Los datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) son claros: un 64% de los emisores de tarjetas de crédito que ofrecen bancos y emisores comerciales poseen intereses superiores a la tasa de usura a la que aspira el proyecto de ley tramitado en el Congreso (20.861).
La semana pasada, los diputados de la Comisión encargada de estudiar el plan contra la usura lo aprobaron para su próxima discusión en plenario.
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Con tasas del 55% y 39%, las entidades pueden obtener una ganancia respectiva de más del 1000% y del 787%. Presidente de la Asociación de Consumidores Libres.
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Con una última metodología —en cuatro meses, los diputados consideraron cuatro de ellas—, el proyecto propone, tal y como está, un máximo del 39% para créditos en general (en los que incluyen tarjetas de crédito) y un máximo del 55% para microcréditos (es decir, préstamos menores a ¢675.300).
Con estas posibles restricciones, los datos del MEIC señalan que 14 entidades emisoras, de un total de 31, tendrán que replantear los intereses de 273 tipos de tarjetas de crédito (58,21% de los tipos de plásticos); en otras palabras, más de la mitad del mercado de tarjetas tendrá que redefinir los productos que ofrecen a los consumidores.
Otros productos financieros también deberán modificar sus contratos, pese a que no existe información comparativa sobre las tasas en el resto de créditos que ofrecen bancos y comercios; si bien según normativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), las entidades supervisadas deben “mantener a disposición del público, de manera permanente y actualizada, información de las características y precios de cada uno de los servicios y productos financieros”, normalmente, se incumple.
La Ley, sin embargo, no es retroactiva. Los contratos que estén vigentes cuando los diputados la aprueben seguirán vigentes y legales hasta que tanto el acreedor —quien presta— y el deudor —quien pide prestado— concilien un contrato con nuevas condiciones de préstamo. Un contrato nuevo para una nueva legislación.
Las tasas del 39% y el 55% podrán usarse como referencia en denuncias penales por el delito de la usura que está tipificado en el artículo 243 del Código Penal.
El Código Penal establece “prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa” a quien haga valer un crédito usurario.
¿Qué opciones tienen los deudores?
De acuerdo con los diputados proponentes del proyecto de usura, Welmer Ramos y David Gourzong, los deudores deberán acudir a sus acreedores y firmar contratos nuevos que se adecuen a la Ley.
El diputado Ramos enumera tres opciones: “Una es apersonarse a negociarlos y, entonces, vienen las nuevas condiciones de tasa. La otra es aprovechar las renovaciones automáticas que tienen muchos contratos, principalmente con créditos revolutivos o tarjetas. La tercera es cambiarse de entidad hacia entidades que tienen ofertas más cómodas”, dijo el legislador.
UNIVERSIDAD buscó el criterio del Bac San José (Credomatic), Banco Promérica y Banco Nacional —tres de los emisores de tarjetas más grandes— sobre los futuros cambios en sus productos financieros.
Al cierre de este artículo, Bac no contestó la consulta, Promérica no respondió a mensajes que se dejaron en su central telefónica y buzones electrónicos, y Banco Nacional respondió que el proyecto de ley entró a consulta y “no es posible adelantar criterio al respecto”.
Asimismo, UNIVERSIDAD consultó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para obtener su criterio del proyecto y la encargada de Comunicación aseguró que “ABC no se referirá al tema”.
En caso de que los bancos no accedan a renegociar los contratos de crédito, la tercera opción de Ramos se trata de un refinanciamiento; es decir, los deudores deberán buscar a un nuevo acreedor: una entidad o prestamista que tenga la liquidez suficiente para que compre el saldo de la tarjeta o del crédito.
“Igual que lo hace Costa Rica. El país tiene préstamos con entes financieros y lo que hace es refinanciar, negociar una tasa más baja. Una persona que registra un contrato nuevo, exactamente en el mismo día que salga la Ley, no podría aplicarle una tasa superior a la que está establecida”, explicó el diputado Gourzong.
Para explicar por qué la Ley no compromete los contratos anteriores a su vigencia, Gourzong propone pensar en los servicios financieros como una carretera. Hasta la vigencia de la Ley, todos los vehículos que la circulen tienen luz verde para avanzar a velocidades sin restricciones.
“¿Qué es lo que tiene que hacer cada costarricense? Entender que ya no van a poder circular a esa velocidad pero que pueden ir a negociar para que le reduzcan la velocidad a su vehículo y que circule a la velocidad correcta”, dice el diputado.
De acuerdo con los diputados, el proyecto responsabiliza al Banco Central a mantener pública la referencia de la tasa máxima, junto con sus otros indicadores económicos. El Banco Central deberá también reunir información comparativa sobre las ofertas de crédito —o sea, la información que Sugef pide que las entidades presenten al público, pero que no cumplen.
Una carretera con huecos y vehículos sin frenos
El presidente de la Asociación de Consumidores Libres (ACL), el economista Juan Ricardo Fernández, asegura que “el exceso de regulación hace que el mercado financiero sea poco competitivo”. Las entidades financieras están supervisadas por Sugef y, en el caso de las tarjetas de crédito, MEIC tiene competencia limitada para mediar en violaciones de contratos (en el 2019, tramitaron 57 denuncias).
En tarjetas, las entidades mantienen tasas de interés estandarizadas, entre los diferentes tipos de tarjetas; esto quiere decir que, salvo los beneficios adicionales con los que algunos plásticos funcionan —regalías o descuentos asociados a las tiendas que prestan su marca para acuñar la tarjeta—, en realidad no hay competencia entre las tasas de interés que sus productos ofrecen.
En el caso de Bac Credomatic y Promérica —las dos entidades que concentran juntas el 38,17% de los productos de tarjetas de crédito—, poseen, respectivamente, dos y una tasas de interés.
De las 93 tarjetas de Credomatic, 61 tienen un interés del 44,4% para compras en colones y 30% para compras en dólares; otras 21 tienen un 46,08% para colones y 33% para dólares (las 11 restantes están por debajo del 39%).
Promérica ofrece 86 tarjetas de crédito y absolutamente todas ofrecen tasas del 47,75% en colones y 33% para compras en dólares.
En el caso del Banco Nacional, las 39 tarjetas tienen un promedio general del 30,9% para colones (es decir, la tarjeta más baja cobra el 15% y la más cara el 33,75%; pero existen 26 colocadas con 32,10% que estandarizan la oferta).
Las tasas son solo uno de los tantos baches que tiene la carretera del crédito.
“La usura no es sola la tasa, es la forma en que se aprovechan los bancos del consumidor y las prácticas abusivas. La forma en que calculan los pagos mínimos es poco transparente”, asegura el presidente de la Asociación de Consumidores Libres (ACL), el economista Juan Ricardo Fernández.
Fernández sostiene que el proyecto de Ley “legaliza la usura y le hace el favorcito a los bancos”.
Sin otras propuestas legislativas en trámite, la única posibilidad de regular es que el proyecto que salga de la Asamblea Legislativa establezca un límite para la usura: el límite que definan los diputados.
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Nota de edición: este artículo se corrigió el 10 de marzo para clarificar que son el 64% de los emisores de tarjetas quienes tendrán que modificar sus tasas de interés; no el 64% de las tarjetas.
