras financiadas mediante el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y que suspendan todo nuevo otorgamiento de disponibilidad de agua en las áreas directamente abastecidas por los “Tanques Sur” hasta no se resuelva esta crisis, que afecta más a las personas de escasos recursos.
Pero, además, también solicitaron al Ministerio Público una explicación sobre lo que pasó el 18 de marzo y que retiren los cargos de “los vecinos que fueron detenidos en el movimiento pacífico”, dice el documento acompañado por casi 1.000 firmas, enviado el 22 de marzo.
En los Hatillo habitan más de 60.000 personas en 4,2km cuadrados, por lo que es uno de los distritos más densamente poblados. Asimismo, tiene un alto porcentaje de personas en vulnerabilidad, que incluye adultos mayores viviendo solos o cuidadores; así como centros educativos —sólo en Ciudad Satélite hay 17—, según detallan los vecinos en su carta.
Pobre ejecución de recursos
Juan Manuel Quesada, quien asumió como presidente ejecutivo del AyA el 1 de febrero, en medio de la crisis por el agua contaminada con xileno, destacó la gran brecha de inversión que el AyA debió haber hecho desde hace muchos años.
Según Quesada, el AyA es una institución que ha tenido recursos “para hacer las cosas bien”, pero que “no es posible que ejecute el 50% de lo presupuestado”. “Ese fue el indicador en materia de inversiones del año pasado”, resaltó.
Una revisión de las evaluaciones de inversiones del AyA de los últimos siete años realizada por UNIVERSIDAD muestra que la ejecución presupuestaria en inversión en infraestructura de 2017 a 2023 ha sido en promedio de un 48,8% anual (Ver cuadro).
Quesada informó que han establecido un “plan de aceleramiento de inversiones”, que ha permitido incorporar pozos que inyectan más agua a los sistemas. No obstante, aclaró que la brecha existente en infraestructura no permite renovar todo el sistema inmediatamente.
Actualmente, el AyA dispone de $500 millones —en créditos del BCIE por ejecutar y recursos propios—.
Sin embargo, los proyectos que se requieren significarían inversiones por $2.000 millones de recursos que el AyA no tiene, según Quesada.
Uno de ellos es el Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM), conocido como Orosi 2, que abastecerá a alrededor de 600.000 personas en la GAM. Pero Quesada ya dijo que no tienen los recursos para ejecutarlo, ya que se perdieron por la mala gestión de administraciones anteriores.
Conflictos hídricos
Un análisis de los conflictos hídricos que se dieron en el país entre 2005 y 2015 alertó sobre la necesidad de reconocer que la antigüedad de la infraestructura hídrica en todo el país agrava estos conflictos, sobre todo en el Valle Central.
De acuerdo con los datos, de los 719 conflictos hídricos reportados en esos años, la mayoría, 291 (40,5%), tenían que ver con infraestructura.
El artículo fue publicado en la revista Journal of the American Water Resources Association en 2017 y fue realizado por Germain Esquivel-Hernández, Ricardo Sánchez-Murillo, Christian Birkel y Jan Boll.
Allí se explica que actualmente Costa Rica tiene abundantes precipitaciones (un promedio de 3.300 milímetros anuales), por lo que puede considerarse un país rico en recursos hídricos; pero que los impedimentos sociales, económicos, legales y políticos son un reto para el uso eficiente de estos recursos.
“Un problema de infraestructura y no de agua”
Ricardo Sánchez Murillo, quien participó en el estudio, dijo a UNIVERSIDAD que esa cantidad de conflictos, para un país que tiene tanta agua, “es realmente vergonzoso”. Sánchez explicó que el problema de infraestructura hídrica se muestra en tuberías longevas, que tienen grandes pérdidas, y en muchos casos ni siquiera se sabe por dónde van, así como en la ausencia de reservorios estacionales.
Sánchez es hidrólogo-químico, especialista en trazadores ambientales e hidrología y profesor asociado en la Universidad de Texas-Arlington, Estados Unidos, y con su experiencia sostuvo que en el país tenemos un problema de infraestructura y no de agua; no obstante, hizo énfasis en la necesidad de proteger las zonas de recarga del acuífero Barva, uno de los principales acuíferos que abastece de agua potable al Valle Central (Ver “Acuífero que abastece al GAM en riesgo por urbanización descontrolada y contaminación”).
“Tenemos un gran problema de almacenamiento, distribución, pérdida y de reutilización. No es un problema de cantidad de agua”, aseveró.
“Cualquier otro país con mejor tecnología e infraestructura desearía 3.000 mm anuales de lluvia en promedio en todo el país”, señaló Sánchez. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) calcula que en Heredia caen 2.500 mm de lluvia al año en periodo normal y en la zona del Barva entre 4.000 y 5.000 mm. Incluso, algunas nacientes tienen rebalse; es decir, tienen tan buena producción que el agua se rebalsa porque el tanque que construyeron no tiene más capacidad, y esa agua es liberada.
“Costa Rica es un país que ve llover y ve el agua escurrirse por las ciudades, contaminada, y va para el océano y toda esa agua la necesitamos, porque hemos reducido muchísimo la capacidad de recarga del acuífero en el área metropolitana. Lo que se recarga es en la montaña, porque en la parte media y baja todo está impermeabilizado, el agua no puede infiltrarse”, dijo Sánchez.
Acuífero que abastece al GAM está en riesgo por urbanización descontrolada y contaminación
La cobertura boscosa en la superficie del acuífero Barva era de 30% en 1979 y para el 2019 se redujo al 13%, disminuyendo la capacidad de recarga y contaminando con aguas sépticas, denunciaron.
