El proyecto contra la usura (20.861) será visto por el plenario legislativo sin el trámite ordinario, para apresurar su estudio y aprobación. La medida fue votada este lunes en el plenario, con 45 diputados a favor y tres en contra: la socialcristiana María Inés Solís y los independientes Erick Rodríguez e Ivonne Acuña (miembro del bloque Nueva República).
Los tres diputados no forman parte de la Comisión de Hacendarios, la cual dictaminó el proyecto de ley desde febrero con topes a las tasas de un 39% para tarjetas de crédito y créditos en general; y con un 55% para préstamos que sean menores a ¢675.300.
Acuña justificó su voto con declaraciones en el plenario y afirmó que no estaba de acuerdo con la dispensa del trámite porque “esperaría respeto al acuerdo absoluto hecho en esa Comisión”.
“He sido, más bien, una de las que ha participado, no siendo parte de la mesa de Hacendarios en la discusión de este proyecto, en miras de poder buscar, en definitiva, ponerle un tope, de una vez por todas, a las tasas (crediticias) que han venido golpeando a las y los costarricenses”, dijo la diputada miembro de Nueva República.
“Sin embargo, hice envío de unas cartas a las entidades Sugef, Conassif y Banco Central sobre la conveniencia de la discusión de este proyecto, en un momento donde la economía costarricense, sin lugar a duda, no es la misma bajo la cual se dio la primera discusión y primeros acuerdos”, explicó Acuña.
Después de esta votación, el proyecto podrá recibir mociones que serán revisadas por el pleno legislativo.
Bancos acomodan créditos según directriz de Presidencia
Se consultó al equipo económico sobre las situaciones con los bancos que no están adoptando la directriz de readecuación o que están incluyendo cláusulas lesivas en las moratorias que ofrecen los bancos.
“A nosotros nos escriben. A mí, personalmente, me escriben correos, cartas, también mensajes en redes sociales y otros, para informarnos de estas situaciones. Lo que hacemos es referirlas a las entidades financieras correspondientes para poder ser analizadas”, explicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, en entrevista con UNIVERSIDAD.
Las adecuaciones se hacen en el marco de una directriz presidencial emitida para la banca pública y que fue adoptada, por acuerdo, el 20 de marzo pasado. La negociación se realiza individualmente, según el caso del crédito, por lo que las condiciones varían. El Gobierno hace un “seguimiento” de la aplicación de la directriz.
“Cuando tenemos alguna alerta, en relación con la aplicación inadecuada de la normativa de la directriz, conversamos con los gerentes de los bancos y siempre han estado muy abiertos a poder ayudar a las personas”, afirmó Garrido.
“Son mínimos. Normalmente, ellos (los deudores) hacen su gestión con la banca”, afirmó sobre las quejas que han recibido.
Este lunes, antes del plenario, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) anunció en un comunicado de prensa de que alcanzaron la readecuación de “2.180.436 operaciones de crédito de 1.362.772 personas”.
El desglose proporcionado por la ABC son: “1.738.415 operaciones de tarjetas de crédito; 299.471 operaciones de crédito de consumo; 78.428 créditos de vivienda y 64.122 préstamos para compra de vehículo”.
De acuerdo con el último estudio de tarjetas de crédito, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) contabiliza un total de 2.016.895 de plásticos titulares. Es decir, las operaciones de crédito tramitadas por la ABC, hasta ahora, representan un 86,1% de las personas con este tipo de créditos.
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