Un total de 15 diputaciones firmaron una consulta de constitucionalidad al proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336), tras su primer debate este jueves. El proyecto fue aprobado por una mayoría de 33 votos y rechazado por 15 legisladores del Partido Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Integración Nacional, Restauración Nacional y Frente Amplio.
La consulta de constitucionalidad fue enviada a medios por el despacho del diputado frentamplista, José María Villalta.
Según los registros de firmas enviados por el asesor Julián Godoy, entre los legisladores que respaldan la consulta hay cuatro de ellos que dieron su voto afirmativo por el proyecto respaldado por el Gobierno: Luis Ramón Carranza y Mario Castillo (Partido Acción Ciudadana); la liberacionista Karine Niño y la independiente Zoila Volio.
La independiente Ivonne Acuña, quien se ausentó del debate de este jueves, también firma el documento que se presentó justo después de cerrar la sesión plenaria.
El pasado 9 de abril, en medio de la controversia por la aplicación de la llamada cláusula de objeción de conciencia, la fracción del PAC afirmó a UNIVERSIDAD que dispondría de todos sus legisladores para acuerpar una consulta facultativa ante la Sala IV.
“Toda la fracción va a firmar una consulta con diversos temas. Aún no hay ninguna consulta hecha, nuestro interés es ser firmantes de una amplia, incluyendo objeción de conciencia”, dijo entonces el exjefe del PAC, Enrique Sánchez. Ese mismo día trascendió que el artículo que permitiría a funcionarios acogerse a la objeción de conciencia para sus capacitaciones y procesos de formación fue negociada por el Gobierno, con apoyo del presidente Carlos Alvarado.
Jefe del PAC compromete 10 firmas de fracción para consultar objeción de conciencia a Sala Constitucional
Diputada Laura Guido responde a UNIVERSIDAD tras defender la cláusula en plenario: “La consulta que suscribiré deberá incluir la objeción de conciencia”
No obstante, en el documento con sello del Poder Judicial, no aparece la firma de Sánchez. Tampoco aparecen las firmas de Carolina Hidaldo (precandidata presidencial), Laura Guido (actual jefa de la bancada del PAC), Nielsen Pérez, Catalina Montero, ni Víctor Morales (quien presidió la Comisión que dictaminó el proyecto de ley).
Además de Carranza y Castillo, la consulta constitucional cuenta con las firmas de Paola Vega y Welmer Ramos, los únicos oficialistas que votaron en contra del proyecto que construyó el Poder Ejecutivo y que fue urgido por el presidente Carlos Alvarado.
Agradezco a la @asambleacr por aprobar en primer debate el proyecto de Ley de Empleo Público. Un gran paso para poner orden en los salarios del sector público, sin despedir ni bajarle el salario a nadie, bajo los principios de justicia, igualdad y eficiencia. Seguimos avanzando🇨🇷
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) June 17, 2021
Temas que se consultaron a la Sala IV
De acuerdo con el Frente Amplio, el documento contiene consultas a los magistrados de la Sala Constitucional sobre la “Inconstitucionalidad del inciso G) del Artículo 23 del proyecto (objeción de conciencia) por violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad”.
“La cláusula de objeción de conciencia además violenta tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros”, asegura el comunicado de prensa del diputado José María Villalta.
En una sesión de la Corte Plena, una magistrada presentó preocupaciones sobre la exposición del país a futuras demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos únicamente por la inclusión de un artículo que permite que funcionarios se abstengan de capacitaciones para sus cargos, si consideran que se violenta su ética o moral.
Se consultó también sobre la “Violación a la independencia del Poder Judicial”; la “Violación a los Artículos 9 y 99 constitucionales por inclusión del Tribunal Supremo de Elecciones”; la “Violación a la autonomía universitaria en los Artículos 84, 85 y 87 de la Constitución”; la “Violación a la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social consagrada en los Artículos 11, 33, 73 y 188 de la Constitución” y la “Violación a la autonomía municipal establecida en los Artículos 168 y 170 de la Constitución”.
También se consultó por la “Inconstitucionalidad del Artículo 43 y Transitorio XV del texto por violación de los Artículos 62 constitucional y Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros tratados”. Estos artículos prohíben la negociación colectiva de temas salariales.
Por último, el despacho de Villalta que se consultó por la “Inconstitucionalidad del Transitorio XI (referente a la aplicación desigual del salario global) por violación a los Artículos 33, 56, 57, y 68 de la Constitución, así como disintos tratados de derechos humanos”. La redacción de la migración del salario global mantendrá con el salario congelado a los trabajadores que devenguen ingresos menores al futuro salario global, un referente que aún es una incógnita en el proyecto de ley.
La lista completa de diputados firmantes de la consulta constitucional es la siguiente, en orden de aparición:
José María Villalta (Frente Amplio)
Paola Vega (PAC)
Patricia Villegas (PIN)
Wálter Muñoz (PIN)
Welmer Ramos (PAC)
Luis Ramón Carranza (PAC)
Mario Castillo (PAC)
Aracelly Salas (PUSC)
Franggi Nicolás (PLN)
Shirley Díaz (PUSC)
Karine Niño (independiente)
Zoila Volio (independiente)
Ivonne Acuña (independiente)
Floria Segreda (Restauración Nacional)
Daniel Ulate (PLN)
